La Junta convertirá más de 5.800 plazas temporales en fijas el próximo año

El objetivo es que es la temporalidad se sitúe por debajo del 8% en la administración y es lo que se busca con la normativa publicada por el Gobierno en cumplimiento, a su vez, de un mandato de Europa. La Junta de Extremadura publicó en diciembre de 2022, fecha límite establecida por la ley nacional para ello, las convocatorias de las plazas encuadradas en este proceso extraordinario, tanto las pertenecientes a los ámbitos de Educación y Sanidad como las de Administración General.

En todos los casos, tal como recoge la ley 20/2021, «plazas de naturaleza estructural que estén dotadas presupuestariamente y hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpida al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020». Estableciendo, además, que aquellas ocupadas con anterioridad al 1 de enero de 2016 debían cubrirse por un concurso de méritos y el resto, por concurso-oposición.

En Educación la convocatoria incluyó un total de 1.141 plazas, de las que 322 saldrían por concurso de méritos y el resto, 819, por concurso-oposición. En este ámbito, las primeras ya se han adjudicado y las segundas, que abarcan a todos los cuerpos docentes, centrarán el proceso selectivo que se celebrará en junio de 2024, con el objetivo de que antes de final de ese año esté todo resuelto.

Del mismo modo, las 1.886 de Sanidad han sido también convocadas. «Se cubren exclusivamente por concurso de méritos en este caso», aclara Emilia Montero, de CSIF. «Todos los participantes ya han registrado su solicitud y sus méritos comenzarán a baremarse para establecer el acceso a las plazas por orden de puntuación». Un proceso, por tanto, que se llevará a cabo en los próximos meses «y que quedará resuelto como marca la normativa antes del 31 de diciembre de 2024».

El proceso en Administración General, sin embargo, va con bastante más retraso que en Educación y Sanidad. «Hemos enviado un escrito al director general de Función Pública para que se aceleren los plazos, porque ya se están incumpliendo», afirma María Ángeles Rodríguez, secretaria de Acción Sindical de UGT.

«Hemos avisado en numerosas ocasiones que Función Pública cuenta con poco personal para atender los procesos selectivos y es preciso que se trabaje en el extraordinario porque va con mucho retraso y hay que cumplir el plazo de resolución establecido en la ley, el 31 de diciembre de 2014», recuerda Jesús María García, secretario general de SGTEX.

Desde ambas centrales detallan que son 3.193 las plazas de Administración General encuadradas en el proceso de estabilización para la reducción de la temporalidad en el empleo público. Según la convocatoria publicada en diciembre de 2022, de este total de plazas, 2.746 se cubrirán por concurso de méritos y las 447 restantes por concurso-oposición. En un caso y otro hay plazas tanto para funcionarios como para personal laboral y son casi 47.000 las solicitudes recibidas a la oferta global.

«Pero de momento solo han salido los listados provisionales para el concurso de méritos», asegura María Ángeles Rodríguez. «Para las plazas que centran el concurso-oposición no están aún ni esos listados provisionales», a pesar de que la convocatoria fijaba un plazo máximo de dos meses para publicar los listados provisiones tanto de admitidos como de excluidos.

Traslados pendientes

«Por eso es preciso que se acelere el proceso de estabilización en la Administración General», insiste el secretario general de SGTEX. «Hasta que no se publiquen los listados definitivos para el concurso-oposición, no se conocerán las fechas de los exámenes, que deberán aprobarse con un cinco para continuar en el proceso», concreta.

Pero además, añade, «todos los procesos, este de estabilización y los ordinarios, se tienen que resolver al mismo tiempo; por ello, hay gente que ya sabe dónde tiene la plaza tras el concurso de traslado en el que ha participado, y no puede ocuparla». Una dificultad a juicio de Jesús María García para muchos empleados públicos. «Porque esa plaza que han logrado pueden tenerla en su lugar de residencia, pero no la podrán ocupar, y tendrán que seguir haciendo kilómetros cada día hasta su lugar provisional de trabajo, hasta que no se resuelva el proceso de estabilización».

En cualquier caso, al igual que también en Sanidad, las centrales solo conocen el número de plazas que centran este proceso, «pero no qué plazas son ni dónde están; eso lo ha determinado la administración de forma opaca, así que tampoco sabemos si están todas las plazas que deben estar, las que cumplen con las condiciones recogidas en la ley 20/2021», concluye el secretario general de SGTEX.

La temporalidad en el empleo público en el ámbito autonómico se reducirá un 8% cuando estén resueltos los procesos de estabilización. Un porcentaje preciso, se justicia en la normativa nacional, «para no comprometer la adecuada prestación de los servicios públicos», porque una alta temporalidad «impide articular políticas de recursos humanos dirigidas a garantizar la calidad de los servicios públicos».