Condenas menores para 22 implicados por una pelea de gallos en Montijo

Estas personas fueron sorprendidas por agentes de la Guardia Civil en un evento que se celebró el 6 de abril de 2019 en una finca del término municipal de Montijo. Pero no se pudo identificar a los organizadores.

Entre los detenidos se encontraba un matrimonio que alquiló las instalaciones para la pelea y montó una barra para vender bebidas, bocadillos y tabaco, aunque no se les considera responsables del evento. El lugar contenía dependencias adecuadas tanto para el almacenamiento de los gallos y los transportines en los que eran desplazados, como para las luchas y la acomodación de los asistentes. También se arrestó a un juez árbitro que controlaba los tiempos de la pelea y el peso de los animales.

Junto a estos tres implicados, se identificó a otras veinte personas que eran propietarias de 52 gallos y que competían en equipos por trofeos o apostaban por la marcha de las peleas. Uno de los acusados acudió junto a su hijo, de cinco años de edad. De los animales hallados, 17 tenían heridas que en un caso llegaron a causar la muerte. Asimismo, todos los gallos intervenidos presentaban mutilaciones en cresta, barbilla y espolones, además de estar desplumados en los extremos de las alas, talón y muslo, unas lesiones destinadas a facilitar la lucha a muerte.

Los agentes intervinieron otros ocho gallos, sin propietario conocido, de los que dos mostraban heridas que causaron la muerte en uno de los casos.

De esa forma, en total se hallaron 60 animales, de los que 19 sufrieron lesiones que llevaron al fallecimiento de dos ejemplares. Las peleas de gallos están expresamente prohibidas por la Ley de protección de los animales de Extremadura.

La acusación pública apreció hasta cuatro tipo de delitos de maltrato animal: uno por las mutilaciones, otro por las lesiones, otro agravado por daños con presencia de un menor y otro por causar la muerte. Para los responsables de la barra y la persona que ejercía de juez se pedían las penas más altas, por encima de 17 años, por considerarles cooperadores necesarios de todos los delitos de maltrato excepto por las mutilaciones. Y para el resto la petición dependía del número de gallos de su propiedad y de los daños que sufrieron, con una cantidad superior para quien acudió con su hijo de cinco años. Las asociaciones SOS 112 Vagabundos y Ecologistas en Acción también estaban personados como acusación popular.

El juicio estaba señalado para los cinco últimos días de junio en el Juzgado de lo Penal número 2 de Mérida, pero antes de la vista se llegó a un acuerdo por todas las partes por el cual 22 de los acusados reconocieron los hechos, que se rebajaron a la calificación de delito leve.

Para 21 de los implicados se impuso una multa de cuatro meses y quince días a razón de 5 euros diarios, lo que supone 675 euros. Para el acusado que acudió con su hijo menor de edad la condena es de multa de tres meses pero por 10 euros al día, lo que se traduce en 900 euros. A esto se suman penas de inhabilitación y el registro de antecedentes.

Para José Duarte, uno de los abogados de la defensa, se trata de un buen acuerdo para todas las partes. Para los acusados, porque evitan el riesgo a una pena de prisión muy elevada. Pero también para las acusaciones, ya que han conseguido una sentencia condenatoria y que se admitan los hechos.

De esa forma, más allá de la gravedad de las penas, se ha logrado lanzar un aviso a quienes aún consideran que las peleas de gallos son una simple afición.