Acusado de pagar su casa con 60.000 euros de la empresa que fundó con otro socio

El juicio ha sido señalado para el próximo miércoles 15 de febrero y en esa vista se analizarán los hechos recogidos en el escrito de acusación realizado por la Fiscalía de Badajoz, donde se indica que el inculpado, sin antecedentes penales, había constituido en la ciudad de Badajoz junto a otro socio la mercantil Acción e Iniciativa Técnico Comercial S.L., una firma que comenzó a operar el 28 de julio de 2015.

El objeto de la empresa era intervenir en el comercio al por mayor de productos en el mercado, para lo cual crearon un sistema de administración mancomunado en el que el ahora investigado asumía en la práctica las responsabilidades administrativas y contables de la sociedad, estas últimas con apoyo externalizado, mientras su socio llevaba las labores estrictamente de naturaleza comercial.

La Fiscalía cree que entre 2016 y 2019 el imputado dedicó recursos financieros de la sociedad a pagar facturas que se correspondían con trabajos realizados en su vivienda particular y que «lógicamente, nada tenían que ver con la actividad de la sociedad».

Entre esos pagos figuraban casi 40.000 euros abonados a MPM Asesores y los 23.180 euros abonados a Cexsia Compañía de servicios.

En total 102.856,53 euros referidos a obras de carácter privado que se fueron ejecutando en la vivienda particular aludida y que, con el objeto de dar cobertura contable a la salida de fondos, se estructuraban en soportes documentales de proveedores ajenos a estos hechos a los que el imputado pedía que hicieran constar que los servicios se habían realizado en espacios de actuación típicos de actividad de la empresa Acción e Iniciativa Técnico Comercial S.L., una forma de actuar que no se correspondía con la realidad y que perturbaba la realidad contable societaria.

Con posterioridad a estos hechos, el procesado ingresó en las cuentas de la sociedad 39.928 euros, algo que quedó reflejado en la contabilidad de la firma perjudicada.

La Fiscalía considera que esos hechos constituyen un delito continuado de apropiación indebida y un delito continuado de falsedad en documento mercantil.

Para el primer hecho se proponen 4 años de prisión y el pago de una multa de 3.000 euros (10 euros diarios durante 10 meses) y para el segundo, 2 años de prisión y el pago de otra multa de 3.000 euros.

La acusación pública solicita también que indemnice a la sociedad Acción e Iniciativa Técnico Comercial S.L. con los 62.928,01 que utilizó para un fin indebido.

No es el único juicio económico que se celebrará estos días en la Audiencia Provincial de Badajoz. Un día antes serán juzgados otro empresario y el comercial de una empresa financiera por estafar casi 300.000 euros utilizando facturas falsas.