La Fiscalía retira la petición de pena contra nueve de los once dueños de perros acusados junto a una veterinaria

Hay que recordar que además de la Fiscalía, participan como acusación particular la Federación Extremeña de Caza, el Colegio de Veterinarios, Ecologistas en Acción y las asociaciones protectoras Adana, SOS 112 Vagabundos, SOS Perrera Badajoz y El Refugio. El juicio ha terminado este miércoles, un día antes de lo previsto.

Para la veterinaria, el Ministerio Público pide 15 meses de cárcel por cada delito de maltrato animal, lo que equivale a trece años y nueve meses, además de dos años y ocho meses de prisión y multa de 10 meses por la falsedad documental continuada, es decir, un total de 16 años y 5 meses. Pese a la dureza de las penas, la petición final supone una importante rebaja respecto a la acusación inicial del Ministerio Público, en la que se solicitaban más de 50 años para la veterinaria, que se declaró inocente durante la vista oral.

Para dos de los once propietarios de los animales sacrificados la Fiscalía mantiene su solicitud de pena: 15 meses de prisión y dos años y seis meses de inhabilitación para tenencia y oficio relacionado con animales por cada delito de maltrato animal.

Los hechos tuvieron lugar entre 2017 y 2019 en Ribera del Fresno y en las localidades del entorno, donde trabajaba la acusada. En el juicio en el Juzgado de lo Penal número 1 de Mérida, la veterinaria afirmó que cuando tramitó las bajas de los galgos, podencos o mestizos en el censo no conocía la causa de muerte.

La veterinaria negó que sacrificara perros que no eran válidos para cazar. Según dijo, su labor se limitaba a dar la baja en el registro, pero no comprobaba el cuerpo ni tampoco la causa de muerte, para lo que se guiaba por lo que apuntaba el dueño. Eso explica por qué las bajas de los animales coinciden en fecha, ya que se tramitaban varias al mismo tiempo, a veces meses después del fallecimiento.

La investigación comenzó cuando la Guardia Civil encontró el cuerpo enterrado de 'Borrasca', una perra de tres años. Los agentes interrogaron a su dueño, quien declaró que la veterinaria le había puesto una inyección letal porque no valía para cazar. Tras más indagaciones, los agentes acudieron al propietario de otro animal, que ofreció la misma versión.

Los abogados de la defensa han pedido la anulación de estas declaraciones porque se hicieron en condición de testigos en lugar de como investigados y, por tanto, sin asistencia letrada. Durante el juicio, los dos acusados para los que la Fiscalía mantiene su petición de pena cambiaron su versión. El dueño de 'Borrasca' afirmó que el animal murió al chocar contra una valla. Y ha indicado que a la Guardia Civil le dijo que lo había llevado a la veterinaria para que lo matara porque pensaba que podían acusarle por enterrarlo en el campo. En su segunda declaración mantuvo la incriminación a la profesional porque «tenía miedo de cambiar». El otro propietario que incriminó a la veterinaria también negó que le llevara hasta ocho perros para sacrificarlos.

En cuanto al resto de acusados, que tampoco declararon asistidos por un abogado ante los agentes del Seprona, ni prestaron declaración ante el juez en la fase de instrucción, algunos de ellos respondieron en el juicio solo a preguntas de sus abogados para decir que llevaron a los perros a la veterinaria para que fueran sacrificados.