Problemas de personal y desorganización del Ayuntamiento retrasan proyectos en Badajoz

Se ha visto en distintas tramitaciones recientes. Valga como ejemplo los diez meses que ha requerido el visto bueno al proyecto de urbanización de la ampliación de Huerta Rosales, que las promotoras recibieron en abril; los dos años y medio que han pasado desde que Quirón anunció que construiría un nuevo hospital en la avenida de Elvas (diciembre de 2019) hasta el inicio de los derribos (2022) por los cambios que hacían falta para construir un centro sanitario en el suelo de un restaurante; y las quejas de Civitas Pacensis en febrero. Entonces la compañía alertó de que los continuos retrasos ponían en riesgo la construcción de Campus Civitas, un nuevo barrio con 2.700 pisos entre la A-5 y el Cuartón Cortijo. O recibían el visto bueno, o perdían los inversores.

Estos proyectos han avanzado en los últimos meses, pero otros siguen esperando. Le ocurre a Seyma Park, una gran estación de servicio con aparcamiento vigilado para camioneros entre Leroy Merlin y la A-5 que registró la petición de licencia de obras sobre el proyecto básico en noviembre sin que aún tenga el visto bueno. La compañía ha abonado unos 120.000 euros al Ayuntamiento en estos meses entre la calificación de suelo (de rústico a urbano para poder desarrollar el proyecto), la gestión de residuos de la obra y la fianza. Desde enero están pendientes de un único informe que dé vía libre a la licencia, pero no llega.

Una vez que lo tengan podrán presentar la solicitud de licencia sobre el proyecto de ejecución y, cuando se la concedan, iniciar la construcción con una inversión de 5,4 millones de euros. Entonces, la promotora pagará el 4% de su presupuesto por el impuesto de obras. Serán 215.000 euros que el Ayuntamiento está dejando de ingresar por los retrasos.

La familia Cuevas está detrás de esta idea, que comenzó en 2012 y que ha tenido otros problemas en su tramitación en la Junta. La Dirección General de Urbanismo regional entendía que en ese suelo no se podía levantar un complejo de esas características hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) dio la razón a los promotores en una sentencia de 2019. En 2021 se publicó el informe de impacto ambiental y desde noviembre están pendientes del Ayuntamiento. Han pasado diez años desde que los promotores dieron el primer paso para crear este área de servicio entre el Nevero y la plataforma logística.

El concejal de Urbanismo, Carlos Urueña, asegura que el último informe que faltaba para este área de servicio ha quedado listo esta semana y que el promotor recibirá la notificación en los próximos días. También que en todos los casos descritos han intervenido otras administraciones o han pedido más información a los promotores. A su juicio, en Urbanismo no tardan tanto sino que desarrollan trámites complejos que de por sí requieren de plazos, subsanaciones y muchos documentos. De todas formas, insiste en que están haciendo cambios internos para agilizar.

Un problema que tiene Urbanismo está relacionado con la antigüedad de los medios y el retraso en implantar la administración electrónica, lo que ha hecho que hasta inicios de años no se pudieran presentar los proyectos a través de Internet. De esta manera, los distintos servicios pueden verlo a la vez. Antes, dependía del número de cedés que los promotores presentaran o de grandes proyectos en papel que pasaban de mesa en mesa.

El sindicato mayoritario en el Ayuntamiento, CSIF, apunta a que Urbanismo tiene un volumen de trabajo muy grande y que, al igual que otros servicios municipales, «tiene las plantillas muy mermadas».

Estos inconvenientes no son nuevos, advierte David de la Montaña, pero se van acumulando. En Urbanismo, como en otras áreas, se han ido jubilando funcionarios sin que sus puestos se hayan renovado. A las plazas vacantes que no se cubrieron por las limitaciones en las tasas de reposición de la anterior crisis se suma un catálogo de puestos de trabajo desfasado.

Este se redactó hace 20 años y no se ha adaptado a las necesidades actuales. La concejala de Recursos Humanos, Hitos Mogena, anunció en el último pleno la contratación de una empresa por 90.000 euros para realizar un nuevo catálogo. Pero en CSIF no creen necesario gastar ese dinero en una asesoría externa, sino que ven mejor encargar a sus propios trabajadores una revisión del que ya existe. «El catálogo está obsoleto y hay que actualizarlo con nuevas categorías, distribuir el personal para solventar los problemas de plantilla y actualizar conceptos», explica David de la Montaña (CSIF). Además, el Ayuntamiento tiene pendiente llevar a cabo los procesos de estabilización de puestos que se están desarrollando en todas las administraciones.

Los problemas no se dan solo en las autorizaciones de proyectos privados. La tesorera municipal alegó al presupuesto porque no tiene personal ni medios para cumplir con sus funciones. Igual hizo el jefe de Disciplina Urbanística, aunque el Gobierno local descartó las dos objeciones.

Ambas ponen de manifiesto el descontento de distintos servicios por no poder sacar adelante el trabajo encomendado. Ese descontento crece conforme el Gobierno local hace concesiones a la Policía Local, a cuyos agentes van a abonar servicios extraordinarios sin haber cumplido los recogidos en la jornada anual. Por el contrario, otros servicios del Ayuntamiento encuentran obstáculos para que se les autoricen horas extra. Esto deriva en desmotivación y en que cumplen estrictamente la jornada laboral sin interés por ampliarla.

Según los anexos de presupuestos de 2022, Disciplina Urbanística y Ambiental tiene cuatro puestos, de los que dos están vacantes; licencias tiene 12 puestos, de los que cuatro están sin ocupar, y hay cinco libres de los 15 establecidos para Control y Disciplina Urbanística. Por otro lado, Protección Ambiental tiene sus cinco puestos cubiertos, Planeamiento, Gestión y Catastro tiene las 13 plazas completas y el servicio Administrativo de Planeamiento y Gestión tiene los dos establecidos.

Es decir, que el área de Urbanismo cuenta con 40 trabajadores y faltan 11.

Carlos Urueña, concejal del área, indica que tienen tres oposiciones en marcha para añadir cinco trabajadores este año. Uno de ellos al servicio de Bomberos que tramita expedientes para Urbanismo.

Desde dentro del Consistorio indican que no todas las áreas están faltas de personal. El de Contratación y Patrimonio se amplió en 2018 con ocho trabajadores procedentes de la Inmobiliaria Municipal en puestos que no son de estructura y coincidiendo con la entrada en vigor de la actual Ley de Contratos del Sector Público. «No es posible seguir contratando y contratando. Con menos trabajadores, hace años, salían adelante muchas licitaciones», dice un exconcejal. Este apunta a que no es necesario ampliar los trabajadores en todos los servicios, sino que «falta capacidad de motivar a los empleados municipales y sobra sensación de provisionalidad en la gestión política» añade.

Esto repercute en los proyectos privados y los municipales. Estos últimos también se eternizan. Sirva como ejemplo la actuación para convertir la calle Stadium en un corredor verde. Las obras ya están en marcha, pero el proyecto logró la financiación en 2018 y se adjudicó en 2021. Esto es, tres años después. El conventual de la calle San Juan es otro caso. El Ayuntamiento aprobó la compra a finales de 2020, la firmó en diciembre de 2021 y en cinco meses no han hablado del concurso de ideas que iban a convocar para su rehabilitación, a pesar de que los comerciantes y vecinos de la calle San Juan y adyacentes sueñan con la recuperación del inmueble.

El Ayuntamiento tiene un atasco administrativo. Por un lado, el servicio de Intervención debe controlar el dinero y se ha convertido en un embudo al supervisarlo todo. Gabinete de proyectos, de donde sale el diseño de la mayor parte de las obras municipales, asume una carga de trabajo ingente.

Por otro, el Consistorio participa de distintos proyectos de inversiones con una capacidad mermada para atenderlos. Están los Dusi, que inyectaron 18 millones de euros en 2018 y aún existe una parte importante sin ejecutar, los planes de impulso a la economía local (20 millones el de 2021 y 21,2 millones el de 2022) más los presupuestos. Estos tienen un capítulo de inversiones ambicioso, con 11 millones de euros, y más dinero que nunca. El presupuesto entró en vigor esta semana.

Distintos servicios han recibido la orden en los últimos meses de priorizar los proyectos que puedan tener financiación de los fondos de Resiliencia, como los Next Generation. Esta semana se ha sabido que la ciudad recibirá 3,1 millones para instalar plataforma única en Juan Carlos I, para ampliar la red de carril bici y otros 1,6 para financiar buses eléctricos.

A estos fondos europeos que lógicamente no se quieren perder, se suma el resto de programas antes descritos.

Además, la obra en sí se ha complicado mucho tanto para particulares (por ejemplo, la Fundación CB ha decidido retrasar el inicio de su sede por el alza en los costes) como para la pública. El mayor exponente es la piscina de la margen derecha, que salió a concurso por un importe muy ajustado y lleva meses prácticamente parada a la espera de que aumenten los fondos.

De todas formas, los inconvenientes surgen antes de que entren las máquinas en los solares porque las tramitaciones se eternizan. Hace solo unos días salió a concurso la rehabilitación del antiguo colegio San Pedro de Alcántara para acoger la Escuela de Artes y Oficios. Este proyecto nace de un acuerdo del presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, y el ex alcalde Francisco Fragoso en junio de 2020. Esto es, hace dos años.

La obra del palacio de Godoy estará parada al menos dos meses después del derribo del muro porque está pendiente del concurso de la siguiente fase de la obra.

Un empresario acostumbrado a tratar con el Ayuntamiento y que pide guardar el anonimato explica que todo se ha ralentizado en los últimos años. «Si antes un contrato pequeño se estimaba en un mes o mes y medio, ahora cualquier contrato se va a seis meses».

Su experiencia le dice que faltan protocolos de gestión de expedientes que agilicen el trabajo, más coordinación entre servicios y una reorganización del personal. «No es solo un factor, sino varios que hacen que todo sume y que el Ayuntamiento sea ineficiente».

En 2015, Cs obligó al Gobierno local a bajar el listón de las adjudicaciones de contratos menores de 15.000 a 3.000 euros. Esto hace que muchos contratos pequeños que se podían adjudicar directamente se han complicado. Requieren elaboración de pliegos de concurso, deliberaciones y reuniones de mesa de contratación que añaden más carga de trabajo a los funcionarios y burocracia que la ley no exige.

Todo esto supone una carga de trabajo extra a un ayuntamiento ya de por sí asfixiado.