La Junta deberá devolver 7,7 millones de un proyecto de inserción de mujeres

La secretaria general de Servicios Sociales del Gobierno extremeño, Teresa Angulo, señaló este jueves en una comparecencia en la Asamblea de Extremadura que la falta de gestión del Ejecutivo anterior ha impedido llevar a cabo este proyecto, que esperaba beneficiar a 2.000 mujeres.

El convenio para el desarrollo de este proyecto fue suscrito en enero de 2022 entre la Junta de Extremadura y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el marco de un nuevo modelo de inclusión social que reduzca la desigualdad de la renta y las tasas de pobreza extrema y moderada, para lo que el Gobierno recibió casi 300 millones de euros de los fondos europeos de recuperación.

Una de las líneas que se puso en marcha fue la firma de convenios para la realización y evaluación de proyectos piloto de inclusión social. Además de Extremadura, se suscribieron acuerdos con varias comunidades autónomas y ayuntamientos.

En el caso de la región, se planteaba la creación de itinerarios de inclusión social para personas perceptoras del ingreso mínimo vital o la renta extremeña garantizada. Para ello, se planteaban intervenciones coordinadas no sólo en el ámbito de los servicios sociales y el empleo, sino también de la sanidad.

El objetivo era diseñar un plan individual (Plan Vital de Inclusión Social) con actuaciones personalizadas relacionadas con salud, vivienda, educación, empleo, accesibilidad, soluciones energéticas, etc. Para ello, se elegiría a 2.000 perceptores de las ayudas citadas, de los cuales un grupo seleccionado podría incluso optar a un contrato laboral. Un primer plazo de ejecución se fijó hasta junio de 2023 y el convenio al completo hasta el 31 de marzo de este año.

La secretaria general de Servicios Sociales apuntó que en julio del pasado año apenas se había gastado 100.000 euros de los 8,8 millones asignados a la comunidad.

En la primera mitad del pasado año la Junta firmó acuerdos de colaboración con las Cáritas de las diócesis extremeñas (Mérida-Badajoz, Plasencia y Coria-Cáceres) para el desarrollo de las acciones previstas, en los que se recogió que el colectivo al que se destinaba el proyecto eran 2.000 mujeres. Para Angulo, se hizo «ante la incapacidad del Gobierno regional». Pero tampoco dio los resultados esperados.

Según expuso, en septiembre se pidió al Gobierno la ampliación del plazo de vigencia del convenio, pero se denegó. Tras esto, se solicitó una modificación del acuerdo para tratar de justificar lo máximo posible y no tener que devolver todos los fondos. Con eso se ha podido utilizar algo más de 1 millón de euros, con lo que habrá que devolver 7,7 millones.

Angulo apuntó que dentro de esa cantidad están 3,8 millones de euros destinados a la contratación durante seis meses de 360 participantes en el proyecto. Según dijo, este programa no se llegó a llevar a cabo por el Servicio extremeño de empleo (Sexpe). También apuntó que se pidió una prórroga al Ministerio de Inclusión para tratar de ejecutar esta medida, pero igualmente se denegó. Hay que tener en cuenta que los fondos de recuperación exigen una serie de objetivos en unos plazos concretos.

Además de este asunto, la secretaria general de Servicios Sociales también criticó la gestión del Gobierno regional en la pasada legislatura en lo referente a las pensiones no contributivas.

Teresa Angulo explicó que la región asume estas prestaciones fruto de un acuerdo con el Gobierno, que compensa económicamente a la región por unos gastos en medios materiales y personales que cifró en 1,8 millones de euros. Sin embargo, en los últimos años esa aportación se ha reducido «hasta abonar una cantidad irrisoria».

Pero cuando se reclamó la cantidad correspondiente a 2023, que estaba pendiente de pago, Angulo expuso que el Gobierno alegó que el acuerdo estaba caducado desde 2020 y que no pensaba renovarlo.