Los tribunales rechazan que Badajoz tenga obligación de hacer un catálogo de vestigios

El Ayuntamiento no está obligado a hacer un catálogo de vestigios franquistas. Eso es lo que dice la sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Badajoz, que ha rechazado la petición de la Asociación Memorialista Ranz Orosas, que pretendía que los tribunales obligaran al Consistorio a recopilar y retirar los vestigios relacionados con la Guerra Civil y la dictadura.

En su demanda figuran las calles Virgilio Viniegra, General Carracedo y el grupo de viviendas del mismo nombre, los Grupos José Antonio, el cartel del parque de la Legión y el monumento de la cruz religiosa de Juan de Ávalos en el baluarte de la Trinidad.

Esta es la segunda vez que los tribunales se pronuncian en el mismo sentido. Con anterioridad, tumbaron la pretensión del abogado madrileño Eduardo Ranz, que pedía igualmente que se obligara judicialmente al Ayuntamiento a identificar y retirar sus vestigios franquistas. Este procedimiento ya es firme.

De hecho, en este segundo caso el propio Ranz forma parte de la junta directiva de la asociación memorialista demandante, tal y como alegó la defensa del Ayuntamiento durante el juicio.

Precisamente, en la última sentencia el juez entiende que el asunto ya está juzgado y reitera que no se aportan pruebas de la exaltación de la sublevación militar, la Guerra Civil y la represión de la dictadura, tal y como figura en la ley de memoria histórica.

Este es el último de los cuatro procedimientos promovidos desde Madrid contra el Ayuntamiento que aún está abierto, ya que contra la reciente sentencia en primera instancia cabe recurso de apelación.

Precisamente, por estas causas judiciales el Ayuntamiento solicitó a la Diputación que suspendiera el proceso administrativo (en el comité de expertos le solicitaba eliminar, redefinir o renombrar 19 vestigios) hasta que se pronunciasen los jueces en los pleitos en marcha. Esta nueva sentencia, dijo ayer la portavoz municipal María José Solana, «avala la opinión del Ayuntamiento respecto al proceso que tiene con Diputación».