A la caza de viviendas ilegales en Extremadura

La Sierra de San Pedro, los Llanos de Cáceres, Gredos, el Valle del Jerte, los alrededores del embalse de Orellana y Sierra de Pela, Santa Bárbara en Plasencia... La lista de lugares que en Extremadura destacan por su valor medioambiental es muy amplia. Son Zonas de Especial Protección para las Aves, lugares de importancia comunitaria, paisajes protegidos... Los títulos que ostentan también son muchos y, aunque cada uno de ellos destaca un aspecto determinado, todos ponen de manifiesto que esos terrenos son intocables. Sin embargo, la realidad demuestra que no siempre es así. De hecho, cientos de viviendas ilegales se llevan construyendo en esos suelos desde la década de los ochenta. Sin embargo, las denuncias contra este tipo de construcciones pocas veces acaban en demolición.

Desde el año 2015 hasta ahora, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) ha denunciado 564 infracciones por construcciones fuera de la ley en Extremadura. De ellas, 237 las realizó la comandancia de Badajoz y 327 la de Cáceres. En lo que va de 2019 se han registrado un total de 81, una cifra muy similar a la de años anteriores si se tiene en cuenta que estamos en el mes de octubre y que la media se situó en 121. De hecho, así lo confirman desde el propio Cuerpo de Seguridad, que apunta a que «la vigilancia en materia de urbanismo y ordenación del territorio es similar cada año».

En la mayoría de los casos suelen poner el foco en obras sin permisos que cuando están acabadas se convierten en segunda residencia. En definitiva, casas de campo o ampliaciones de pequeños espacios para los aperos que pasan a ser el lugar de ocio de los fines de semana y el verano. «Los casos que se dan en espacios protegidos son menos, aunque en ocasiones también nos encontramos con obras levantadas en suelos como las vías pecuarias o los parques naturales», detalla la Guardia Civil.

En concreto, desde 2015 han puesto 67 denuncias relacionadas con zonas de especial protección. De ellas, 48 han sido en la provincia de Badajoz y 19 en la de Cáceres. De perseguir esos hechos se encarga el Seprona. Son los agentes de la naturaleza que investigan para determinar quién es el responsable y a continuación comunican la falta a la autoridad competente. Si estiman que supone un comportamiento delictivo lo ponen en conocimiento del poder judicial. En los últimos cinco años, 42 infracciones fueron penales y 522 administrativas.

Hay que tener en cuenta que estas cifras son solo una parte de las denuncias motivadas por este asunto. Los particulares también pueden avisar de estas infracciones, al igual que los ayuntamientos, tal y como explica la Consejería de Ordenación del Territorio de la Junta de Extremadura. «Los municipios son los encargados de velar por el control de la legalidad urbanística. La Administración se encarga de ello cuando tiene por objeto la protección de los bienes del patrimonio histórico, cultural y artístico, los espacios naturales protegidos, el dominio público de titularidad autonómica y las carreteras y demás obras e infraestructuras», detallan.

La Memoria de la Fiscalía de Extremadura recoge la denuncias que durante 2018 se interpusieron por delitos de ordenación del territorio, patrimonio histórico y medioambiental. En total fueron 156, de las cuales 33 fueron exclusivamente por ordenación del territorio y diez contra los recursos naturales y el medioambiente. Aunque no todas se pueden atribuir a la construcción de viviendas ilegales, esas cifras ponen de manifiesto que cada año aumenta el número de infracciones por este asunto. En 2017 hubo 120, un 30% menos que en 2018.

Sin embargo, las viviendas que acaban reducidas a escombros son muy pocas. En la mayoría de los casos acumulan años de proceso judicial que termina archivándose. En la última Memoria de la Fiscalía de Extremadura, los fiscales de las dos provincias que llevan delitos vinculados contra el medio ambiente y urbanismo apuntan a que en 2018 solo se produjo una demolición de una vivienda en la comunidad autónoma. En concreto fue en un municipio de provincia cacereña del que no se aporta su nombre y se trató de un derribo voluntario de un chalé por parte de un particular antes de que se celebrara juicio, es decir, después de una denuncia y tras un pacto con el fiscal.

Este año, ha habido al menos dos demoliciones y el foco ha estado puesto sobre todo en la provincia cacereña. El primer derribo fue en la sierra placentina de Santa Bárbara. Pertenecía a Juan Ángel Bermejo y en ella vivía con su mujer y sus dos hijos desde 2015. Él reconoció públicamente que era consciente de que no se podía construir en la sierra, pero decidió continuar porque nunca se había tirado ninguna. Se trata de un pensamiento generalizado entre los vecinos de esta zona, donde hay más de 500 casas que se vienen levantando desde hace cuatro décadas.

Este propietario no es el único inmerso en un proceso judicial por construir sin las licencias y permisos pertinentes. De hecho, el Juzgado de lo Penal hizo pública a finales del pasado abril una sentencia por la que otros cuatro vecinos de la sierra de Santa Bárbara han sido condenados por un delito contra la ordenación del territorio. A ellos se suma otra vecina cuyo juicio será el próximo 30 de octubre. Le piden dos años y nueve meses de cárcel, demolición y multa de 8.400 euros por levantar una casa sin los permisos pertinentes en la parcela 108 del polígono 13, en el término municipal de Malpartida de Plasencia.

El segundo derribo del año fue en la localidad cacereña de Sierra de Fuentes. Mercedes Expósito y su hijo Manuel vieron cómo parte de la casa que construyeron en 2010 quedaba reducida a escombros el pasado mes de septiembre. Una sentencia de 2013 le obligaba a demolerla por convertir una nave agrícola en vivienda en suelo no urbanizable y en una ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves).

Sierra de Fuentes es una de las zonas conocidas en la provincia cacereña como lugar en el que se han construido viviendas ilegales. Lo confirma el secretario de su Ayuntamiento que hace las notificaciones a los denunciados por estos asuntos. «En la década de los ochenta y los noventa la gente empezó a hacer casas en el campo y algunos se metieron en zona ZEPA. Ya hay otro caso similar que está a la espera de juicio. Además, desde 2006 han pasado por este Ayuntamiento unas 15 denuncias por infracciones urbanísticas relacionadas con casas ilegales. Al menos seis se levantaron en la zona considerada de especial protección de aves», añade.

En la provincia pacense también hay varios casos. Por ejemplo, unos 200 vecinos de Los Rostros tienen casa construida al margen de la ley. Compraron un terreno no urbanizable y están a la espera de que se ejecuten las órdenes de demolición de las casas. Hace ya 14 años un juez ordenó el derribo de la canalización de agua, como aparece en la foto junto a estas líneas.

Los casos se extienden por casi toda la geografía extremeña. Don Benito es el término municipal con mayor número de construcciones en suelo no urbanizable, en concreto 1.730. Las dos capitales de provincia también tienen más de 1.000 cada una, y las comarcas del norte de Cáceres destacan del mismo modo por su elevado número. Tan solo hay dos municipios sin una sola vivienda en suelo protegido (Higuera de Albalat y Holguera), según el único estudio en profundidad que hay sobre este asunto en la región. Su autor es el geógrafo Víctor Jiménez y ha tardado en elaborarlo más de cuatro años. El resultado es una tesis que fue presentada hace dos años en la UEx.

El debate en torno a la posible legalización de construcciones ilegales se ha intensificado después de conocerse el decreto aprobado por el Gobierno de Andalucía con el que quieren resolver el problema de más de 300.000 viviendas irregulares en esa región. El Ejecutivo dice que no se trata de una amnistía y alude al concepto de asimilado a fuera de ordenación (AFO), una figura que supone el reconocimiento de una situación de irregularidad ante la que, al prescribir el delito, no cabe adoptar medidas de restablecimiento de la legalidad. La declaración AFO permite que los propietarios accedan al Registro de la Propiedad y a servicios básicos como el agua, la luz y el saneamiento, así como la posibilidad de realizar obras de conservación y mantenimiento.

Además, hasta ahora los asentamientos debían figurar en los planes generales y, una vez superado ese paso, los ayuntamientos tenían que desarrollar un plan especial o parcial para cada uno. Ese proceso se alargaba casi 11 años, algo que según el Gobierno andaluz puede resolverse ahora en un plazo de entre 12 y 18 meses.

En Extremadura, lo más parecido a eso es la aprobación de la Ley de ordenación territorial y urbanística sostenible de Extremadura, conocida como Lotus, que entró en vigor a finales de junio de 2019. Incluye una novedad que permite la regularización de asentamientos en suelo rústico, es decir, zonas afectadas por construcciones ilegales a las que la prescripción hace inaplicable la restauración disciplinaria y posibles sanciones.

Para ello, según explican los técnicos de la Consejería de Ordenación del Territorio, «los titulares podrán constituirse en una entidad autónoma de conservación, que debe responsabilizarse de la ejecución y cumplimiento de las medidas previstas en el correspondiente plan especial, esencialmente en lo referente a paliar el efecto medioambiental y paisajístico, cumpliendo con unos mínimos de infraestructuras sanitarias». Una vez ejecutadas esas medidas el conjunto de viviendas puede obtener la calificación rústica para solicitar su posterior licencia municipal.

«No se va a legalizar lo que es ilegal. Solo los asentamientos en suelo rústico y siempre con planes periurbanos y con el aval del Consejo de Estado», ha precisado la consejera Begoña García Bernal en varias ocasiones. Sus técnicos vuelven a incidir en ese concepto. «La legalización no debe esperarse como una dispensa o gracia arbitraria que puede recaer sobre el infractor, exonerándolo del cumplimiento de las normas», destacan antes de apuntar a que en los tres meses que lleva en funcionamiento la Lotus no se ha culminado ningún proceso de legalización. «Estimamos que no ha habido plazo suficiente para el desarrollo de todo el procedimiento», concluyen.