El Supremo confirma la ilegalidad del proyecto de la Isla de Valdecañas

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado los recursos presentados por la Junta de Extremadura, la entidad Marina Isla Valdecañas S. A, y los ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo contra las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) que declararon nulos el decreto y el Proyecto de Interés Regional (PIR) que dio lugar al complejo turístico-deportivo y de ocio Marina Isla de Valdecañas.

De este modo, la decisión del Supremo confirma las resoluciones del TSJEx que ordenaron la «reposición de los terrenos a que se refieren las mencionadas actuaciones a la situación anterior a la aprobación de dicho proyecto y los actos que se hubieran ejecutado con fundamento en el mismo». El TSJEx dio en su día la razón a Adenex y a Ecologistas en Acción, que habían impugnado el decreto que aprobó dicho Plan de Interés Regional.

Ahora, en dos sentencias de contenido similar, el Supremo valida todos los argumentos empleados por el TSJEx, al subrayar que este «explica pormenorizadamente porqué debe considerarse insuficiente la motivación del decreto de aprobación del Proyecto de Interés Regional». En ese sentido se destaca la falta de motivación en lo relativo a la incidencia socioeconómica del PIR y al cambio de clasificación de terrenos que son suelo no urbanizable especialmente protegido.

Los terrenos donde se construyó el complejo urbanístico -que cuenta con 185 villas, un campo de golf y un hotel, entre otras instalaciones- están incluidos en la Red Natura 2000. La sentencia del Supremo recuerda que la jurisprudencia, puesta en relación con la normativa comunitaria europea sobre protección ambiental, «deja claramente establecido que cuando unos terrenos están sujetos a algún régimen especial de protección sectorial, lo mismo que cuando concurren en ellos valores de los que la legislación urbanística considera merecedores de protección, resulta preceptiva su exclusión del desarrollo urbano y su clasificación como suelo no urbanizable de especial protección».

El decreto impugnado fue aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura el 10 de abril de 2007 y supuso la aprobación definitiva del PIR, que dio lugar a la reclasificación y ordenación de terrenos situados en el embalse de Valdecañas, entre El Gordo y Berrocalejo. El destino era la construcción del "Complejo Turístico, de Salud, Paisajístico y de Servicios Marina Isla de Valdecañas".

Tanto José María González Mazón, presidente de Adenex, como Paca Blanco, responsable de Ecologistas en Acción, se encontraban ayer en El Gordo para analizar la sentencia, estudiar los siguientes pasos a dar y atender a los numerosos medios de comunicación que se dirigieron a ellos. González Mazón dijo a HOY que hay satisfacción, «y no solo por nosotros como movimiento social y ecologista, sino para todos los ciudadanos, porque la sentencia lo que reconoce es que la administración, en este caso un gobierno regional, no pueden saltarse la ley y no seguir un estado de Derecho. Es un ejemplo que tenemos que intentar que se cumpla para que se aprenda de él».

Cuando este diario le insistió en que si la restitución a la situación anterior significa que se debe derribar lo construido y plantarse árboles, el presidente de Adenex se resistió a hablar de demolición, pero al mismo tiempo insistió en el cumplimiento de la sentencia.

«Vamos a ir a que la sentencia se cumpla, aunque la sentencia no dice que se derribe. Lo que dice es que no se puede construir en cualquier sitio y de cualquier forma. Habrá que hacer un estudio del daño que ocasiona ese derribo, cuáles son los pros y los contras de dejarlo como está. Aunque enteramente no, porque hay un hotel a medio construir que habría que demoler. También el puerto es fácil de tirar», explicó.

«En cuanto a las viviendas -añadió el presidente de Adenex- ya hay propietarios que han pedido al promotor que les devuelva el dinero y han ganado sentencias en varios sitios, como Andalucía y el País Vasco. En cuanto al resto de las viviendas, si al final alguien lo tiene que pagar vamos a ir a por ello, incluso por la vía penal, para que lo paguen los responsables. Los políticos, que lo autorizaron a sabiendas de que era ilegal, empezando por el entonces presidente de la Junta (Rodríguez Ibarra), y los promotores, que también sabían que estaban haciendo algo de una manera torticera. Incluso los alcaldes de El Gordo y Berrocalejo».

Retroceso de 50 años

El actual alcalde de El Gordo, Elías Correas, manifestó a Efe que la eliminación del complejo turístico Marina Isla de Valdecañas sería la «muerte» económica de la zona, ya que da trabajo a unas 300 personas y se había conseguido incrementar la población. Correas confesaba sentirse «roto» por una decisión del Supremo que considera «una desgracia».

Asimismo señaló que están a la espera de que se pronuncie la Junta (lo que sucedió horas después) u otra instancia, y que lucharán «con toda la legalidad que haya para salvar esto y a las familias que viven de esto, que son muchas». A su juicio, la desaparición del complejo supondría «retroceder 50 años» al perder los puestos de trabajo directos y numerosos negocios ligados al mismo, como los de suministro de materiales y productos, de mantenimiento de las instalaciones o de hostelería.

Pese a intentarlo en varias ocasiones, HOY no pudo contar con el representante de la empresa promotora para recoger sus impresiones.