La Junta estima que hay 4.000 viviendas vacías en manos de grandes propietarios

Este impuesto grava el incumplimiento de la función social de la vivienda por permanecer desocupada de forma permanente, entiendo que debe tener el uso para el que fue concebida. Así se estableció en la Ley de Promoción y Acceso a la Vivienda de Extremadura, que fue aprobada en marzo de 2019.

Esa norma salió adelante en el último pleno de la pasada legislatura, en la que el PSOE gobernó con mayoría simple gracias al apoyo de Podemos en la investidura. La formación morada permitió que se aprobara esta ley con un acuerdo que contemplaba aprobar en un plazo máximo de 18 meses un impuesto para grandes propietarios de viviendas vacías.

La nueva ley no se presentó dentro del plazo previsto, que terminó en noviembre de 2020. Sin embargo, el Gobierno regional afirmó en varias ocasiones que mantenía el compromiso de aprobar el nuevo impuesto, aunque prefería esperar a que se aclarara la legislación nacional sobre la materia.

Finalmente la regulación estatal no incidió en esa cuestión y la Junta presentó el pasado año su propuesta. El Consejo de Gobierno aprobó ayer el proyecto de ley que modifica la norma de 2019 y que, paradójicamente, también llegará a la Asamblea en el tramo final de legislatura y con apenas siete semanas por delante para poder aprobarla. En caso contrario, quedará en mano de la configuración del Parlamento regional que salga de las próximas elecciones autonómicas.

La consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda de la Junta, Leire Iglesias, señaló que la propuesta de reforma contiene tres aspectos fundamentales. Por un lado, el impuesto a viviendas vacías, que ya se recogía en la ley de 2019 pero que necesitaba de una regulación expresa.

Este impuesto, de devengo anual, afectará a los grandes tenedores de viviendas vacías, definidos como las personas jurídicas (y por tanto solo empresas, no particulares) que dispongan de más de cinco viviendas en régimen de propiedad, alquiler o cualquier otro derecho y que las mantengan desocupadas de forma ininterrumpida y sin causa justificada durante más de un año.

La base imponible depende del número total de metros cuadrados de las viviendas vacías, reducido en 150 en concepto de mínimo exento. Hasta 500 metros cuadrados se pagaría 7,5 euros por metro; hasta 2.000, 11,25 euros por metro cuadrado y hasta 4.000, 15 euros. Los que pasen de esa cifra deberán abonar 22,5 euros por metro cuadrado.

Una empresa que cuente con seis pisos vacíos de unos 100 metros cuadrados cada uno pagaría por tanto por 450 metros cuadrados. A 7,50 euros el metro, la cuota sería de 3.375 euros al año.

La memoria económica que acompañó al anteproyecto de ley cuando se expuso al público el pasado año recoge que, según los datos del INE, un 16% de las viviendas de la región están vacías. Asimismo, a partir de cifras de los organismos autónomos de recaudación, señala que hay 25.000 viviendas en manos de 850 grandes propietarios. Aplicando el porcentaje anterior, estima por tanto que cuentan con unas 4.000 viviendas vacías.

Teniendo en cuenta la superficie media de las viviendas en Extremadura, y atendiendo a los tramos del impuesto, se estima una recaudación anual de 4 millones de euros. Pero el objetivo real es que esas propiedades salgan al mercado de alquiler y bajar los precios mediante un aumento de la oferta, como ha apuntado Leire Iglesias.

Junto a esto, la ley regula la creación de un fondo de garantía para facilitar el acceso a la vivienda, especialmente a jóvenes. La Junta de Extremadura actuaría como avalista para cubrir la parte del coste que no financia la hipoteca. Con ello se pretende eliminar barreras para que personas que tienen dificultades de ahorro puedan comprar una casa. El Plan de Vivienda de Extremadura 2022-2027 prevé una dotación de 5 millones de euros para este fondo y llegar a 250 beneficiarios.

Por último, la ley regula un mecanismo de protección de menores en casos de desahucio. La Junta garantizará el mantenimiento de la vivienda o un adecuado realojamiento de la unidad de convivencia de la que forme parte algún menor y que se encuentre en riesgo de exclusión residencial por desalojo. Con ese fin, se contempla la posibilidad de conceder ayudas directas a los afectados y adquirir o arrendar directamente y de urgencia inmuebles por razones de interés público.