Juzgarán a un empresario de Badajoz por ocultar un cobro para no pagar una deuda

En el escrito de acusación de la Fiscalía se recoge que esas dos firmas con sede social en Badajoz fueron condenadas el 18 de noviembre de 2015 a abonar 42.934 euros a las empresas Hinursa 23 S.A. (después absorbida por Jupisa Tres, SA) y HU Inversiones SA.

Pero la deuda no fue satisfecha, por lo que el juzgado inició un procedimiento de ejecución en el que sumó a la deuda inicial otros 10.000 euros en concepto de intereses y costas por el procedimiento judicial.

En ese momento, el juzgado solicitó a Calamón S.L. y Álvarez Buiza S.L. que informase sobre la relación que tenían estas empresas con la entidad Lajas Pau 5 S.L., requerimiento que no recibió respuesta. Tampoco informó el administrador al juzgado sobre los bienes o derechos que poseía para hacer frente a la deuda, limitándose a informar «de forma evasiva» de la situación de insolvencia en la que se encontraban sus dos empresas y anunciando que iba a iniciar el proceso para declararlas en concurso, «un procedimiento que nunca se inició», según se recoge en el escrito de acusación.

Con posterioridad el juzgado tuvo conocimiento de que con anterioridad al 17 de octubre de 2017 Inversiones Calamón S.L. recibió de Lajas Pau 5 S.L., una letra de cambio por un importe de 51.145 euros como pago de un préstamo, la cual fue sustituida por un pagaré que el administrador de Inversiones Calamón hizo efectivo en una cuenta corriente perteneciente a la sociedad Valle Largo S.L., de la que también era administrador, todo ello sin comunicar al juzgado ese derecho de cobro, evitando de ese modo «el embargo del mismo y frustrando las legítimas expectativas de sus acreedores en el proceso de ejecución de la deuda».

La Fiscalía comprobó que ese traspaso carecía de justificación porque Valle Largo no era acreedor de Inversiones Calamón sino deudor. Además, cuando el juzgado tuvo conocimiento de esa operación no pudo embargar el dinero, por lo que la deuda quedó insatisfecha.

La Fiscalía entiende que el administrador cometió un delito de frustración de la ejecución por no dedicar ese dinero al pago de la duda y un delito de frustración de la ejecución por alzamiento de bienes, hechos para los que pide una condena de tres años y medio de cárcel.

Además, solicita que en concepto de responsabilidad civil el acusado indemnice a Jupisa 3 y a HU inversiones con 42.934,16 euros adeudados.