Extremadura pasa a liderar la carrera profesional

Extremadura se situará en una posición avanzada respecto a otras comunidades autónomas con la regulación sobre la evolución del desempeño de los empleados públicos. El proyecto del Gobierno regional de contemplar el buen ambiente en el trabajo y el uso eficiente del tiempo para conceder un nuevo nivel de carrera profesional permitirá dar un paso que aún parece lejano en otros territorios.

La carrera profesional concede a los empleados públicos la posibilidad de avanzar en su puesto de trabajo sin necesidad de optar a otra plaza, habitualmente por el procedimiento de promoción interna. No se trata solo de un complemento económico, sino que persigue la calidad y la eficiencia.

En la comunidad este complemento supone entre 65 y 131 euros al mes, en función de la categoría, y se configura en cuatro niveles. Al primero se accede a los cinco años de antigüedad y para el resto hay que esperar siete años en cada caso. En 2019 el Gobierno regional llegó a un acuerdo para empezar a reconocer y pagar el nivel 2, pero no se está cumpliendo en su totalidad.

A pesar de ese incumplimiento, lo cierto es que Extremadura es de las pocas regiones que tiene implantado este complemento y que ha iniciado el pago de distintos niveles.

Hay un grupo de comunidades en las que aún no se ha extendido a todos los trabajadores públicos y solo se limita al ámbito sanitario, donde cuenta con una implantación anterior. En el resto, hay regiones que van por delante de Extremadura, pero otras aún tienen pendiente el desarrollo de su normativa. Con el proyecto de decreto de evaluación del desempeño la comunidad se situará por tanto en un grupo de cabeza dentro de las autonomías.

La carrera profesional se incluyó en el Estatuto Básico del Empleado Público del año 2007, tras lo que comenzó su implantación en los distintos territorios, entre ellos Extremadura. Pero la llegada de la crisis económica retrasó su regulación y su aplicación práctica, que en líneas generales ha quedado condicionada a la evolución de los ingresos.

Pero no se trata solo de un complemento dinerario, sino que está ligada a lo que se conoce como evaluación del desempeño, un concepto creado en la ley de 2007 pero que se dejó para un desarrollo posterior. El objetivo era contar con un instrumento para motivar y mejorar la calidad del empleo público.

De esa forma, cuando la Junta de Extremadura inició la implantación de la carrera profesional solo tomaba como referencia para pasar de nivel la antigüedad en el puesto. Por ese motivo, el acuerdo de 2019 recogió que para el desarrollo completo de ese derecho es necesario establecer cómo se evaluará el trabajo de los empleados públicos, algo que ahora se quiere hacer con el proyecto de decreto.

Una de las cuestiones que recoge ese proyecto es la evaluación de la conducta profesional de los empleados públicos, un término que ya estaba incluido en el Estatuto Básico del año 2007. Es una de las cuestiones que genera rechazo entre los sindicatos, ya que incluye la iniciativa y compromiso con la organización, la capacidad de solucionar posibles conflictos, la colaboración y cooperación con los compañeros de trabajo, la contribución a un adecuado clima laboral, el mantenimiento voluntario del rendimiento, la calidad del trabajo y el uso adecuado y eficiente del tiempo.

Para los representantes sindicales se trata de criterios subjetivos, lo que choca con los principios de igualdad, mérito y capacidad. Pero, como se ha indicado, la propia normativa establece que es necesario contemplar cuestiones de este tipo.

La Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta señala que el borrador del decreto se encuentra en una fase preliminar y aún tiene que pasar por otros trámites, como información publica, negociación con los representantes sindicales, comisión jurídica y Consejo de Gobierno. Ahora se ha publicado en el portal de transparencia para que los interesados puedan conocerlo y realizar aportaciones, por lo que puede ser modificado. Pero también recuerda que la Ley de Función Pública obliga a desarrollar la evaluación del desempeño, lo que se quiere hacer «desde el diálogo y el consenso».

En cualquier caso, lo cierto es que hay precedentes a la norma extremeña. Los más avanzados son los de Asturias y La Rioja, que cuentan con una regulación muy similar a la propuesta del Gobierno regional.

El modelo asturiano, del año 2011, ya incluía la evaluación de aspectos como la iniciativa, el compromiso con la organización, la cooperación con compañeros, la capacidad de compartir y transmitir conocimientos, el mantenimiento voluntario del rendimiento laboral, el uso adecuado del tiempo y los recursos laborales y la asistencia al trabajo y el uso eficiente del tiempo.

La Rioja, de forma similar y desde 2017, incluye en el decreto regulador puntos como la colaboración con los compañeros, la lealtad a la Administración, el uso adecuado del tiempo y los recursos laborales y la asistencia al trabajo y el uso eficiente del tiempo.

Aunque de forma no tan extensa, la regulación de la Comunidad Valenciana, del año 2018, también hace referencia a la implicación y la contribución individual del trabajador, así como el fomento de la lengua valenciana.

En otras comunidades autónomas donde existe la carrera profesional, como Galicia, Castilla y León y Castilla-La Mancha, la evaluación del desempeño está aún pendiente de desarrollo. De esa forma, Extremadura se situará en un grupo en el que existen pocos precedentes sobre la valoración de la función pública.