Una diputada extremeña accedió al aforamiento mientras era investigada en el año 2011

En 2011 el Juzgado de Instrucción de Coria investigaba un posible caso de prevaricación administrativa (artículo 542) cometido por Concepción González, que había sido alcaldesa de Moraleja (Cáceres) por el PP hasta ser apartada del cargo en septiembre de 2010 por una moción de censura. El PSOE la acusaba de no entregarles la documentación municipal que le habían solicitado.

La Audiencia Provincial de Cáceres había respaldado a comienzos de 2011 la instrucción judicial que se estaba realizando, pero la situación de González cambió cuando en junio de 2011 fue elegida diputada por el PP en la Asamblea de Extremadura, adquiriendo de ese modo la condición de aforada.

En septiembre de 2011, el Juzgado de Instrucción de Coria se inhibió en favor del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura por ser este órgano el competente para investigar y juzgar a los aforados extremeños.

Esa decisión fue recurrida ante la Audiencia Provincial de Cáceres por los denunciantes, quienes alegaron que ese fuero especial no debía aplicarse porque «los hechos imputados ocurrieron con anterioridad a su nombramiento como diputada».

Cuando eso sucedió, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Cáceres estaba conformada por María Félix Tena como presidenta y por los magistrados Pedro Vicente Cano Maíllo y Valentín Pérez Aparicio, que actuó como ponente.

Los tres magistrados dieron validez al aforamiento en un auto que no deja lugar a la duda: el aforamiento tiene validez mientras el diputado ostenta esta condición, «independientemente del momento en el que ocurrieron los hechos objeto de la causa penal y de que estos guarden, o no, relación con las funciones propias del cargo del que deriva el aforamiento».

En aquel proceso la instrucción iniciada en el Juzgado de Coria quedó en manos de la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que meses después archivó la querella presentada al no encontrar indicios de delito contra la alcaldesa, quien poco después se convirtió en diputada nacional tras sustituir en el Parlamento de España a Rafael Rodríguez Ponga, que fue nombrado secretario del Instituto Cervantes y dejó libre el puesto que ocupaba.