El Gobierno no compromete que vaya a encauzar este año la nueva ley de secretos oficiales

Como telón de fondo aparece no solo el delicado trance que atraviesa el mandato de Sánchez tras el reventón del 'caso Cerdán', sino también -o sobre todo- que el anteproyecto de la futura ley, denominada en su caso 'de información clasificada', ya tropezó en la pasada legislatura con el rechazo de la oposición y de los propios socios, algunos de los cuales, como el PNV y Podemos, la encuentran demasiado restrictiva. El Consejo de Ministros aprobó el citado anteproyecto hace ahora casi tres años, en su última reunión de agosto de 2022 antes de las vacaciones. La iniciativa legislativa decayó al adelantar Sánchez las generales al 23 de julio de 2023. Ahora, el texto está siendo revisado por el Consejo de Estado, tras el período de audiencia pública, para que emita el correspondiente informe, preceptivo pero no vinculante.

En el Gobierno no descartan que ese dictamen pueda estar listo antes de vacaciones, pero en todo caso no comprometen cuándo lo ratificará en segunda vuelta ni que vaya al Congreso para su debate en el próximo período de sesiones, en otoño. «No tenemos plazo», responden fuentes conocedoras de la tramitación, que subrayan que el Consejo de Ministros tendrá aún que «trabajar la ley» cuando se conozca el parecer del Consejo de Estado que preside la exvicepresidenta socialista Carmen Calvo y otros informes obligados. El PNV sostiene que el Ejecutivo no se ha dirigido al partido para trasladarle ningún movimiento sobre la reforma que pudiera interpretarse como un gesto de Sánchez hacia sus socios en un momento en el que estos se están mostrando exigentes con el impacto sobre la legislatura de las causas por corrupción. Este martes visita La Moncloa el lehendakari Imanol Pradales, pero con las transferencias pendientes -en especial, la gestión la Seguridad Social para Euskadi- en la agenda.

El anteproyecto de ley que analiza ahora el Consejo de Estado, principal órgano consultivo del Gobierno, apenas introduce modificaciones con respecto al que aprobó el Consejo de Ministros el 1 de agosto de 2022 previa luz verde de Presidencia, Justicia -hoy ambos en la misma cartera que dirige Félix Bolaños-, Defensa, Interior y Exteriores; una pluralidad de actores ministeriales justificada porque la reglamentación se refiere a aquellas materias con una relevancia «excepcional» para los intereses del Estado; singularmente en lo referido a Defensa y seguridad nacional. Los cambios atenúan, pero no de manera significativa, algunas de las previsiones de hace tres años en lo que tiene que ver con el tiempo en que se guardará esa información reservada y con la cuantía de las eventuales multas a quienes la difundan.

La reforma, dirigida por Bolaños -quien la asumió con la ministra de Defensa, Margarita Robles, transigiendo porque la misma se situó en parámetros más restrictivos que los contemplados inicialmente por los socialistas-, establece cuatro categorías según las materias protegidas: alto secreto, secreto, confidencial y restringido. Y con, a su vez, cuatro escalones en las responsabilidades potenciales que pueden contraerse si se vulnera el 'top secret': extremadamente grave, grave, perjudicial o desfavorable. En el anteproyecto original, el plazo para que el Estado preserve ante el ojo público los asuntos catalogados como alto secreto era de 40 años prorrogables 15 más; ahora se rebaja a 45 y 15. En cuanto a los considerados secretos, la horquilla, en principio de 40 ampliables a otra década, se deja en 35.

En cuanto al castigo máximo previsto para los periodistas que publiquen una información clasificada como alto secreto por el Consejo de Ministros, este, que iba a ser de tres millones de euros, pasan a 2,5 millones, cuantía que respondería a una infracción «muy grave»; el listón más bajo para la revelación de los asuntos con mayor blindaje sigue en 800.000. Hace tres años, el Gobierno no desveló este régimen sancionador en la comparecencia posterior al Consejo en el que refrendó el anteproyecto hace tres años, aunque después se afanó en subrayar que, como figura en el preámbulo de la norma, el espíritu es que prevalezca el derecho constitucional a la libertad de expresión.

La reforma, que no concitó en su momento la anuencia de los socios, se sitúa en el terreno de la regulaciones más severas de Europa y dentro de la OTAN con la protección de los entresijos del Estado, con períodos de blindaje equiparables a los de Francia o Alemania y por encima de lo que contemplan las legislaciones en Reino Unido, Italia o Estados Unidos. En todo caso, el Gobierno argumentó en su momento que la desclasificación se movía en los acotados márgenes definidos por los técnicos de la Alianza Atlántica.