Denuncian nuevos intentos de ocupar viviendas sociales en el barrio cacereño de Aldea Moret
El administrador de los bloques afectados urge al Ayuntamiento a que inicie ya el proceso judicial para los desalojos
La viviendas sociales de Aldea Moret han sufrido nuevos intentos de ocupación ilegal. El último se produjo en un segundo piso de la calle Río Vístula 1, uno de los edificios más afectados por esta práctica en la barriada junto al número 8 de la calle Río Tiber. Ambos son de titularidad municipal.
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Los propios vecinos llegaron a enfrentarse a los okupas disuadiéndoles hasta en dos ocasiones de acceder a los pisos, según ha declarado a este diario el administrador de las fincas, Jorge Martín, quien además critica que el Ayuntamiento no haya iniciado el procedimiento judicial que anunció hace meses para desalojar a estas personas.
Uno de los episodios que, según Martín, protagonizó una vecina que ocupa desde hace tiempo uno de los pisos de Vístula 1, acabó en el juzgado. Al parecer esta mujer amenazó con entrar en un piso contiguo al suyo «diciendo que iban a comunicar las dos viviendas y que iban a entrar a través del salón», detalla el administrador. La okupa cumplió su amenaza y derribó el tabique de ladrillos que protegía la puerta, lo que obligó a intervenir a la Policía Nacional, que remitió las diligencias al juzgado. El caso fue visto en el mes de febrero y la sentencia condena a la mujer a abandonar el piso y a una sanción económica. «A día de hoy sigue viviendo allí, el Ayuntamiento tiene que solicitar la ejecución de la sentencia», reclama Martín.
La entrada por la fuerza en estas viviendas y los conflictos con sus inquilinos están generando problemas de convivencia que están afectando a vecinos a los que les adjudicaron los pisos oficialmente. «Hay un punto de venta de droga y las averías de agua en dos viviendas han causado humedades. El okupa de uno de los bajos de Vístula 1, que tenía problemas de atascos, antes de que llegara Conyser bajó al garaje con una barra de hierro para arreglarlo por su cuenta y lo ha inundado. La reparación nos ha costado 400 euros», relata el administrador, que lleva ocho años al frente de las dos comunidades.
Los propios vecinos tuvieron que intervenir dos veces para impedir que entraran en pisos vacíos de Río Vístula
El Ayuntamiento achaca a la carga de trabajo de su gabinete jurídico el retraso en el inicio de los desalojos judiciales
En junio del año pasado el alcalde, Luis Salaya, y la concejala de Asuntos Sociales, María José Pulido, se reunían con residentes de estos bloques, en presencia del propio Martín, para buscar una solución a los reiterados episodios de ocupación que venían sufriendo. Después de ese encuentro el Consistorio se comprometió a iniciar el procedimiento judicial para desalojar a los okupas, sin que se haya llevado a cabo, denuncia Martín. «Va a hacer un año que llevan prometiéndolo y no se ha hecho nada. Nos sentimos engañados, no sé cuál es el motivo por el que no llevan al juzgado los desalojos».
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Por su parte, el Ayuntamiento achaca a la carga de trabajo de su gabinete jurídico el retraso en la apertura de los procedimientos judiciales e indica que ha dado instrucciones para tramitarlos tras su aprobación en Junta de Gobierno. Según apunta, dos expedientes están ya iniciados y el resto se pondrán en marcha en los próximos meses. «Nos hubiera gustado ir más rápido pero el Ayuntamiento tiene una gran carga de procedimientos judiciales en este momento y la letrada mayor dejó el puesto poco después de esto», justifican desde el Consistorio.
Cabe recordar que el Partido Popular ha pedido esta semana más seguridad en Aldea Moret y medidas contra la ocupación. Su portavoz en Cáceres, Rafael Mateos, denunciaba que su grupo no tenía «ni un solo dato de esas supuestas acciones judiciales que se habían emprendido contra las ocupaciones ilegales».
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Entrega de llaves
Se da la circunstancia, añade Martín, de que la adjudicataria de un de bajo de Vístula 1 ha decidido entregar las llaves de su vivienda por los reiterados problemas de convivencia en el bloque. «Hizo una reforma pero no aguanta más, ni siquiera puede llevar a sus nietos a casa», señala el administrador, que advierte de que este piso puede ser el próximo al que accedan ilegalmente si el Ayuntamiento no agiliza su adjudicación formal a otra familia.
El administrador insiste en que la situación actual es tan preocupante que temen que Vístula 1 acabe como el polémico bloque C de Ródano, tapiado hace más de una década por su inhabitabilidad y a la espera de ser demolido. «Por lo que se está viviendo últimamente aquí, no vamos mal encaminados de convertirnos en el próximo bloque C», sentencia Martín.
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