Las extremeñas continúan sin poder abortar en los hospitales públicos

Un año después de su aprobación, la Asamblea respaldó una propuesta del PSOE para instar a la Junta a crear ese registro. La iniciativa contó con el visto bueno del PP y de Unidas por Extremadura. Vox fue el único grupo que la rechazó.

Dos meses más tarde la Consejería de Salud inició la elaboración del decreto por el que se creará el registro y se regulará la prestación de la interrupción voluntaria del embarazado, pero 19 meses después de que entrara en vigor la ley que así lo establece y exige, ni hay registro ni hay fecha para tenerlo.

«El registro de objetores será anónimo y entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el DOE, mediante el decreto que lo regulará. Actualmente, dicho decreto está en fase de tramitación», informa el SES.

En ese decreto, que Salud sometió a información pública este verano, se detalla que «el acceso o la calidad asistencial de la prestación no se verá afectada por el ejercicio individual del derecho a la objeción de conciencia», de tal manera que en la sanidad pública se deberá garantizar «el personal sanitario necesario para el acceso efectivo y oportuno a la interrupción voluntaria del embarazo». Además, «todo el personal sanitario dispensará siempre tratamiento y atención adecuada a las mujeres que lo precisen, antes y después de haberse sometido a una interrupción del embarazo».

Esto sigue sin ser una realidad a día de hoy, de tal modo que las extremeñas continúan sin poder abortar en los hospitales públicos de la región. Porque, aunque «la prestación está asegurada para aquellas extremeñas que la solicitan», deja claro la Consejería de Salud, «a día hoy se presta externamente al SES» o, lo que es lo mismo, que las mujeres que tienen que interrumpir su embarazo son derivadas a clínicas privadas de la región o a otras comunidades autónomas.

Es lo que tuvieron que hacer las 1.362 extremeñas que interrumpieron su embarazo el año pasado, cuando entró en vigor la ley, y lo que han hecho en lo que va de año las 958 mujeres que han solicitado la intervención al SES.

El incumplimiento de la ley continúa, por tanto, a pesar de que el Tribunal Constitucional estableció ya hace un año que obligar a practicar un aborto en una comunidad autónoma distinta a la de residencia vulnera los derechos fundamentales de la mujer. Lo hizo en una sentencia en la que concedió por unanimidad el amparo a una mujer por apreciar que el Servicio Murciano de Salud, al derivar a la demandante a un centro sanitario privado en Madrid, vulneró el derecho de configuración legal de la mujer a la interrupción del embarazo, que forma parte de su derecho fundamental a la integridad física y moral.

Los magistrados recordaron en el fallo que la previsión legal que garantiza que el aborto ha de efectuarse en los centros de la red sanitaria pública de la propia comunidad autónoma, salvo en los supuestos excepcionales en los que el servicio público de salud no la pueda facilitar por una objeción de conciencia generalizada, constituye una garantía de que la interrupción del embarazo se efectúa conforme a las exigencias constitucionales.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha vuelto a recordar estos días a las comunidades autónomas su obligación de elaborar el registro de médicos objetores en cumplimiento de la ley. «El derecho al aborto no tiene vuelta atrás y debe consagrarse en la sanidad pública», ha dicho García. Su departamento contará a final de año con el protocolo que establecerá las bases para que las comunidades desarrollen sus registros de objetores de manera homogénea y coordinada. Porque aunque algunas cuentan ya con registro y otras lo han iniciado, como es el caso de Extremadura, la mayoría no ha comenzado a trabajar en su elaboración.

El empujón de la ministra al registro de objetores coincide con la publicación de los últimos datos de aborto en España. En 2023 se realizaron 103.097 interrupciones voluntarias del embarazo, un 4,8% más que en 2022 y por primera vez en la última década por encima de las 100.000 (desde 2013, con 108.690, no se superaba esa barrera).

Extremadura registró 1.362 interrupciones voluntarias en 2023, lo que supone una tasa de 7,6 por cada 1.000 mujeres en edad fértil, que convierte a la comunidad, tras Galicia, en la segunda con la tasa más baja del país en abortos, según los datos publicados por Sanidad. La mayoría (952) se hicieron cuando las gestantes estaban de ocho o menos semanas.

De las 1.362 interrupciones voluntarias, 29 tuvieron lugar en centros hospitalarios de carácter privado y el resto, en centros extrahospitalarios privados. Esta es la realidad que se quiere cambiar con la elaboración del registro de médicos objetores.

Un documento, deja claro el SES, que garantizará el anonimato. Será confidencial y seguirá unos criterios muy estrictos para acceder a él. Podrá entrar el propio profesional sanitario que esté apuntado, pero solo a sus propios datos; así como los directores médicos y asistenciales, siempre que, entre sus funciones, se encuentre la organización o gestión de la prestación.

Los médicos podrán elegir entre una objeción total, en la que se rechazan todo tipo de prácticas, y la parcial, en la que se oponen a la intervención según los plazos y supuestos previstos en la propia ley.