Prestaciones económicas a «allegados sin consanguinidad» y otros nuevos derechos de la reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad

Entre los derechos que se incluyen por primera vez están que el beneficiario pueda quedarse en su «entorno» para recibir las prestaciones, que decida cuáles quiere, que no se le administre sustancias químicas o farmacológicas contra su voluntad ni se le practiquen sujeciones físicas o mecánicas, y que tenga garantizada la asistencia sanitaria mediante unas bases comunes de «coordinación» para los gobiernos autonómicos, para «evitar lo ocurrido durante la pandemia».

Para proteger a aquellos con problemas de salud mental se «prohíbe expresamente prácticas coercitivas o involuntarias injustificadas, incluidos internamientos por razón de discapacidad, e impone garantías procesales reforzadas», siendo necesario el «consentimiento libre e informado» del paciente. «Posiblemente sea la reforma social de mayor calado de esta legislatura», mantuvo Bustinduy. «No solo busca dejar atrás la época oscura de los recortes y el inmenso dolor social que generó, sino sentar las bases de un sistema público universal que consagre el derecho de la ciudadanía al bienestar».

Los cambios en la ‘Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia’ y en la ‘Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social’ se realizan para brindar «nuevos servicios» como el préstamo de sillas de ruedas eléctricas, andadores, camas articuladas o asistentes de voz; los «servicios de asistencia personal» y la «extensión de la prestación económica para cuidados familiares hasta el último día del mes en el que se produzca el deceso de la persona dependiente, evitando así situaciones de deber reintegrar prestaciones económicas».

Para complementar la financiación, el Gobierno central repartirá 783 millones de euros a los gobiernos autonómicos para financiar el ‘Sistema para la autonomía y atención a la dependencia’ (Saad). Según los datos oficiales, en este área en España son atendidas 1,6 millones de personas. «No son las personas con discapacidad o en situación de dependencia quienes tienen que aprender a navegar y adaptarse a un sistema, sino es el sistema el que se adapta a las necesidades reales del país», dijo Bustinduy.

A las personas con discapacidad se les asegura la «salud sexual y reproductiva», la «asistencia temprana» en edad infantil y la «accesibilidad universal», para lo que se transformarán no sólo los edificios públicos, sino también el «patrimonio histórico y cultural». La ayuda a las comunidades de vecinos se aumentan para que paguen el 70% de las obras, un 5% menos que ahora.

Además de la ayuda en el domicilio para las labores domésticas y el cuidado personal, se abre la oferta de que el cuidador acompañe al beneficiario en otras actividades, como «ir al médico o hacer la compra» o «desenvolverse en su día a día para mantener su proyecto vital y participar activamente en su comunidad», indica el ministerio, sobre una norma que contó con la participación de entidades como Once, Cermi, Plena Inclusión y la Plataforma del Tercer Sector.

También declara que la teleasistencia es un «derecho universal», y garantiza su acceso con «independencia del territorio donde resida» la persona dependiente e incluso si vive en una residencia. En todos los casos, «las trabajadoras deben tener condiciones laborales dignas, estables y profesionalizadas», con «criterios de acreditación de calidad y estándares de empleo».

También obligará a que los centros de día presten sus servicios fuera de sus instalaciones, en los domicilios o «espacios de su entorno» del usuario que «viva cerca», con el objetivo de integrarlos «en su comunidad y que se adapten a las necesidades, preferencias y ritmos de vida de las personas que los utilizan», explica el ministerio en un comunicado. El fin último sería la «promoción de la autonomía, bienestar emocional y participación social» de las personas dependientes.