227 técnicos de educación infantil perderán su trabajo en Extremadura a final de año
Sindicatos, partidos políticos y los afectados reclaman a la Junta que no sean despedidos; Educación dice que debe cumplir la legalidad y que los puestos, ahora coyunturales, pasarán a ser estructurales
227 técnicos de Educación Infantil serán despedidos a final de año por la Consejería de Educación. Perderán sus trabajos en las aulas, puestas en marcha ... dentro del programa de 1-2 años. Algunos contratos «como el mío, a través de un riguroso proceso de oposición, serán rescindidos de forma anticipada tras un año y tres meses de trabajo, a pesar de que estaban programados para durar tres años», critica Azahara Santano, técnica de educación infantil (TEIs) en el colegio de Talaván (Cáceres). "No lo esperábamos, ni estamos preparados para ello. Espero que la Junta recapacite y ponga fórmulas para seguir trabajando con los niños, que son grandes perjudicados también" a partir del próximo mes de enero. Los trabajadores serán despedidos pero el programa de educación de 1-2 años se mantiene, por lo que serán reemplazados por otras personas, ahora en bolsa.
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Sindicatos como USO, UGT y CSIF y grupos políticos como el PSOE y Unidas por Extremadura solicitan a la Junta que dé marcha atrás en esa decisión.
El programa Aula de 1-2 años fue puesto en marcha hace dos cursos por el anterior Ejecutivo regional de Guillermo Fernández Vara para la extensión del sistema educativo gratuito y universal de los 0 a los 3 años. Se contrataron a técnicos desde 2021 con cargo al Mecanismo de Recuperación (Fondos New Generation) para poner en marcha el Programa de Cooperación Territorial que impulsa la escolarización del Primer Ciclo de Educación Infantil (0-3) en nuestra región con plazas públicas de alta calidad, preferentemente, en zonas rurales y en los barrios más vulnerables de las ciudades. Con el nuevo Ejecutivo de Guardiola sigue adelante aunque con cambios que afectan a los técnicos que trabajan ahora mismo en esas aulas.
«Nos ha dicho la Consejería que el programa de Aulas 1-2 sigue adelante, que meterán a nueva gente. No tiene sentido alguno despedir a 227 trabajadores ahora porque eso daña, en primer lugar, a los niños y, por supuesto, deja sin trabajo a 227 personas. Solicitamos que la Junta haga una modificación de los contratos», explica a HOY Juan Carlos Talavera, del sindicato USO.
Las aulas del programa de 1-2 años, hasta ahora financiadas con fondos europeos, pasarán a ser gestionadas directamente por la Junta de Extremadura. Por tanto se crea una nueva estructura laboral con plazas fijas. Sin embargo, los actuales técnicos de educación infantil no tendrán la posibilidad de continuar en sus puestos, ya que serán reemplazados por personal procedente, en su mayoría, a la bolsa extraordinaria, inicialmente diseñada para atender necesidades urgentes del servicio. «Nos deja a los afectados sin oportunidad de recuperar nuestros contratos», subraya Santana en declaraciones a HOY "porque ha sido comunicada de manera indirecta, a través de sindicatos, no a nosotros, de forma repentina y sin plantear alternativas".
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Incide la técnica de educación infantil que, además del impacto laboral, la medida tendrá consecuencias directas en miles de niños de entre 1 y 3 años que tendrán que enfrentarse nuevamente al periodo de adaptación al ser sustituidos sus educadores actuales. «El vínculo creado con los técnicos actuales es esencial para el bienestar de los pequeños. Esto es una ruptura innecesaria y perjudicial para su desarrollo emocional», señalan otras trabajadoras que van a ser despedidas.
USO celebra que la Junta reconozca «finalmente» la naturaleza estructural de estos puestos pero señala que es «inaceptable» que no se hayan adoptado medidas para evitar el cese del personal que actualmente desempeña estas funciones. «Han sido fundamentales para el éxito del programa», incide Talavera. Por ello exige que todos los contratos vigentes se transformen en indefinidos «hasta la cobertura reglamentaria establecida en el convenio de Personal Laboral de la Junta». La amortización de estos 227 puestos, sin la continuidad del personal actual, «puede constituir un despido improcedente y supone un ataque a los derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores afectados».
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Por su parte, UGT acusa a Educación de «falta de planificación, que ha generado incertidumbre laboral para los técnicos y un impacto negativo en las familias afectadas. »Es inadmisible que no se haya diseñado una transición que respete el carácter educativo de estos puestos y garantice la calidad del servicio público en una etapa tan crucial como la infantil», dice el sindicato ugetista, «consignando nuevos créditos presupuestarios o buscando más fórmulas que permitieran la continuidad, al menos hasta la finalización del curso escolar, máxime cuando la ejecución del programa permite llegar hasta el 31 de diciembre de 2025».
Mientras, CSIF pide a la Junta de Extremadura "encontrar soluciones para dar continuidad legal" a los trabajadores que actualmente están ocupando las 227 plazas de Técnicos de Educación Infantil en las Aulas 1-2. Señala este sindicato que "lleva tiempo advirtiendo de los problemas que causaría una falta de previsión en la fecha de finalización de estos contratos". Valora que la Consejería haya dado continuidad al proyecto asumiendo el gasto de la creación de esas plazas en la Relación de Puestos de Trabajo "pero la forma en la que se van a producir los ceses no es la más acertada".
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Propuso a la Administración varias soluciones, como que los contratos lleguen todos hasta los tres años o que el cese se haga antes del periodo navideño y la incorporación se realice el 8 de enero, para tener tiempo suficiente de que los trabajadores que cesen puedan incorporarse a la bolsa de espera correspondiente antes de que se produzca el nuevo llamamiento que se tiene previsto realizar para volver a ocupar las plazas. Pero, por ahora, no han sido aceptadas.
En clave política, Fran Amaya, portavoz educativo del PSOE extremeño, señala que “de repente, la señora Guardiola se olvida del interés general, de 2.232 familias que verán cómo sus hijos cambiarán de profesionales desde el 2 de enero”. Según Amaya, la Junta de Extremadura, además, miente a los sindicatos cuando alega que deben sacar las plazas porque el programa finaliza a 31 de diciembre de 2024. Según el secretario de Políticas Educativas del PSOE, “es falso, tal y como muestra el BOE del 26 de diciembre de 2023, que contempla que las administraciones autonómicas podrán ejecutar el programa hasta el 31 de diciembre de 2025”.
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Según el representante socialista, este hecho permite que las 227 plazas pudieran seguir ocupadas por las mismas personas hasta diciembre de 2025. Además el Gobierno del PP “impide que las personas contratadas puedan presentarse la provisión de estas plazas".
Por su parte, Unidas por Extremadura, a través de su diputado Joaquín Macías, recuerda que se sabía que la financiación europea se acababa este año y que debían ser sufragadas desde Extremadura estas aulas.
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Señala Macías que el gobierno del Partido Popular ha elaborado, una vez más, «una chapuza. En lugar de subrogar los contratos de estos técnicos hasta finalizar el curso y, al mismo tiempo, sacar otro proceso selectivo para que los nuevos profesionales se incorporaran durante el curso siguiente, han decidido cortar por lo sano, sin importar las consecuencias que esto pudiera generar».
Joaquín Macías ha detallado que la principal consecuencia es que 227 personas que están trabajando en nuestra región se van a la calle, «aunque hayan pasado por un proceso selectivo, y se dotará ahora a esas aulas por trabajadores de una bolsa extraordinaria que han convocado con anterioridad».
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Respuesta de Educación
Por su parte, la Consejería de Educación, a preguntas de HOY, aclara en primer lugar que no va a cerrar ninguna de las aulas de Educación Infantil sujetas al programa experimental Aulas 1-2 años financiado con fondos europeos hasta el próximo 31 de diciembre.
La voluntad de la Junta de Extremadura «es seguir ofreciendo a las familias extremeñas el servicio público» en el Primer ciclo de Educación Infantil. De esta forma, ha decidido mantener abiertas esas 124 aulas y las plazas TEIs de las mismas a partir del 1 de enero, «realizando un gran esfuerzo económico y financiándolas con fondos propios de la comunidad autónoma con una inversión de casi 8 millones».
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Sobre los 227 despidos que va a realizar, «entendemos el malestar de los afectados», recuerda que los puestos de trabajo vinculados a esas aulas «están sujetos a la extinción de los fondos europeos, y está en conocimiento de los técnicos de educación infantil porque figura en el contrato suscrito con los mismos».
La Junta de Extremadura dice que para mantener las aulas y dar estabilidad a esos puestos de trabajo se han creado esas plazas en la relación de puestos de trabajo de la Consejería de Educación. Para cubrir esos puestos se va a recurrir a la bolsa de trabajo de la Dirección General de Función Pública para realizar una selección de los aspirantes que pueda garantizar que a partir del 8 de enero estén cubiertas las plazas.
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El Gobierno regional «garantiza el mantenimiento de las aulas y de las plazas TEI de las mismas que estarán cubiertas a partir del 8 de enero tras las Navidades».
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