El Gobierno pondrá 83 millones el próximo año, el doble que ahora, para la Ley de la Dependencia en la región

El Gobierno se acerca a cumplir lo que nunca hizo desde que se puso en marcha en 2006 la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia de España (Ley de Dependencia). La norma establecía que la financiación entre el Ejecutivo central y las comunidades autónomas debía ser a partes iguales pero la realidad es que la aportación, en el caso de Extremadura, de la Junta ha sido siempre por encima del 85% de esos fondos necesarios. En el próximo año, esta disfunción presupuestaria empezará a cambiar, acaba de anunciar en Mérida la ministra de Asuntos Sociales, Ione Belarra.

El Gobierno pondrá en 2022 un total de 83 millones para financiar el desarrollo de esa ley, el doble prácticamente de lo que ha consignado para este año. De esta forma, «nos iremos acercando a ese 50% compartido entre las dos administraciones», ha dicho en Presidencia de la Junta ante Guillermo Fernández Vara. Con el presidente extremeño se ha firmado un convenio para impulsar políticas sociales centradas en los cuidados a mayores dependientes.

La ministra Belarra ha especificado que el convenio entre Junta y Ministerio de Asuntos Sociales contempla invertir por parte del Ejecutivo central 67,7 millones entre 2021 y 2023. 18,8 de esos casi 70 millones son para este año. Se trata de avanzar en la atención «individualizada» a las personas dependientes o que necesitan cuidados. «Es urgente pasar de la modalidad de atención residencial a la atención en el domicilio. La gente quiere quedarse en sus casas con todo el apoyo necesario».

«Tiene un gran valor y el objetivo es claro, que cada uno pueda vivir donde quiera. De eso va la promoción de la autonomía». ha expresado el presidente de la Junta. "Debemos aspirar a que la gente viva el máximo tiempo posible en sus casas y no en centros especializados", refrenda Fernández Vara.

El acuerdo con el Gobierno, subraya, «nos va a permitir disponer de cerca de 70 millones de euros en los próximos años para cuidados. Seguiremos trabajando en esa línea». En ese sentido, Vara ha remarcado que el Gobierno "se ha inhibido durante años en lo que le correspondía de financiación de la Ley de Dependencia y lo hemos estado soportando las comunidad autónomas".

A principios de enero, 29.065 personas percibían una prestación de la Ley de la Dependencia en Extremadura. Esta cifra suponía el 54,8% del total de personas que habían solicitado la valoración del grado de dependencia según lo establecido en la ley de 2006. En Extremadura, el 45,51% eran beneficiarios de Grados III y II (grandes y severos dependientes). El 25% de las resoluciones correspondieron a Grado I (dependencia moderada) y el 29,49% no tenían asignada Grado.

A finales del pasado año contaban con una resolución 49.281 de estas solicitudes, que derivaron en un reconocimiento de la prestación para un total de 34.750 personas, es decir, el 70,51% del total de resoluciones.

De las 29.065 personas beneficiarias con alguna prestación asignada, el 48,23% recibió una prestación económica vinculada al servicio, que se reconoce cuando no es posible el acceso al servicio público o concertado de atención y cuidado adecuado del beneficiario.

El 20,56% recibió una prestación económica de cuidados en el entorno familiar con el fin de contribuir a la cobertura de los gastos derivados de la atención prestada, cuando una persona en situación de dependencia está siendo atendida por alguna persona de su entorno familiar o afectivo.

El 12,36% recibió atención en centros residenciales destinados a servir de hogar sustitutorio de forma temporal o permanente. La ratio de prestaciones por persona beneficiaria en Extremadura fue de 1,09 y en el conjunto de España de 1,27.

Hace un mes, la secretaria general de CC OO de Extremadura, Encarna Chacón, expresó la preocupación de la federación de Pensionistas y Jubilados por el ritmo de resolución de solicitudes presentadas para recibir las prestaciones de la Ley de Dependencia. Según los datos aportados, el 40% de las solicitudes presentadas estarían sin resolver, lo cual se traduce en torno a 20.000 demandantes sin conocer si recibirán o no una ayuda.

En Extremadura, el tiempo medio de tramitación de expedientes de dependencia desde la solicitud hasta la resolución era de 691 días, según detalló en el pasado mes de mayo el último informe de la Asociación estatal de directores y gerentes en servicios sociales.

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