Badajoz

Gragera romperá el contrato con la constructora de la piscina de la margen derecha

El alcalde reconoce que la UTE no puede seguir adelante un año después de la desaparición de los operarios

Rocío Romero

Badajoz

Miércoles, 29 de marzo 2023, 07:21

El alcalde, Ignacio Gragera, reconoció ayer por primera vez lo que ha venido retrasando desde que llegó al cargo: el Ayuntamiento romperá el contrato con ... la unión de empresas que logró la adjudicación para construir la piscina de la margen derecha y tendrá que licitar un nuevo concurso.

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Tardarán, por tanto, meses hasta que vuelva a verse un albañil en el recinto. Gragera no dijo qué porcentaje de las obras están realizadas, aunque se encuentra en sus inicios.

Al principio, el gobierno local apuntó a la aparición de unas corrientes de agua que afectaban a la construcción y que se iban a reconducir para regar el parque. Después, el descubrimiento de la fosa séptica del pabellón Juancho Pérez, que en el Ayuntamiento desconocían que quedara en el sitio de las obras, ralentizó la ejecución.

A estos inconvenientes se sumaron los problemas logísticos, con la falta de suministros llegados de China, la pandemia, el encarecimiento del hierro y, después, la crisis de Ucrania.

El presupuesto de 4,8 millones de euros, calculado en 2018, quedó obsoleto con el aumento de los precios en 2022 y las empresas pidieron hace meses la resolución del contrato firmado en 2019. El movimiento de terrenos se realizó a toda prisa justo antes de las elecciones de ese año.

El proyecto estrella del PP en los últimos años corre el riesgo de eternizarse tras 17 años hablando de una promesa electoral de 2006.

En octubre pasado, el concejal de Gabinete de Proyectos, Jaime Mejías, explicaba que la adjudicataria había pedido más fondos para terminar la piscina. Se aprobó un modificado de 427.000 euros sobre el presupuesto inicial (un 9% más), pero era solo para terminar las cubiertas, colocar placas solares para el futuro abastecimiento y con la condición de que se actualizara cada etapa.

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Una de las dos empresas de la UTE, Martín Casillas y Sehuca, afronta problemas de liquidez y quiso dejar el proyecto en otoño pasado. Pero el alcalde confiaba en que Martín Casillas continuara con la construcción.

Hasta que ayer reconoció que no es posible, dado que de seguir adelante en solitario podría tener que hacer frente a impagos de la otra compañía. Así que la única salida es romper el contrato y tramitarlo de nuevo para que se presente la constructora que quiera terminar la edificación de una piscina compleja, con una cubierta retráctil para usarla en verano e invierno, y con un muro para poder dividirla.

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Gragera confió en resolver el contrato de la manera más rápida posible. Aunque por plazos y trámites, y siguiendo el ejemplo de otras obras en la misma situación (la del antiguo matadero, por ejemplo) apuntan a que son procesos muy largos.

La nueva contratación tendrá los precios actualizados y con «el compromiso» de terminar la obra en cuanto las administraciones se pongan de acuerdo.

Como la Junta financia el proyecto con el 50%, el Ayuntamiento tendrá que hablar con el Ejecutivo regional para que amplíen el plazo de ejecución por segunda vez. El alcalde argumentó una crisis empresarial que también sufre la Junta con esta misma empresa en la residencia de mayores de la Granadilla.

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El SES también va a romper el contrato con Sehuca para sacar de nuevo la ampliación del geriátrico a concurso. Gragera confió en que este proyecto «de región» salga adelante con el visto bueno de las dos administraciones.

En los inicios, el Ayuntamiento quiso hacer una piscina de verano al estilo de San Roque. Pero el proyecto se modificó para acoger competiciones internacionales de natación y servir de foco de dinamización deportiva y económica de la ciudad sin que, 17 años después, los vecinos de la margen derecha tengan una piscina municipal.

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El concurso de adjudicación se enredó en 2018

El Ayuntamiento optó en 2018 por convocar un único concurso para el diseño y la construcción del complejo. Se presentaron dos ofertas que se enredaron. Hubo un recurso especial en materia de contratación, reclamaciones de los licitadores a actuaciones de la mesa de contratación y requerimientos de informes jurídicos. Los funcionarios que analizaron las ofertas dudaron de que la propuesta finalmente ganadora acumulara la solvencia técnica exigida. Por su parte, la otra empresa que concurrió, Acciona, quiso abandonar el concurso después de haberse abierto su proposición. El proceso administrativo estuvo marcado por dudas que ralentizaron la adjudicación hace cinco años.

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