«Demoler Isla Valdecañas entera es una ruina total para el pueblo»

«¿Pues qué opinión voy a tener? Que esto es una ruina total para el pueblo, una catástrofe», se lamenta Bautista Sánchez Monterroso, alcalde de 1999 a 2011 por el PP, hoy un vecino más que a las nueve y media de la mañana de un miércoles está en la calle pagándole al butanero los 17,75 euros de la bombona. «Es una pena, pero la ley está para cumplirla, no queda más remedio», se resigna.

–¿Por qué es una pena?

–Porque ahí hay 140 y tantas personas trabajando. ¿A dónde van a ir? ¿No es una ruina eso?

–¿Más de 140 personas hay trabajando en el resort?

–144 había la última vez que yo hablé con los dueños. Y eso solamente contando a las que trabajan allí. Hay que añadir los empleos indirectos.

–¿Y cuántos de esos 140 y tantos son del pueblo?

–Pues muchos. Porque aquí tenemos tres industrias: el matadero, la fábrica de explosivos y la isla... No hay más. Estoy disgustado. Porque este pueblo va a pegar un bajón. Si hay 35 ó 40 vecinos de El Gordo trabajando ahí, y somos 400 habitantes... Pues fíjate... No le puedo decir mucho más, porque tengo un disgusto grande.

–¿Cree que en el pueblo hay muchos que piensan igual?

–¡Hombre! Un 85% ó un 90% como mínimo. Seguro.

Dos calles más allá, en el bar Oasis, el porcentaje sube. «El 100% del pueblo quiere que la isla no se tire», afirma Miguel Blázquez, que tiene que morderse la lengua para no decir todo lo que piensa. «La justicia no puede hacer esto –se queja–. Después de 16 años... Allí hay más de veinte vecinos del pueblo trabajando. Es gente que sin la isla, se habría tenido que ir a buscar las habichuelas a otro lado».

Se piden ejemplos concretos y los clientes del Oasis los dan. «Allí hay fontaneros, jardineros, los de seguridad, el personal de mantenimiento, las mujeres que limpian en muchas casas, los comercios del pueblo...».

Entre estos últimos, dos casos ilustrativos. El primero es Country House Santa Fe, una tienda de decoración con una fachada elegante, de placas negras, y que vende piezas sofisticadas. Y el segundo: Capricho Gourmet, un espacio de delicias gastronómicas que abrió hace unas semanas. No es necesario tener un máster MBA para anticipar que ninguno de los dos negocios sobreviviría sin la clientela de Marina Isla Valdecañas, donde siguen teniendo casa varias de las mayores fortunas de España.

«Aquí hay ricos, sí, pero es que algunos de estos ricos dan trabajo a mucha gente del pueblo», comentan dos jóvenes junto a la garita de seguridad que hay a la entrada al complejo. En todos estos años atrás, lo habitual era que la barrera estuviera subida. Y si aparecía bajada, normalmente bastaba explicar quién eras y a dónde ibas para poder pasar. Este martes, a las diez y media de la mañana, había que frenarse sí o sí antes de entrar. En esa garita de seguridad, con su gran cristalera, una joven pregunta el motivo de la visita. Con la sinceridad por delante, o sea, identificándose como periodista interesado en hablar con quienes tienen casa en la urbanización, no hay mucho que rascar. La joven llama por teléfono, consulta y transmite el mensaje con amabilidad: nanai, media vuelta.

En esos minutos de espera, las dos jóvenes que conocen bien el complejo expresan su decepción por la sentencia del Supremo y aportan algunas claves sobre la situación actual del complejo. «Aquí –explica una de ellas– hay ahora algunos propietarios haciendo reformas en sus casas, gente que se decidió a hacer obra poco después de que dijeran que solo había que tirar lo que se quedó a medias». Otra cuenta que ahora hay en el lugar más animales que nunca. «Ves ciervos, corzos, liebres, conejos, patos, gansos, jabalíes... Si hasta conozco el caso de una que se encontró un día en el jardín de su casa un zorro».

Es lo mismo que cuentan Ángela Bravo Talavante y Raquel Oliva Suárez, que tienen una opinión contundente sobre el asunto del día en el pueblo –del año quizás, incluso de los últimos tiempos podría decirse–. «No hay derecho», se queja Ángela, que cuenta que en el resort trabajan dos sobrinos suyos, uno en los campamentos infantiles y otro como jardinero. «No pueden tirar la isla. Sería una ruina para el pueblo. Allí hay un motón de muchachos trabajando en los jardines, o que les llaman para que vayan a pintar... Y chicas jóvenes que limpian en las casas. Si hay que manifestarse para que no lo tiren, pues saldremos todo el pueblo a la calle».

«¿De qué quieren que coma la gente», se pregunta Raquel, que añade que en El Gordo, el resort apenas tiene críticos. Entre ellos estuvo en su momento Justo Torrijos, según reconoce él mismo. Es vecino de Berrocalejo, pero a las diez de la mañana está en el bar Oasis, que ofrece acompañar el café con una rebanada de pan frito y la prensa.

«Yo soy ecologista, naturalista, amante de los animales –sitúa Torrijos–. Fui uno de los que al principio se opuso al proyecto, porque se iba a levantar en zona ZEPA. Debieron parar las obras cuando empezaron, porque eran ilegales. De joven, yo iba ahí con mi canoa. Me llevaba un libro y un bocadillo. Eso era un sitio abandonado, lleno de mierda. No veías un animal. Yo he ido allí mucho, y le digo que ahora hay 40 veces más animales que antes. Vas paseando y ves liebres saltando, gansos, patos...».

«Mi conclusión –apunta Justo Torrijos– es que nos han cogido como conejillos de indias, para alertar sobre las construcciones ilegales en España. Han dicho 'Hay que dar ejemplo con algo', y nos ha tocado a nosotros. Y ahora habrá que indemnizar a los que compraron casa ahí. Si pagaron 500.000 euros por ellas, ahora les van a dar eso y más. Y a quien se va a perjudicar es a los que trabajan allí, que se van a ir al paro. Y a los contribuyentes, porque si eso hay que tirarlo, lo vamos a pagar todos. El complejo, ahora mismo, no hace daño a nadie. Y da trabajo a gente joven que si se tira la isla, se tendrá que ir a un sitio más grande. ¿Quiénes nos vamos a quedar aquí? ¿Los viejos solo, hasta que nos muramos todos y esto se quede vacío? ¿Eso es lo que quieren?».