«Los casos de cazadores que matan al perro porque no les vale son muy pocos»

Sostienen que «es especialmente grave porque se investiga a quien en su trabajo tiene que velar por la protección de los animales» y piden penas, en algunos casos, similares a las solicitadas por la Fiscalía de Mérida: más de 50 años de prisión para la veterinaria y hasta diez para los propietarios de los perros.

Desde Fedexcaza mantienen que «esto es un caso aislado» y que no se puede estigmatizar al sector. «La leyenda negra del cazador que mata al perro porque ya no le vale es testimonial. Es algo que pasa muy poco», asegura José Antonio Casas Falcón, abogado de Fedexcaza.

Apunta que no había visto un caso similar y lleva como asesor jurídico de Fedexcaza 15 años. «Contra cazadores por número y por circunstancias es el más importante. Además, se incluye a una veterinaria y hay indicios razonables de criminalidad, pero será en el procedimiento penal donde eso se tendrá que demostrar», matiza Falcón.

Dice que no han dudado en presentarse como acusación porque defienden una adecuada gestión cinegética. «No se puede consentir que la actuación de unos machaque la imagen de todos. No se va al campo a matar indiscriminadamente y podemos asegurar que la inmensa mayoría de los cazadores cuidan a sus perros de una forma extraordinaria. Es verdad que culturalmente y socialmente también se dan este tipo de situaciones indebidas, pero no es una práctica generalizada», afirma rotundamente.

Con él coincide el Colegio de Veterinarios de Badajoz. Su presidente, José Marín, indica que colaboraron con el Seprona desde el principio de la investigación. «Somos los primeros en querer averiguar si esta persona ha hecho lo que parece», dice el responsable de la institución. «En el caso de que se demuestre y se condene a la veterinaria, le hace un flaco favor a la profesión», lamenta Marín.

Apunta que no se han dado más situaciones de este tipo que él recuerde. «Los veterinarios y la sociedad en general están muy sensibilizados con el bienestar animal. Del mismo modo que defiendo a la profesión veterinaria, defiendo a los cazadores. La inmensa mayoría tratan y cuidan sus perros bien», asegura el presidente del Colegio.

Teresa Salado y Gemma Álvarez, abogadas de las asociaciones Adana Badajoz y SOS Perros Badajoz, respectivamente, inciden en «la gravedad de este asunto porque la principal acusada es una veterinaria». Esperan «una sentencia ejemplarizante para que se modifiquen los protocolos de actuación y haya más controles sobre los profesionales, que son los que deben velar por proteger a los animales».

Desde Ecologistas en Acción creen que «esto puede ser una práctica que se haga con cierta frecuencia por parte, no de los veterinarios que son profesionales y tienen un código ético, pero sí por muchos cazadores». Ángel García, abogado de esta asociación conservacionista, comenta que «de todos es sabido que cuando el perro no vale para cazar acaba siendo sacrificado».

García explica que «este procedimiento debe ser ejemplarizante para que la comunidad de cazadores sepa que esto no se puede hacer». Apunta que «son muchos los animales que han sido sacrificados».

Según la Fiscalía son 39 perros y las acusaciones particulares lo elevan a 41. En sus escritos coinciden en general en el relato de los hechos. Supuestamente los propietarios de los animales acudían a la veterinaria alegando que los perros ya no valían para la caza, por lo que querían deshacerse de ellos y la principal acusada se ofrecía a facilitar una muerte indolora con una inyección letal.