Los ingenieros critican la normativa contra terremotos que expone a Extremadura

Lo hace dos días después de entregar a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados el manifiesto 'Por una normativa sísmica coherente y segura'. En ese documento se pide que el Gobierno «retire el proyecto de Real Decreto de aprobación de la NCSR-23 (Normativa de Construcción Sismorresistente)», como se lee en el mismo.

A juicio de los firmantes –17 organismos y asociaciones de toda España, más de una veintena de empresas, cerca de 150 profesionales del sector y más de media centenar de personalidades del mundo académico relacionado con la ingeniería– el texto se ha elaborado sin respetar el criterio científico ni atender a las alegaciones de los especialistas. «La norma es incoherente en su conjunto», insiste Trigueros.

La asociación Caminos considera que la situación normativa actual no exige la máxima seguridad a la hora de construir edificios e infraestructuras. Algo que sí veía resuelto con la NCSR-16, que hace siete años fue aprobada por unanimidad en la Comisión Permanente de Normas Sismorresistentes, pero que nunca completó los trámites para entrar en vigor.

Uno de los aspectos que más preocupa al colectivo de ingenieros es que el texto del Real Decreto deja a criterio de los responsables de los proyectos algunas cuestiones relacionadas con las medidas de seguridad que deben tener las construcciones ante posibles terremotos. Un punto que en otros países europeos queda resuelto por la normativa.

Extremadura es uno de los territorios más expuesto ante esta realidad, según los ingenieros. La región, al igual que Murcia, Andalucía y la zona de los Pirineos se citan entre las de mayor riesgo sísmico en España.

Esa afirmación no quiere decir que el riesgo en Extremadura sea elevado. «Según el Instituto Geográfico Nacional, Extremadura no es una región con especial riesgo de movimientos sísmicos», expone Carmen Pro, investigadora y profesora del departamento de Física en el Centro Universitario de Mérida de la Universidad de Extremadura (UEx).

Hay una puntualización a esa realidad. «La zona suroeste extremeña es la que, debido a los movimientos sísmicos que se producen al sur del Cabo de San Vicente (Portugal), tiene un mayor riesgo de peligrosidad sísmica», añade la investigadora de la UEx.

Sí es una realidad que los terremotos hayan provocado daños en el pasado. «El riesgo cero no existe y desde el punto de vista de la seguridad debemos estar en la máxima», indica el presidente del colectivo de ingenieros.

Recientemente se ha producido un pequeño movimiento sísmico en Extremadura: «Hace unos días hubo uno cerca de Esparragalejo, pero a mucha profundidad; fue registrado por el instituto, pero no se sintió», confirma Pro, que recuerda que el último que se notó en la superficie y que tuvo epicentro en Extremadura fue el de Ribera del Fresno en 2021 con un 3,1 en la escala Ritcher.

«La solución pasa por trasponer la legislación europea; es absurdo que España no lo haga, porque sabemos que la norma que tenemos es mucho más insegura», aporta Trigueros.

Así la asociación que preside demanda que España aplique los Eurocódigos, que son un conjunto de normas redactadas por el Comité Europeo de Normalización por mandato de la Comisión Europea. En el manifiesto insta al Gobierno de España a que «elabore un nuevo Real Decreto disponiendo el uso de los Eurocódigos de forma directa y global para que estas normas sean aplicadas en España como se hace en el resto de Europa».

Sólo han pasado tres días desde que el colectivo hizo entrega de ese manifiesto a los grupos políticos, pero por el momento únicamente han recibido una breve respuesta. «El grupo parlamentario socialista sí nos ha confirmado la recepción, pero nada más», señala el presidente de la asociación Caminos.