Cruce de acusaciones entre sanitarios de Valencia de Alcántara por acceder a historias clínicas

Los tres acusados que se han sentado en el banquillo, se enfrentan a peticiones de pena desde los tres a los cinco años de prisión, dándose la circunstancia de que el médico es marido de una de las acusadas.

Según la denuncia de la enfermera que afirma que los acusados accedieron a sus datos médicos y a los de su familia, ella entró a trabajar en el Centro de Salud de Valencia de Alcántara a finales de noviembre de 2015, siendo la coordinadora de enfermería y el coordinador de medicina el matrimonio acusado. Declaró que la relación era más o menos aceptable, hasta que ella en el año 2017 logró ser supervisora de enfermería, quitando el puesto a la acusada. “Tras la votación en la que salí elegida coordinadora -dijo la denunciante-, la relación fue mala y sufrí un hostigamiento a diario”. Ella tuvo la Covid en el año 2020 y es entonces cuando al escuchar comentarios, se da cuenta de que habían estado mirando su historial médico y el de su familia.

Según la acusación pública, la que fue su supervisora entró 19 veces en los historiales clínicos de los miembros de la familia; desde diciembre de 2015 al mes de mayo de 2020. Para ella la fiscal pide cuatro años de prisión, inhabilitación absoluta durante nueve años, y pagar una multa de 7.200 euros.

El médico, marido de la anterior, accedió dos veces al historial de la enfermera, en los años 2019 y 2020, pidiendo la acusación pública tres años y seis meses de prisión, inhabilitación absoluta por el tiempo de seis años y pagar una multa de 6.600 euros.

La otra enfermera que estaba en el banquillo, es acusada de ver la historia clínica de su ahora excompañera en seis ocasiones en el mes de mayo de 2020. La fiscal pide para ella tres años y nueve meses de prisión, inhabilitación absoluta durante seis años, y pagar una multa de 6.600 euros.

Además de las peticiones de pena de cárcel, por el daño moral se pide que los acusados, de manera conjunta y solidaria, indemnicen a su excompañera con 3.000 euros, y con 1.500 euros al marido, y a cada uno de los dos hijos.

La acusación particular, que representa a la denunciante, eleva las peticiones de pena hasta los cinco años de prisión.

Los tres acusados han declarado que son inocentes, y que son víctimas de la que fue su compañera, “Ella ha conseguido lo que ha querido -declaró una acusada-. Nada más llegar dijo que iba a estar poco en Valencia de Alcántara, que vivía en Cáceres y que no iba a hacer 200 kilómetros todos los días para ir a trabajar, que se iba a ir con una comisión de servicio. Las comisiones de servicio tardan unos 15 años en concederse, y ahora ella ya está trabajando en Cáceres y tarda solo 5 minutos en ir al trabajo”.

Los tres se mostraron ante el tribunal como víctimas. Negaron que ellos hubieran accedido al historial médico de su ahora excompañera, asegurando que cualquiera podía haberlo hecho ya que dejaban los ordenadores abiertos. “Es lo que nos decían que hiciéramos porque tardan mucho en reiniciarse -dijo una acusada-. Todos mirábamos historiales médicos porque teníamos que hacer de rastreadores; no sabíamos que se cometiera delito alguno. Además, si es tan importante restringir el acceso a esos datos, el SES debería limitarlo más, por ejemplo no entrando con una clave sino con la huella digital”.

El juicio seguirá el próximo 9 de junio.