Política de costes, no de márgenes

Hay que recordar que se suprimió el IVA del 4% en pan, harinas panificables, leche, queso, huevos, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, patatas y cereales. También se pasó de 10% al 5% en aceites vegetales y pasta. Una medida con fecha de caducidad, ya que se aprobó para seis meses.

Aun así, las predicciones de organismos internacionales todavía estiman una reducción paulatina de la inflación, y a eso se aferra el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación; si bien es cierto que estos organismos de referencia todavía no han integrado los datos objetivos del pasado mes.

Y en este contexto afloran algunas propuestas políticas por parte del Gobierno, ideas felices, como topar los precios de los alimentos. Una ocurrencia en el magma de esta inexplicable corriente de demonizar a las empresas y a los empresarios, proyectando en ellos la culpa de todos los males actuales. Todo ello con muy escaso fundamento económico, más bien ideológico, en el que se les exige que sean quienes resuelvan un problema del que no son responsables, al menos no en su totalidad. No es otra cosa que una intervención directa en el mercado, condicionando la estructura de gastos e ingresos de las empresas, que les obligaría a ajustar costes, lo que conllevaría un previsible aumento del paro, reducción del consumo e incremento del déficit público. Por cierto, esta medida ya se ha aplicado en otros países y ha demostrado su ineficiencia, tal y como recordaba el propio Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. Ahora el Gobierno francés se tira a la piscina y añade gasolina al fuego; veremos si salen chamuscados.

Al final no es un problema de márgenes empresariales, que siempre han existido, y que en gran medida dependen de la ley de la oferta y la demanda. Que los márgenes sean o no altos es muy difícil de valorar. Por otro lado, el ajuste de márgenes en época de crisis por parte de las compañías es práctica habitual, ya que si no se reducen, se pierde mercado. Un porcentaje se traslada a la cadena de suministro para repercutir lo menos posible en el cliente, pero al final también a las propias cuentas de resultados. Otra cuestión es que la cadena sea demasiado larga, como sucede en algunos canales alimentarios, y que la presión de esta sea sufrida de forma más directa por el último escalón, el agricultor y ganadero, que no tiene posibilidad de repercutirla a sus proveedores. La realidad es que se trata de un conflicto generado por el incontrolado repunte de los costes, y es ahí donde hay que atajar la cuestión, en el origen, y no exclusivamente en el último eslabón de la cadena. Contener el coste energético es el mayor reto, aun siendo conscientes de su complejidad, y entre tanto, dar soporte al sector productor para mitigar su impacto.

Por ejemplo, habría que comenzar a replantearse determinadas medidas que no tienen un claro fundamento técnico científico, y que deberían ser pospuestas hasta que cambie el contexto económico actual. Son variadas, por ejemplo las numerosas y sobredimensionadas regulaciones medioambientales para la producción agrícola y ganadera, abundantes medidas de bienestar animal o el impuesto al plástico, entre otros.