Una resolución judicial impide al Badajoz inscribirse en Segunda RFEF por deudas con jugadores

Según indica el escrito, esta resolución viene motivada por las deudas que mantiene con jugadores de la temporada 2020/21 o anteriores y en el Badajoz consideran que «incumple la legislación mercantil», por lo que agotaran todas las vías de recurso. El asesor jurídico de la entidad extremeña comentó a este diario que se trata de deudas previas a la presentación del concurso de acreedores, que se produjo el 5 de agosto de 2022, relativas a impagos a cinco jugadores por un valor cercano a los 78.000 euros.

Es una situación análoga a la que se produjo el curso pasado, cuando finalmente pudo inscribirse en Primera RFEF después de que el Juzgado de lo Mercantil diera el visto bueno en un auto que se firmó el 24 de agosto, apenas unos días antes del inicio de la liga, y cuya validez tenía vigencia hasta 30 de junio de 2023.

En ese documento quedaba sin efecto cualquier decisión federativa que impidiera al Badajoz hacer uso de sus derechos federativos. Y todo apunta a que será el mismo desenlace de este nuevo capítulo. Así lo transmite Diego García, aunque sin garantizar que se vaya a producir ese escenario. En cualquier caso, no habrá que esperar tanto como el curso pasado y el 18 de julio la jueza del Juzgado de lo Mercantil ha citado a la Federación, al administrador concursal y al club para tomar una decisión concerniente a si prolonga dicho auto de medidas cautelares, lo cual daría vía libre al Badajoz para participar en Segunda RFEF.

Desde el Badajoz se entiende que no existe ningún motivo para que la resolución no sea favorable. «Vamos a pasar un par de meses intensos con las firmas de las adhesiones (al convenio de acreedores) pero no hay circunstancias que indiquen que no se pueda resolver en otro sentido», expresa Diego García, que argumenta que los propietarios están realizando una gran inversión para mantener al día el abono de las nóminas, ya que, según afirma, solo se debe la de junio, que se ingresará la próxima semana, cumpliendo también con Hacienda y Seguridad Social. El responsable de los servicios jurídicos explica que en caso de no concederse la cautelar, «la única posibilidad sería pagar esas cantidades concursales, pero estaríamos incurriendo en una situación ilícita».