Pizarro: «No podemos pagar por el bar Chiquete lo que no vale»

Ninguno de los tres grupos de la oposición ha respaldado el inicio de expropiación forzosa del bar Chiquete y una parte del inmueble anexo, que el equipo de gobierno del PP ha sometido para su aprobación al pleno celebrado este viernes.

El concejal de Urbanismo, José Antonio Hernández, ha explicado que se trata de un proceso que se ha llevado a cabo en otras muchas ocasiones y que se ha puesto en marcha porque no se ha alcanzado un acuerdo con sus propietarios, quienes al parecer primero pidieron 290.000 euros por el bar y después lo rebajaron a 50.000 euros. Aun así una cantidad que difiere bastante de los 9.921 euros que ha ofrecido el Ayuntamiento.

PSOE, UP y Cs consideran que el equipo de gobierno no ha realizado una gestión adecuada de este asunto y que se debería haber esforzado más por alcanzar un acuerdo y evitar una expropiación que puede acabar en el justiprecio, motivo por el que, especialmente, la oposición no la ha respaldado. «La situación económica del Ayuntamiento no está para asumir un nuevo litigio», ha resumido Francisca García, portavoz municipal de Ciudadanos.

Ni el concejal de Urbanismo ni tampoco el alcalde han logrado convencer a la oposición para que modificara su abstención, a pesar de asegurar que durante un año largo se ha negociado para acercar posturas y alcanzar el acuerdo. «Pero no podemos pagar por el bar Chiquete lo que no vale», ha dejado claro Fernando Pizarro. Y tanto los informes de los técnicos municipales como los realizados por otros externos han establecido que el precio de los 26 metros cuadrados del bar es de 9.921 euros.

Será esta cuantía la que marque el inicio del expediente de expropiación forzosa, que el PP ha sacado adelante con su mayoría absoluta y con la que se persigue derribar los tres inmuebles sitos en la Puerta Talavera para liberar otro tamo de muralla.

Evitar su deterioro

Tampoco el PP ha logrado convencer a PSOE y UP, sí ha votado a favor Cs, para que apoyaran iniciar la modificación del PGM que haga posible que los edificios históricos, de titularidad municipal, puedan tener un uso hotelero privado.

El PSOE ha dicho no a la modificación porque cree que el PP lo hace porque tiene ofertas sobre la mesa y no las dice, y UP porque considera que el uso de los inmuebles debe favorecer a la ciudadanía y cree que con una gestión privada no será posible.

Tanto Hernández como Pizarro han explicado que el objetivo de la medida no responde a ninguna oferta, sino simplemente a ampliar las opciones de uso para que los edificios no continúen deteriorándose y después de intentar, y no lograr, que otras administraciones se hicieran cargo de ellos. El Ayuntamiento ha tratado de que, por ejemplo, en los antiguos juzgados se ampliara el conservatorio o se habilitara un centro de FP sin conseguirlo. De ahí el buscar la opción de que puedan tener otro uso, uno hotelero privado que, como en el caso del Parador o del Carvajal, supone un beneficio para la ciudad. «Además de su conservación, dan empleo, lo que no ocurre si están vacíos», ha señalado Hernández a la oposición.

También, les ha recordado Pizarro, se mantiene su uso dotacional y público, «que es nuestra prioridad», y en ningún caso la modificación aprobada conllevará pérdida de patrimonio, porque solo se baraja el alquiler o cesión de los edificios.

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