Un ludópata de Cáceres es condenado por quedarse con 62.000 euros del hermano que tutela

Según se recoge en el apartado de hechos probados de la sentencia, el 10 de diciembre de 1996 el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Cáceres dictó una sentencia por la que declaró la incapacidad total de una persona, rehabilitando la patria potestad de sus progenitores. El 2 de febrero de 2006 el juzgado número 3 de Plasencia nombró como tutor del incapacitado a un hermano. Esta persona eludió su obligación de presentar en el juzgado el informe anual de rendición de cuentas correspondiente a su cargo de tutor. No presentó informe alguno desde 2014 al 2021. Él tenía una cuenta bancaria con su hermano en la que éste recibía su pensión, con la que se pagaba la residencia en la que está ingresado. El ahora condenado no pagaba la residencia y se apropió del dinero de la pensión. No pagó durante siete años, desde enero de 2015 a enero de 2022, fecha en la que fue denunciado. Entonces se comprobó que la cuenta que tenía con su hermano tenía 0 euros de saldo. El dinero que se apropió de su hermano asciende a 62.300 euros.

El procesado es ludópata y ha estado en tratamiento en varios periodos. Esta circunstancia afecta su capacidad volitiva.

La Audiencia Provincial le ha condenado a 3 meses de prisión por el delito de abandono de familia, y por el delito de apropiación indebida a un año y seis meses de prisión, 360 euros de multa y devolver a su hermano 62.300 euros.

Tras comprometerse el condenado a pagar la deuda, parte de ella al ceder una propiedad, el tribunal le ha otorgado la suspensión de las penas privativas de libertad durante un plazo de cinco años, quedando condicionado a que no cometa otro delito en ese tiempo.

En toda España, en el año 2021, había un total de 63.646 personas que habían solicitado que se le prohíba acceder a juegos de azar a través de internet. La cifra había aumentado en un 13,64% con respecto al año anterior.

La inscripción en un registro de prohibidos es un derecho de los ciudadanos que, a petición de la persona interesada, impide el acceso a aquellos juegos 'online' o presenciales sobre los que la administración pública competente haya determinado la necesidad de realizar la identificación previa del jugador. En el caso de que la inscripción se realice en el Registro General de Interdicciones de la Dirección General de Ordenación del Juego, la prohibición afectará al juego 'online' y loterías, mientras que, si se hace en los registros de las comunidades autónomas, se bloqueará el acceso presencial a aquellos juegos de azar y apuestas donde la respectiva normativa autonómica determina la necesidad de comprobar la inexistencia de inscripción.