La Junta destina 168 millones a los conciertos de cuatro servicios de atención a la discapacidad

La Ley de conciertos sociales de Extremadura, del año 2018, establece esta fórmula con entidades sin ánimo de lucro para la gestión indirecta de prestaciones de servicios de atención social, sanitarios y sociosanitarios. El desarrollo de esta norma no llegó hasta 2022, cuando se suscribieron por primera vez conciertos de este tipo por el plazo de un año, que fueron prorrogados a finales de 2023 y que por tanto están cerca de expirar.

Pero entonces esta medida no alcanzó a todos los servicios. Ahora la concertación será más amplia, aunque faltan prestaciones como las de residencia, y por un plazo más largo, hasta tres años.

La portavoz de la Junta, Victoria Bazaga, ha señalado que de esta forma se cumple una demanda histórica del sector al fijar un sistema basado en la concertación en lugar de subvenciones. Con ello, según ha indicado, las entidades que prestan servicios en el Marco de atención a la discapacidad de Extremadura (Madex) ganarán en estabilidad.

Además de evitar trámites, el concierto permite cobrar desde que se hace efectivo el acuerdo, mientras que las subvenciones no se hacen efectivas hasta que se realizan los pagos. De ese modo, las entidades cobrarán mes a mes, en lugar de uno o varios abonos pasados varios meses de prestación, con el consiguiente beneficio para sus cuentas.

El concierto social para centros de día tendrá una dotación de casi 49 millones de euros. Se trata de un servicio especializado en régimen de media pensión que atiende de forma integral a personas con discapacidad grave y que dependen de terceras personas para las actividades de la vida diaria. Además, ofrece los recursos individuales necesarios para su desarrollo personal y social en entornos normalizados.

La suscripción de conciertos para habilitación funcional dispondrá de cerca de 36 millones de euros. Este servicio abarca el conjunto de tratamientos encaminados a eliminar o reducir un déficit o disfunción física, intelectual o sensorial de la persona con discapacidad. También contribuye a mantener habilidades adquiridas en aquellos casos en los que por sus características especiales se requiera, con el objeto de lograr el máximo grado posible de autonomía personal e integración social.

Para el servicio de atención temprana se destinarán 28,4 millones de euros. Con ello se financiarán las intervenciones dirigidas a la población de 0 a 6 años, a la familia y al entorno, con el objetivo de dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños con trastornos en su desarrollo o que tienen riesgo de padecerlos.

Por último, el servicio de centro ocupacional contará con una dotación de 55 millones de euros. Su finalidad es la normalización e integración sociolaboral de personas con discapacidad mediante programas formativos, de habilitación ocupacional y de ajuste personal y social, buscando el desarrollo de la autonomía personal y la adaptación social.