Piden cinco años de cárcel para un joven que estafó 225.000 euros por internet desde Badajoz

Los hechos tuvieron lugar entre febrero y junio de 2020, justo al inicio de la pandemia, un período convulso en el que el procesado se aprovechó del rápido crecimiento que tuvo la venta 'online' para generar en muy poco tiempo ganancias elevadas.

En el escrito de acusación de la Fiscalía se recoge que el acusado, cuya identidad responde a las iniciales A.F.S.D., asumió el 29 de enero de 2020 la totalidad de las acciones de una entidad mercantil de la que era su socio único. Con posterioridad, el 27 de febrero de ese mismo año, convino con una entidad bancaria de la ciudad de Badajoz un servicio de gestión de medios de pago 'online' para dar cobertura a las operaciones de compraventa de su empresa.

Fruto de ese acuerdo, la entidad bancaria facilitaba su plataforma para que los clientes pudieran realizar los pagos de una forma segura.

De ese modo, la página web potenciaba su presencia en el mercado virtual al contar con una plataforma de pago de prestigio. A cambio, el banco se quedaba con una comisión de todos los pagos que allí se realizaran.

El objetivo era facilitar la venta de productos tecnológicos, un negocio que entre el 27 de febrero y el 6 de junio de 2020 generó un movimiento global de 872.852,47 euros.

Esa era la cantidad que los clientes ingresaron en la plataforma de pago por los artículos adquiridos. Pero el problema surgió cuando comprobaron que los productos no llegaban a su destino.

En varios foros de internet se explica que cuando comenzaron a surgir las primeras sospechas, desde esta empresa con sede social en Badajoz se les indicaba que los envíos acumulaban un cierto retraso porque en esos momentos estaba vigente el estado de alarma.

La Fiscalía explica que en la plataforma creada por el banco para darles servicio llegó a haber un reflejo contable por un valor teórico de 872.852 euros, lo que unido a la interposición de una sociedad radicada primero en Mérida y después en Badajoz, con sede abierta, daba apariencia de solvencia y credibilidad empresarial.

Eso permitió al empresario retirar de la plataforma de pago parte del dinero, teóricamente para pagar a los proveedores. Para ello, el ahora procesado realizó de modo recurrente transferencias de dinero a otras cuentas que controlaba en Portugal y en otra entidad bancaria Española.

Al mismo tiempo, muchos de los compradores comenzaron a realizar las devoluciones y a recuperar el dinero, creándose en la plataforma un descubierto de 225.165,23 euros que tuvo que ser asumido por la entidad bancaria.

La Fiscalía entiende que los hechos investigados constituyen un delito de estafa, razón por la que piden que el inculpado sea condenado a cinco años y medio de prisión y que abone una multa de 6.000 euros a razón de 20 euros diarios durante 10 meses.

Estos hechos iban a ser vistos esta semana en la Audiencia Provincial de Badajoz, adonde fue conducido el procesado desde el centro penitenciario en el que se encuentra detenido de forma preventiva. Pero el juicio tuvo que suspenderse porque en el último momento renunció a su abogado y solicitó que lo represente un letrado distinto.

«No se van a permitir más suspensiones. En esta Audiencia no se permiten conductas contrarias a la buena fe procesal», le advirtió el presidente de la Sección Penal de la Audiencia, José Antonio Patrocinio, cuando supo que el rechazo del abogado impedía celebrar el juicio.

La nueva fecha de señalamiento ha sido fijada para el jueves 21 de septiembre. Ese día, A.F.S.D. volverá a sentarse en el banquillo para responder de una de las causas más importantes que se siguen contra él. Aunque no es la única porque esos hechos han obligado a abrir alrededor de 300 procedimientos en toda España tras la lluvia de denuncias que generó su actitud fraudulenta.