La esposa del alcalde de Villanueva construye un chalet ilegal junto al pantano de Orellana

La esposa del alcalde de Villanueva de la Serena, Montserrat Manchado, es la propietaria de uno de los chalés ilegales levantados en el entorno del embalse de Orellana, en una zona de interés regional y donde está prohibida cualquier tipo de construcción. Este asunto está siendo investigando por los juzgados de instrucción de Villanueva de la Serena. En estos juzgados se tramitan más de medio centenar de denuncias por un presunto delito urbanístico contra los propietarios de esos chalés, tal como publicó HOY el pasado 3 de enero. Algunos de los imputados ya han sido llamados a declarar por los jueces. Una de esas denuncias tiene como protagonista a la esposa de Miguel Ángel Gallardo, el alcalde socialista de Villanueva de la Serena. La denuncia, que ha sido ampliada, partió, como en otros muchos casos, del SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza) dependiente de la Comandancia de Badajoz, que tiene encargada la misión de vigilar las construcciones ilegales. Un cabo y un guardia de este servicio visitaron el pasado 2 de octubre la zona conocida como 'El Tamujar de los Muertos', en el término de Orellana de la Sierra. Allí observaron que se estaba realizando un movimiento de tierras y una explanación para construir los cimientos. También había una fosa séptica y una valla. Ambas están dentro de la llamada zona de policía del embalse, que no puede ser invadida. Según el detallado relato que se hace en la denuncia, los guardias identificaron a uno de los obreros y le preguntaron por el propietario. Como no lo sabía, los agentes llamaron a la empresa constructora, que tiene su domicilio en Torreorgaz. Ésta les dijo que el dueño era Miguel Ángel Gallardo Miranda y les facilitó el móvil del alcalde villanovense. El alcalde al habla El SEPRONA habló con Miguel Ángel Gallardo el 6 y 7 de octubre. El alcalde villanovense les explicó que la parcela era de su esposa y que tenía intención de instalar allí una casa prefabricada de madera. Los guardias le informaron de que, dado que no tenía licencia urbanística ni autorización de la Confederación del Guadiana, iban a redactar una denuncia. «Se le da conocimiento de los hechos que se van a denunciar en la presente (...), así como advertirle de que en el caso de que construya o instale una edificación en dicho lugar se procedería a instruir unas diligencias por presunto delito contra la ordenación del territorio», se recoge textualmente en la denuncia. «El citado Miguel Ángel se comprometió a facilitar los datos personales de su esposa, sin que hasta la fecha lo haya hecho», apostillan los agentes. Esta denuncia fue firmada por el SEPRONA el 14 de octubre. Pero la investigación de la Guardia Civil no acabó ahí. Esa denuncia fue ampliada con otra que tiene fecha del 21 de noviembre. La segunda se deriva de la visita realizada al mismo lugar el 27 de octubre. Los agentes comprobaron que, a pesar de la advertencia hecha al alcalde, la casa ya estaba en construcción. «Se constata que se estaba procediendo a la construcción e instalación de una casa prefabricada de madera de una sola planta, de unos 144 metros cuadrados de superficie construida (incluido porche de 12 x 12 metros) y de unos cuatro metros de altura máxima. La casa ha sido instalada sobre los cimientos que en su día se denunciaron», se afirma textualmente en la denuncia. Los guardias relatan en el escrito que la propietaria de la parcela reconoce que carece de licencia de obras y de autorización medioambiental y alega que creía que se podía construir, porque ya existen otras edificaciones en la zona. El constructor, que también es denunciado, asegura a los agentes que pensaba que la dueña tenía todas las autorizaciones. Diligencias al juzgado El SEPRONA estima que esta construcción vulnera la Ley del Suelo de Extremadura e informa de estos hechos al director general de Medio Natural de la Junta de Extremadura y al presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. También señala en la denuncia que ha instruido unas diligencias por un presunto delito contra la ordenación del territorio y las ha enviado al juzgado de guardia de Villanueva de la Serena. En estas diligencias figuran como imputados Montserrat Manchado Acedo, la esposa de Miguel Ángel Gallardo, y el responsable de la empresa constructora. Ambas denuncias se acompañan de fotografías en las que se ve a los trabajadores levantando la casa y se detalla con imágenes la situación de la valla y la fosa séptica. Estas diligencias de la Guardia Civil, muy bien documentadas con fotos y planos, constituyen la base de la investigación que los juzgados de Villanueva llevan a cabo contra las construcciones ilegales en el paraje Los Tercios, junto al embalse de Orellana. Según publicó HOY el pasado 3 de enero, estos hechos pueden ser tipificados como un delito contra la ordenación del territorio, o delito urbanístico. El Código Penal establece penas de seis meses a tres años de cárcel para los promotores o constructores de viviendas en suelo protegido. A esta pena hay que añadirle multas de 12 a 24 meses e inhabilitación especial para la profesión u oficio. La ley también indica que los jueces pueden ordenar la demolición de la obra. En declaraciones a HOY realizadas el pasado mes de enero, el fiscal delegado de Medio Ambiente, Agustín Manzano, mostró su intención de pedir la demolición de estas construcciones para conseguir que la protección del medio ambiente sea efectiva.