Israel acusa a Sánchez de caer en el «antisemitismo» para tapar su «corrupción» y prohíbe entrar en el país a Yolanda Díaz y Sira Rego
El Gobierno califica de «falsas y calumniosas» las acusaciones y advierte de que «no se dejará amedrentar en su defensa de la paz, el derecho internacional y los derechos humanos».
C,P.S. / Paula de Las Heras
Lunes, 8 de septiembre 2025, 10:35
El Gobierno de Benjamin Netanyahu ha respondido de forma inmediata al paquete de medidas para frenar el «genocidio» en Gaza anunciado por Pedro Sánchez. Israel ... ha acusado al presidente del Gobierno de utilizar las sanciones para intentar «distraer la atención» de los escándalos de corrupción y ha anunciado sanciones contra la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, a las que prohíbe la entrada en el país.
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El encargado de dar la respuesta ha sido el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar, mediante un largo mensaje publicado en redes sociales en el que sostiene que el Gobierno español lidera «una línea hostil» contra Israel «con una retórica desenfrenada y llena de odio». Saar tilda incluso de «obsesiva» la actitud de Sánchez al que reprocha los supuestos «vínculos» que, en contraste, mantiene con «regímenes autoritarios oscuros», como los de Irán o Venezuela.
En nada ha suavizado la respuesta de Israel el hecho de que el jefe del Ejecutivo español haya comenzado su intervención de este lunes recordando y condenando todos los padecimientos y persecuciones injustas sufridas por el pueblo judío a lo largo de la historia y defendiendo su derecho a un Estado propio y seguro. En el comunicado publicado en X, el ministro de Exteriores israelí sostiene que el Gobierno manifiesta «una notable falta de conciencia histórica sobre los crímenes de la Inquisición, las conversiones forzadas y la expulsión de los judíos de España».
«El Gobierno de Israel, como Estado del pueblo judío, tiene el deber de alzar la voz y advertir contra el antisemitismo institucionalizado y presentarlo tal y como es, sin pretensiones ni disimulos». dice. Así, justifica en concreto las medidas contra Díaz y Rego, al considerar que han cruzado «cualquier línea roja». De Díaz, recuerda, entre otras declaraciones, que en octubre de 2023, días después del brutal ataque de Hamás, ya acusó a Israel de cometer crímenes de guerra y en 2024, después de que España reconociera el Estado palestino afirmó que era solo «el primer paso para la liberación de Palestina desde el mar hasta el río», lo que implicaría, dice, la «destrucción» del Estado israelí.
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Saar sostiene que es «evidente» que como líder de Sumar, Díaz «se está aprovechando de la debilidad política del presidente Sánchez y le está arrastrando, paso a paso, a implementar su visión antiisraelí y antisemita».
Decisión "soberana"
En otro comunicado, el Ministerio de Exteriores ha tildado de «tajantemente las falsas y calumniosas» las acusaciones de antisemitismo del Gobierno israelí, ha considerado «inaceptable» prohibición de entrada a Israel a la vicepresidenta segunda y la ministra y ha lanzado una advertencia: «El Gobierno de España no se dejará amedrentar en su defensa de la paz, el derecho internacional y los derechos humanos».
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El texto subraya que, en los últimos años, España ha concedido la nacionalidad a 72.000 sefardíes y recuerda que el Gobierno condenó «inmediatamente el horrible atentado del grupo terrorista Hamas» y ha exigido «en todo momento» la liberación de todos los rehenes. También subraya que aprobó el primer Plan Nacional contra el Antisemitismo de la historia epsañola en enero de 2023 y que decidió adoptar la definición de antisemitismo de la IHRA. «Este Gobierno está comprometido contra el antisemitismo y el racismo y con un país -dice- en el que no cabe ningún tipo de discriminación».
El Gobierno -que con posterioridad ha enviado un comunicado de condena contra el atentado de Hamás sufrido hoy en Jerusalén- reivindica que las medidas anunciadas por Sánchez «en relación a la inhumana situación en Gaza y Cisjordania» responden al «sentir mayoritario de la sociedad española» y recuerda que se adoptan «en el marco de su soberanía y en coherencia con su defensa de la paz, los derechos humanos y la legalidad internacional».
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