El coste de las piscinas climatizadas se dispara sin un plan para amortiguar la factura

En este escenario ningún responsable, la mayoría ayuntamientos, se plantea subir precios, sobr todo ahora que se acercan las elecciones. Las cuentas de cada uno son diferentes, pero todas apuntan a un coste que se ha descontrolado en este 2022. La piscina cubierta de Plasencia, por ejemplo, gasta 11.000 euros al mes en gas y luz, el doble que el año pasado, admiten desde el Ayuntamiento. En el caso de Almendralejo, desde el Consistorio indican que este año han reducido el consumo energético en un 25,17%, lo que no ha servido para rebajar la factura, que ha subido un 45,35% respecto a 2021.

En Badajoz hay dos piscinas y el concejal de Deportes, Juancho Pérez, se declaraba asombrado el viernes pasado cuando le pasaron la estimación de lo que pagarán entre octubre y el próximo mes de marzo. «En la piscina de San Roque, la más grande y que tiene dos vasos, solo en gas van a ser 97.000 euros, que son tres veces y medio más que hace un año. En la de la Granadilla, que va con biomasa serán 12.000 euros, pero ya son entre 3.000 y 4.000 euros más que el año pasado. Poco margen de maniobra tenemos. Si acaso reducir la temperatura entre uno y dos grados pues siempre la tenemos más caliente de lo recomendable por una cuestión de comodidad, pero nunca la puedes bajar más de 24 grados por decreto. Subir precios no nos lo planteamos porque no está cosa como para que los usuarios paguen más, no es el momento apropiado», señala el edil pacense.

Otra opción como reducir horas o días de uso para ahorrar apagando la fuente de calor no tiene sentido debido al coste que supone recuperar el confort térmico de agua y ambiente que requieren estos espacios.

En Villanueva de la Serena, informa Estrella Domeque, las estimaciones en cuanto a la factura de luz y gas son similares a las del Consistorio dombenitense, entendiendo que el coste, al menos, se va a triplicar. Aunque la usan una manta térmica para preservar la temperatura del agua, se plantean más medidas de eficiencia energética como la instalación de placas solares o de calderas de biomasa. «Es algo que todavía hay que estudiar para analizar los pros y los contras», explica María Lozano, portavoz del Gobierno municipal y concejal de Deportes.

En Extremadura hay 21 piscinas cubiertas y cinco de ellas están cerradas por causas distintas. La última en echar el cierre, la piscina municipal de Villafranca de los Barros, ya informó a mediados de octubre de que no abriría esta temporada por la elevada factura que supone a las arcas municipales. «El coste del gas se ha triplicado, vemos inasumible abrir la piscina... De hacerlo podríamos entrar en una situación ruinosa. Si la situación cambiase, si vemos que la curva del precio baja, aunque perdiésemos dinero, porque entendemos que es un servicio deficitario, abriríamos de cara ya a enero», explica el concejal de Economía Juan Carlos García. Sus cuentas revelaban que estaban pagando el triple en gas comparando el coste de esta fuente de energía entre 2019 y 2022.

Otra piscina cubierta, la de Zafra, en estos momentos está valorando retrasar a enero su apertura en vez de hacerlo en noviembre como es habitual, con lo que ahorrarían más de dos meses de gastos en energía. Así lo reconoció esta semana su concejala de Deportes, Antonia Toro, informa Ana Magro.

Otras piscinas cubiertas están cerradas por obras, como la de Navalmoral o Trujillo. Sus gestores se librarán del hachazo que supone calentar agua y habitáculo durante parte del otoño, el invierno entero y parte de la primavera. Y luego está la de Alburquerque, que abrió en 2006 y cerró en 2012 porque el Ayuntamiento no consiguió dinero para mantenerla, y eso que decidió que su fuente de energía fueran placas solares, algo que según los expertos no basta para aclimatar una piscina cubierta pues como mucho da para calentar el agua de las duchas.

Entre las abiertas, la piscina de la Ciudad Deportiva de Cáceres, la única que gestiona la Junta de Extremadura en la región, ha multiplicado por dos su coste de mantenimiento en los dos últimos meses respecto al mismo periodo del año pasado, reconocían esta semana desde la Administración autonómica, si bien no habrá cambios y de cara a los usuarios seguirá funcionando con normalidad.

Además de la que hay en la Facultad de Ciencias del Deporte, también en la capital cacereña funciona otra piscina privada, aunque en régimen de concesión. Es la del Perú Wellness Center, que tiene dos vasos, uno de 33 por 10 metros divisible y destinado a cursos y otro de 25 por 16 metros con ocho calles. Su gerente, Jorge Azcona, explicaba esta semana a HOY que «en un año completo como 2019, el coste de la luz y el gas fue de 169.000 euros. En este 2022, con las estimaciones hechas hasta final de año, se ha disparado a 369.000 euros».

Según explica, en un complejo que tenga piscina, centro deportivo y gimnasio, el 65% del coste energético lo consume la zona de agua, por eso en otras zonas de España otros centros han cerrado sus piscinas por primera vez al no poder afrontar tan alto coste energético.

«Nosotros mantenemos abierto y tal y como está la cosa no podemos subir el precio a los clientes, sería un suicidio. Tampoco podemos bajar uno o varios grados la temperatura porque si empieza a haber constipados perdería clientes de los cursos de natación», dice este gerente cuya solución sería volver a bajar el IVA de los centros deportivos del 21% al 8% como hace diez años. Su argumento es que fomentar la actividad física es invertir en salud y por tanto se termina ahorrando en sanidad.

En Extremadura, en general, las piscinas son de titularidad municipal, y Lozano cree que en poblaciones de menos de 20.000 habitantes con un presupuesto limitado es complicado asumir el coste de una piscina climatizada. Ocurre en Campanario, por ejemplo. En esta localidad de 4.960 habitantes, según informa Celia García, ya tuvieron que cerrar su piscina climatizada hace ocho años. Según explica el alcalde, Elías López, la instalación ha pasado tanto tiempo cerrada debido al alto consumo de gasoil que tenía la caldera. Para 2020 pidieron una ayuda a Diputación de Badajoz y les concedieron en torno a 150.000 euros para instalar una caldera de biomasa. Intentarán reabrirla en breve.

No muy lejos, en Miajadas (9.600 habitantes), también tienen piscina climatizada. El concejal de Deportes, Jesús Sánchez, explica que la factura se ha disparado. «Nos han triplicado el precio sobre lo que teníamos presupuestado inicialmente para la compra de pellets, que se ha ido de 30.000 a 90.000 euros. Llevamos desde agosto buscando suministradores y hemos tenido problemas, así que aunque no nos garantizan el suministro, vamos a procurar mantenerla abierta en las mismas condiciones y con los mismos precios. Lo que vamos a intentar es que vaya más gente porque, ya que nos ha subido tanto el coste, que podamos compensarlo con la gente que vaya a la piscina». Este mismo problema de suministro de pellet ya lo padeció en 2020 la piscina de Navalmoral, lo que motivó su cierre temporalmente.

A punto de entrar en año electoral, salvo los casos puntuales de Villafranca de los Barros o Zafra, ningún Ayuntamiento tiene previsto cerrar temporalmente o aumentar el coste de la entrada para compensar la subida de la energía, aunque en muchos casos se han tomado medidas de manera indirecta.

Mérida, por ejemplo, aprobó en el pleno de septiembre una modificación del dinero del superávit para destinarlo a la subida del coste de la energía y así hacer frente a los servicios y proyectos con normalidad sin necesidad de repercutirlo en el usuario. Tampoco subirá de precio la piscina climatizada que gestiona. La corporación municipal de Badajoz (hay dos piscinas municipales climatizadas más otra privada) hizo lo mismo en el pleno de octubre y modificó su presupuesto para reservar cinco millones de euros con los que afrontar el sobrecoste de gas, luz y carburante. La Fundación Municipal de Deportes de Badajoz cobra 3,50 euros por usar una hora la piscina (2,55 con un bono de veinte baños)

De las 16 piscinas públicas que hoy están abiertas la más antigua es la de Almendralejo, que abrió en 1981 y la última en abrir fue en 2019 la de Moraleja (6.700 habitantes). De manera general, salvo el caso confirmado de Villafranca, no harán cambios en su gestión para compensar la factura eléctrica.