Caso de David Azagra

El hermano de Pedro Sánchez cree que el informe de la UCO da motivos para archivar la acusación

Cree Emilio Cortés que ese recurso de reforma presentado por el Ministerio Público ahonda en la idea de que no existen indicios suficientes que apunten a la comisión de los tres delitos que se investigan: fraude tributario, enriquecimiento ilícito y contra la administración pública.

Sobre los dos primeros delitos, el abogado que representa al hermano de Pedro Sánchez tiene el convencimiento de que tanto el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como el informe remitido por la Agencia Tributaria deberían ser suficientes para archivar la investigación.

Emilio Cortés defiende que los responsables de la Agencia Tributaria en Extremadura ya emitieron un informe en el que «descartan no solo la comisión de los delitos contra la Hacienda Pública, sino una simple irregularidad de naturaleza administrativa».

Igualmente aborda el supuesto enriquecimiento injusto denunciado por Manos Limpias, una acusación que el abogado de David Sánchez califica de «errática» y «en abierta contradicción» con las conclusiones de la UCO.

Entiende Cortés que la supuesta posesión de acciones del BBVA valoradas en 1,4 millones de euros ha quedado desacreditada por las sucesivas declaraciones de bienes realizadas por David Sánchez en su condición de alto cargo de la Diputación y también por las conclusiones obtenidas por los especialistas de la UCO, quienes consideran que el abultado valor que se atribuye a las acciones pudiera partir del error inicial de confundir el valor económico de las acciones con el número de acciones que poseía.

«Lo relevante es que las conclusiones de la Guardia civil desvisten de cualquier signo de antijuricidad penal cuanto rodea la adquisición de esas acciones y sus lógicas fluctuaciones en el mercado», insiste Emilio Cortés, que tacha de «sesgada, rudimentaria y torpe» la acusación de Manos Limpias.

En la última parte de su escrito, el abogado de David Sánchez Pérez-Castejón aborda el supuesto delito contra la administración pública que se habría cometido al contratar al hermano de Pedro Sánchez y cambiarlo más tarde de puesto.

Recuerda Emilio Cortés que el perfil de esa plaza ya existía y que lo que se formalizó en 2017 fue un nuevo llamamiento público para buscar al candidato adecuado. «No se ha acreditado que nuestro representado (David Sánchez) tuviera vínculo alguno con la Comunidad Autónoma de Extremadura que sostenga el carácter 'a la carta' de ese puesto de trabajo. Además, su hermano D. Pedro (Sánchez), el día de la convocatoria oficial, había tocado fondo en el partido político en el que milita, sin expectativa razonable de ostentar un cargo relevante».

A esos argumentos une otro: ninguno de los candidatos a la plaza de coordinador de los conservatorios de la Diputación de Badajoz formalizó queja alguna sobre el proceso de selección, «siendo, a nuestro juicio, muy elocuente ese aquietamiento unánime».

Tras esta exposición de razones, incide Emilio Cortés en que no tiene sentido plantear en los tribunales «la procedencia, o no, de la convocatoria» de esa plaza, como tampoco lo tiene utilizar «la excusa vacía de un absentismo del trabajador sobre el que nada hay probado».

Sobre esta última cuestión alerta este abogado de que si se generalizase la tendencia de considerar que las ausencias laborales de los trabajadores de las administraciones públicas son indicio delito, los juzgados de instrucción acabarían más saturados de lo que ya están.

En conclusión, Emilio Cortés considera «estimulante» para sus intereses el recurso formulado por la Fiscalía, en el que solicita que antes de que los investigados sean citados a declarar, se aclare cuáles son los indicios de criminalidad que existen contra ellos.

Y por esta razón insiste en una pregunta que considera clave: «Qué concreto y tangible indicio de criminalidad existe contra David Sánchez en el informe policial que motiva el auto combatido, porque en su texto no aparece ninguno». «Por supuesto que nada de lo revelado por ese volcado masivo e indiscriminado de correos es compatible con figura penal alguna, tratándose de mensajes propios de los responsables de la institución provincial, sin rasgo indiciario de fraude razonable».