El morir de éxito de Yolanda

Lo hizo primero con Sumar, ese nuevo espacio a la izquierda del PSOE, más transversal y menos dogmático que Podemos, que, sin llegar a resucitar la vieja lucha de clases, priorizaba el aliviar las carencias proletarias por encima de las guerras culturales de cada día. Tal fue la expectación por haber sabido orientar hacia la política práctica los rescoldos del 15-M que Yolanda Díaz, la señalada, se vino tan arriba que empezó a arrinconar, y luego a purgar, a quienes no compartían con suficiente ilusión su proyecto, o reivindicaban más reconocimiento en las listas por haber realizado un 'lifting' a la izquierda desde 2014.

A ese empeño de morir de éxito, con Sumar inmerso en la tarea de contradecir su propio nombre y pagando en las urnas la división generada, Yolanda Díaz añade ahora la polémica de la subida del salario mínimo (SMI), una medida que permite a dos millones y medio de españoles dignificar un poco más sus ingresos. Más de 70.000 extremeños, uno de cada cinco trabajadores asalariados de esta región, que se dice pronto, han experimentado una subida en sus nóminas por encima del 60% desde 2018. Que de este palo, cuyos beneficios son tan poco discutibles para los trabajadores, se haya hecho astillas el Gobierno que lo ha aprobado es un nueva muesca que se debe apuntar la vicepresidenta Díaz.

La subida del salario ha dejado, en la forma, una trifulca infantil desde la mesa del Consejo de Ministros, tan ridícula que va más allá de las discrepancias lógicas que pueden tener dos partidos que forman un gobierno de coalición, para el que tal vez nos falta todavía cultura política, a la ciudadanía y sobre todo a los propios gobernantes. Pero también ha dejado dos cuestiones de fondo.

Una es que se ha abierto la reflexión pública sobre en qué momento un trabajador debe empezar a pagar impuestos; es decir, hasta cuándo una sociedad exime a sus ciudadanos de contribuir a los servicios públicos que recibe.

Está claro que el PSOE y la vicepresidenta María Jesús Montero han decidido que sea hasta aquí, hasta los 1.184 euros brutos en que ha quedado fijado el salario mínimo con 14 pagas. La decisión es comprensible, pues supone que el Estado recaude o no en torno a 2.000 millones de euros, pero controvertida: por mucho que se haya dignificado el SMI, continúa siendo una cantidad sobre la que es difícil hacer recaer, aunque sea de forma leve y conservando la justicia redistributiva, una parte del mantenimiento del Estado.

La segunda cuestión de fondo es que este debate en torno a tributar o no por el salario mínimo ha hecho que se profundice en la sensación de que pagar impuestos es una especie de robo que sufre el ciudadano a cambio de nada. Cada vez se extiende más la idea de que tener retenciones es como tirar el dinero al cubo de la basura, sin obtener retorno alguno.

La novedad es que esta vez el tributar es cuestionado por parte de quienes más se benefician, por su condición de población con menos recursos, de todos aquellos servicios que aporta el Estado gracias precisamente a los impuestos que recauda. Los perceptores del salario mínimo necesitan, más que otros cabe pensar, tener cerca un colegio público, que haya becas, un transporte público eficaz o que el centro de salud funcione correctamente porque no podrá pagarse una sanidad privada.

Extender, por tanto, la idea de que un Gobierno les va a quitar, sin más, su dinero como si sufrieran un castigo divino es no ser conscientes de que contribuir a que un Estado funcione es bueno para todos. Y que alcanzar un nivel de ingresos suficiente para tener retenciones es también un signo de dignidad.