Alianza por Almaraz: respuesta a una decisión política

La plataforma 'Sí a Almaraz, sí al futuro' nació precisamente con ese espíritu: aglutinador, transversal y apolítico. Aquí nadie pregunta a qué partido vota el profesor que ve amenazado el porvenir de sus alumnos, ni al ganadero que teme por la pérdida de actividad, ni al hostelero que afronta la incertidumbre de un futuro sin anclajes económicos para su comarca. Lo que nos une es más fuerte que nuestras diferencias: la convicción de que cerrar Almaraz sin alternativas reales sería un error histórico.

Y, sin embargo, esa es la senda que ha elegido el Gobierno. Conviene subrayarlo con claridad: el cierre nuclear en España no responde a un análisis técnico, económico ni ambiental, sino a un acuerdo político firmado en un despacho. El pacto de coalición PSOE–Sumar de 2023 lo establece sin rodeos: «Haremos un cierre de las nucleares planificado, seguro, ordenado y justo socialmente, escalonando el cese de operación de todas las centrales españolas entre 2027 y 2035». Es decir, la clausura del parque nuclear está decidida de antemano por razones ideológicas, no por seguridad, sostenibilidad o competitividad.

Los programas electorales lo dejan aún más claro. El PSOE, en 2019 y 2023, fijó el cierre gradual como horizonte inamovible. Podemos, entonces socio de coalición, llegó a prometer el cierre de todas las nucleares antes de 2024. Sumar, heredero de esa línea, insiste hoy en aplicar una moratoria a cualquier nueva iniciativa nuclear, subir las tasas al sector y mantener un calendario de clausura irreversible. No hay novedad técnica, no hay un dictamen científico ni un informe económico que justifique este empeño. Lo único que ha cambiado en estos años es la correlación parlamentaria y el color de los pactos de Gobierno.

La contradicción es evidente. Mientras el Parlamento Europeo debate sobre el papel estratégico de la energía nuclear en la transición energética, el Gobierno español ignora esa misma voz en casa. Mientras Francia, Bélgica, Suecia, Polonia o incluso Japón revisan sus calendarios de cierre para prolongar la vida útil de sus centrales y asegurar un suministro descarbonizado, España insiste en cerrar unas instalaciones que aportan en torno al 20% de nuestra electricidad, sin emisiones de CO₂ y con un factor de estabilidad que ninguna otra tecnología ofrece todavía.

Cerrar Almaraz no sería solo apagar un reactor: significaría encender un problema mayor. Un problema de carácter económico, porque supondría destruir un motor de empleo cualificado y estable en una región que ya sufre despoblación y falta de oportunidades. De carácter social, porque implicaría poner en riesgo servicios, cohesión territorial y la continuidad de cientos de familias que dependen directa e indirectamente de la central. Y también de carácter medioambiental, porque sustituir la energía nuclear por gas o por importaciones de carbón aumentaría las emisiones, encarecería la electricidad y reforzaría la dependencia energética exterior.

Ese es el verdadero debate, y es el que ha conseguido unirnos más allá de partidos, ideologías o intereses particulares. Resulta casi insólito que en un contexto de polarización política como el actual, una pequeña localidad extremeña haya logrado algo tan difícil: demostrar que cuando la razón y el futuro están en juego, las etiquetas políticas quedan en segundo plano.

No es casual que Bruselas haya prestado atención a esta causa en una reciente sesión en la que pudimos plantear el problema. La energía nuclear ha sido reconocida por la UE como parte esencial de la transición hacia la neutralidad climática. Instituciones internacionales, organismos reguladores y expertos en energía coinciden en que no podemos renunciar a una tecnología capaz de producir grandes cantidades de electricidad sin emisiones. ¿Por qué entonces España se empeña en ir a contracorriente?

La respuesta parece estar en unos acuerdos de gobernabilidad que no quieren ver que incluso en la última cumbre del clima un numeroso grupo de países acordaron continuar con el uso de la nuclear para garantizar la transición energética. Que no atienden a informes técnicos, no valoran el impacto en comarcas como Campo Arañuelo y no escuchan a las comunidades afectadas. Por eso insistimos en que nuestra plataforma es apolítica: porque frente a una decisión con fines partidistas, lo que defendemos aquí es pura supervivencia, sentido común y futuro compartido.

La firma de la Alianza por Almaraz debe entenderse como algo más que un acto comarcal. Es la expresión de una mayoría silenciosa que pide racionalidad, que pide no quedar al margen de una tendencia internacional que ha entendido que la nuclear no es un enemigo de las renovables, sino su complemento imprescindible. Es la voz de un territorio que no quiere resignarse al olvido ni al vaciamiento demográfico. No se trata de resistirse al cambio ni de negar la transición energética. Se trata de hacerla bien, de forma ordenada, con visión de futuro y con justicia real. Y eso exige mantener abiertas las centrales que hoy nos dan seguridad, empleo y energía limpia, mientras construimos las alternativas que mañana podrán tomar el relevo.

Por eso hoy no firmamos solo una alianza por Almaraz: firmamos una alianza por el sentido común, por la vida en nuestros pueblos y por la coherencia de un país que no puede hipotecar su futuro energético por decisiones ideológicas. Bruselas lo entiende. Extremadura lo entiende. Y lo entendemos todos los que, más allá de partidos, sabemos que esta batalla no va de tintes políticos, sino de luz, de trabajo y de futuro.