Una empresa cacereña, en la trama de fraude fiscal por la que ha sido condenado Imanol Arias

Casas de Hitos S.L., con domicilio social en la localidad de Madrigalejo, es una de las entidades que aparecen en la sentencia dictada por la Audiencia Nacional por su implicación en la red de fraude fiscal liderada por el despacho Nummaria, centrada en el asesoramiento y ejecución de prácticas de elusión tributaria a gran escala, y ha sido declarada responsable civil subsidiaria por su papel en la maniobra defraudatoria.

Según los hechos probados, Casas de Hitos S.L. participó en una operación simulada diseñada por el despacho profesional del cabecilla de la trama para crear un gasto ficticio con el fin de reducir su tributación en el Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2010. Esta operación consistió en la interposición de una demanda civil instrumental a través de la sociedad Raycrest Trading Limited, con el único propósito de justificar contablemente una provisión de responsabilidad legal por importe de 2.062.500 euros.

La sentencia detalla que la supuesta demanda carecía de contenido sustancial y que fue montada para generar un gasto deducible artificial. El despacho Nummaria, desde su sede en Madrid, diseñó y gestionó la operación en nombre de Casas de Hitos, utilizando su estructura legal para disfrazar la operación como un conflicto judicial real.

El procedimiento se enmarca dentro del mediático caso, en el que se ha condenado a más de una treintena de personas físicas y jurídicas por delitos de fraude fiscal, organización criminal, estafa procesal, falsedad documental e insolvencia punible. Aunque Casas de Hitos no figura entre los acusados principales ni se le atribuyen delitos penales directos, la Audiencia Nacional la considera beneficiaria de la maniobra fraudulenta, motivo por el cual ha sido condenada como responsable civil subsidiaria, junto a otras entidades.

El esquema ejecutado por el despacho Nummaria consistía en crear una estructura jurídica opaca que permitía a sus clientes, entre ellos Casas de Hitos, reducir o eludir total o parcialmente sus obligaciones tributarias. En este caso, la demanda de Raycrest Trading contra Casas de Hitos fue utilizada como herramienta para dotar contablemente una provisión por litigio, lo que redujo de forma artificiosa la base imponible de la empresa extremeña en el ejercicio correspondiente.

En el transcurso del juicio, quedó acreditado que la demanda fue simulada y que el acuerdo alcanzado entre ambas partes fue redactado también desde el propio despacho Nummaria, que intervenía así en los dos lados del proceso. La maniobra no solo supuso un fraude al erario público, sino que también conllevó una manipulación del sistema judicial con fines tributarios.

«La demanda judicial fue el artificio ideado por el líder de la trama para que Casas de Hitos SL pudiera eludir las obligaciones fiscales», dice textualmente la sentencia de la Audiencia Nacional.

El fallo recoge que, como consecuencia de esta operación, Casas de Hitos se dedujo un gasto que no correspondía, incurriendo en una defraudación que, según los cálculos realizados por la Agencia Tributaria, superó el umbral penal de los 120.000 euros. Además, la empresa cacereña contrató servicios con el despacho Nummaria y, según el fallo, registró pagos por importe de 315.650 euros en diciembre de 2010, como parte de la misma operación.

Estos servicios, según la Sala, formaban parte de una estrategia consciente y planificada para eludir impuestos a través de sociedades instrumentales. A pesar de que la empresa no ha sido condenada penalmente, su inclusión en la parte dispositiva de la sentencia como responsable civil subsidiaria refleja la responsabilidad patrimonial derivada de su participación activa o beneficiaria en los hechos juzgados.

De hecho, Casas de Hitos S.L. representa un caso paradigmático dentro del entramado Nummaria: empresas reales y con actividad aparente que, a través de una asesoría fiscal especializada en ingeniería societaria, acabaron utilizando recursos judiciales y contables para fines defraudatorios. La sentencia subraya que, aunque no todos los actores fueron conscientes del alcance penal de las prácticas que contrataban, en este caso concreto sí quedó probado que la provisión por litigio fue instrumental y fraudulenta, diseñada exclusivamente para reducir la carga fiscal de la empresa.

Con esta sentencia se pone fin a un largo proceso judicial iniciado en 2016, con la condena a 80 años de cárcel a Fernando Peña, el dueño del despacho Nummaria. No obstante, no es firme y contra la misma cabe recurso.