La firma ayer por la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con la patronal y los sindicatos de la nueva estrategia sobre seguridad y ... salud en el empleo 2023-2027 ofreció una cara –es el acuerdo decimoséptimo en el marco del diálogo social esta legislatura– y una cruz que solapó las bondades del pacto: la frialdad, cuando no abierta tensión, que preside hoy las relaciones entre el Gobierno y la CEOE. Una fricción jalonada por asuntos que tienen que ver con el mercado laboral –la subida del SMI–, polémicas paralelas –el estatus y el sueldo de Antonio Garamendi al frente de la CEOE– y discrepancias de oportunidad política –el señalamiento de la cúpula empresarial por un Ejecutivo que confronta, en su argumentario, con «los poderosos»–; un cóctel negativo para el bien común rematado ahora por el amago de Díaz de revisar las condiciones sobre el despido pactadas en la reforma laboral. La vicepresidenta sabe que ese melón difícilmente va a poder reabrirse ahora –para empezar, por la divergencia escenificada ayer mismo entre el PSOE y Unidas Podemos– y tampoco puede sentirse ajena a que su proyecto estrella prosperó de una manera tortuosa. Sería pernicioso que el escenario electoral contamine, también, el hoy precario diálogo social.
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