Las defensas de los policías locales que irrumpieron en un piso de Badajoz negocian no entrar en prisión

Las penas que se piden superan los 20 años de cárcel para uno de los agentes, pero en los últimos días ha sido puesto sobre la mesa un posible acuerdo que rebajaría de forma sustancial las penas a tres de los cuatro agentes, lo que permitiría que no tuviesen que ingresar en prisión aunque sí serían apartados temporalmente del servicio. Para el oficial de ese grupo de policías las penas serían sensiblemente mayores y su paso por la cárcel ineludible si aceptase esa sentencia de conformidad.

De momento no está cerrado el acuerdo pero se trabaja en la hipótesis de que la pena para los tres agentes se sitúe en el entorno de los 2 años y 6 meses de prisión. De ese modo, sería factible que en la propia sentencia se concediera el beneficio de no tener que pasar por la cárcel si no vuelven a delinquir.

En todo caso, la conformidad les obligaría a responder de una indemnización económica que compensase a las víctimas, y serían apartados del servicio por un plazo de dos años.

Distinto es el planteamiento con el oficial que dirigía a ese grupo de policías. En ese caso la propuesta pasa por una condena de 6 años de cárcel y 7 años de inhabilitación para trabajar como Policía Local.

Esa es una de las propuestas en las que trabajan los abogados de las defensas y las acusaciones en estos últimos días. Pero las fuentes consultadas por HOY señalan que de momento no existe acuerdo, especialmente en lo referido al oficial, para quienes se contemplan penas mayores.

Para que un acuerdo de este tipo salga adelante es necesario que le den su visto bueno la Fiscalía, las acusaciones particulares y también los abogados de las defensas, que pueden ir a juicio si consideran que los hechos que se imputan a sus defendidos son falsos.

El juicio en el que van a ser vistos estos hechos está señalado para este miércoles y fue suspendido el pasado mes de septiembre por la repentina enfermedad de uno de los abogados de la defensa.

Los agentes están acusados de irrumpir en una vivienda de Valdepasilas sin tener autorización para entrar, agredir a las personas que se encontraban en el interior, detener a dos de ellos, vejarlos y mentir cuando los pusieron a disposición de la Policía Nacional.

Esa actuación policial tuvo lugar el 20 de mayo de 2020, durante el estado de alarma decretado tras la pandemia de covid, y tres años después ha desembocado en un juicio que finalmente se debería celebrar entre el 7 y el 9 de febrero de 2024.

Tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular imputan al principal acusado un delito de allanamiento de morada (la Fiscalía pide dos años y medio de prisión), dos delitos de detención ilegal (cinco años de prisión por cada detención), tres de lesiones (un año de cárcel por cada uno de los tres delitos), dos leves de lesiones (multa de 600 euros por cada uno), un delito contra la integridad moral por trato degradante (dos años de cárcel), otro de falsedad de documento oficial cometido por funcionario público en concurso ideal con un delito de acusación y denuncia falsa (cinco años de cárcel) y un delito de falso testimonio (dos años de cárcel). De estos hechos también son acusados los otros tres agentes salvo en lo referido al delito de lesiones.

La acusación pública también propone que los policías sean inhabilitados para el ejercicio de la profesión policial durante 15 años y el abono de varias indemnizaciones que suman más de 16.000 euros.