La Fiscalía pide 18 años de prisión para el oficial que irrumpió en un piso de Badajoz

Tres de los cuatro acusados reconocieron los hechos y asumieron 5 años y medio de prisión, pero el oficial que dirigía ese servicio insiste en su inocencia.

Frente a él se sitúa la Fiscalía, que mantiene una batería de acusaciones para las que solicita 18 años y medio de cárcel, 24 de inhabilitación absoluta para ejercer la función pública, y otros 7 años de inhabilitación especial para cargo o empleo público.

A esa acusación se han adherido las tres acusaciones particulares, que están representadas por Eduardo Gil, Natalia Sánchez y José Antonio Romero Porro, el abogado que decidió mantener oculta durante cuatro meses la grabación de esa intervención para garantizar su validez judicial.

En la calificación definitiva se retira la acusación por falso testimonio al entender el fiscal que, aunque faltaron a la verdad cuando testificaron en el juzgado, pudo estar motivado porque ya eran conscientes de que podrían ser llamados a declarar como investigados y sabían que todo lo que dijeran podría perjudicarles.

Además, se rebaja la petición de pena para los dos delitos de detención ilegal porque la Policía Nacional liberó a los arrestados sin tomarles declaración y antes de cumplirse 72 horas.

En todo caso, se mantiene la práctica totalidad de las acusaciones: allanamiento de morada (2 años y medio de cárcel e inhabilitación absoluta para el ejercicio de funciones públicas y profesionales durante 6 años), dos delitos de detención ilegal por funcionario público (3 años de cárcel y 8 de inhabilitación absoluta por cada delito), tres delitos de lesiones (1 año de cárcel por cada delito), un delito contra la integridad moral (3 años de cárcel e inhabilitación especial para el ejercicio de empleo o cargo público por 3 años), un delito de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público (4 años de cárcel, 3.000 euros de multa e inhabilitación especial para cargo o empleo público por 4 años) y dos delitos leves de lesiones (1.200 euros de multa)

Frente a las acusaciones se sitúa Juan Antonio Frago, quien pide que el oficial sea absuelto y califica de «contubernio» el acuerdo alcanzado por los otros tres agentes con las acusaciones para obtener una rebaja de la pena y facilitar a la Fiscalía «una declaración mendaz que ponga a los pies de los caballos» a su representado.

Esas calificaciones fueron formuladas a la conclusión del juicio, en el que testificó el psicólogo que atendió a los dos arrestados. Del varón dijo que sufrió un síndrome postraumático que requirió un año de tratamiento. «No podía dormir y tenía un temor absoluto hacia su integridad». Este especialista indicó que ese trastorno estuvo motivado por su detención y no por el consumo de marihuana que realizaba como tratamiento a la esclerosis múltiple que le ha provocado una discapacidad del 41%.

Una forense del Instituto de Medicina Legal de Badajoz coincidió en que los padecimientos psicológicos de la chica eran compatibles con el estrés causado durante su arresto.

También testificó un agente de la Policía Nacional destinado en Madrid que, por encargo del abogado del oficial, elaboró un informe en el que se indica que es imposible que los policías locales utilizaran las defensas extensibles porque su longitud hace imposible su uso en un pasillo que tiene una altura de 2,40 metros. «¿Se pueden colocar en paralelo cinco policías en un espacio tan reducido? Si hubiesen sacado la porra todos, se habrían golpeado entre ellos».

«Esa defensa policial tiene una bola en la punta, si la hubiesen utilizado habrían causado traumatismos craneales y fracturas», añadió este agente antes de indicar que la fractura de brazo que tenía uno de los jóvenes no se la causaron con la defensa.

Tras la tercera sesión del juicio, quedó visto para sentencia.