La Unión Progresista de Fiscales lleva a la ONU las «anomalías» de la condena a García Ortiz

En un comunicado, la UPF afirma que la independencia judicial está comprometida y busca internacionalizar su denuncia con la petición a Naciones Unidas (ONU) para que intervenga su relatora para asuntos judiciales. Entre las quejas destaca la denuncia de medidas «excesivamente invasivas», como el volcado de datos personales durante casi ocho meses, cuando los hechos investigados se limitaron a apenas 48 horas, así como actuaciones y comportamientos públicos durante el juicio que podrían evidenciar falta de neutralidad, incluyendo supuestos vínculos académicos entre jueces y abogados de la acusación.

La UPF ha cuestionado también el hecho de que el fallo condenatorio se adelantó públicamente el pasado 20 de noviembre antes de que se difundiera la sentencia completa con sus fundamentos jurídicos. A su juicio, esa práctica vulnera la transparencia del proceso, el derecho de defensa y la confianza de la ciudadanía en las instituciones. La petición a la ONU, sostiene la asociación, no busca politizar el asunto, sino garantizar la independencia judicial y resguardar los derechos fundamentales de quienes integran el Ministerio Público en España.

El colectivo profesional, al que también pertenece la próxima fiscal general Teresa Peramato, que dejará la militancia tras asumir este encargo, considera esta vía como un «mecanismo de protección institucional» ante lo que define como un juicio histórico, sin precedentes, que requiere un escrutinio internacional.

En este contexto, introducen además las polémicas «intervenciones en sala incompatibles con la neutralidad», los «vínculos académicos» entre el magistrado Antonio Del Moral y algunos abogados de la acusación y el curso del Colegio de la Abogacía de Madrid, acusación popular también en el caso, en el que se escucharon «comentarios jocosos del presidente del tribunal sobre la sentencia antes de su adopción».

Unas palabras de Andrés Martínez Arrieta que desvelaron además el cambio de ponente, que inicialmente recayó en Susana Palo, partidaria de absolver a García Ortiz junto a su compañera Ana Ferrer. En cambio, los otros cinco integrantes de la sala apoyaron la condena.

En la actualidad, la relatora especial es la estadounidense Margaret Satterthwaite, nombrada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en octubre de 2022. Su oficina está en Suiza y su cometido consiste en registrar ataques a la independencia de jueces, abogados y fiscales; supervisar los avances conseguidos a la hora de proteger y mejorar la independencia de los mismos; y realizar recomendaciones concretas a los Estados y a otros actores.