Vox se abre a negociar con la Junta el decreto fiscal clave para desbloquear la legislatura

El Pleno de la Asamblea de Extremadura debatirá y votará este jueves el decreto-ley de medidas tributarias, que fue aprobado por el Ejecutivo autonómico a finales de enero, después de que decidiera retirar el proyecto de Presupuestos para 2025 ante la falta de apoyos parlamentarios.

Este decreto-ley recoge, aunque con algunos cambios y pequeñas novedades, las medidas fiscales para favorecer el acceso a la vivienda que ya fueron rechazadas por los tres grupos de la oposición (PSOE, Vox y Unidas por Extremadura) en noviembre, así como las propuestas incluidas en el proyecto de cuentas para este año y que ante su retirada no se llegaron a aprobar.

Con la aprobación de una norma de carácter urgente el Gobierno regional consiguió la aplicación inmediata de esas medidas, que desde finales de enero están por tanto en vigor. Pero para que se mantengan deben ser convalidadas por el Parlamento regional, tal como sucede con la tramitación de cualquier proyecto legislativo ordinario. El problema para el Ejecutivo autonómico del PP es que sigue sin contar con la mayoría suficiente. Sus 28 diputados en la Asamblea no bastan ante los 28 del PSOE, los cinco de Vox y los cuatro deUnidas por Extremadura.

La Asamblea votará en primer lugar la convalidación o el rechazo del decreto-ley. Tras esto, si un grupo lo pide y si hay una mayoría a favor, podrá convertirse en proyecto de ley, lo que permitiría presentar enmiendas de modificación. Esto daría un tiempo añadido a la negociación entre el Gobierno regional y la oposición.

Los populares apelan a esa solución. Pero esto es un dilema para los grupos de la oposición, ya que nada asegura que, en caso de que la norma se convierta en proyecto de ley, se vayan a incorporar sus enmiendas.

El PSOE presentó alegaciones al texto, pero han sido rechazadas por el Gobierno regional, que recuerda que sólo caben modificaciones en el decreto-ley si se convierte en proyecto de ley. Por su parte, Vox registró una propuesta alternativa con rebajas mucho más ambiciosas, pero asegura que no ha tenido respuesta del Gobierno regional.

Hasta ahora. El portavoz de Vox en el Parlamento extremeño, Óscar Fernández, reconoció ayer que «ha habido algún contacto informal» con los populares para que se mantengan las rebajas fiscales en vigor desde enero.

Esto abre la puerta a la aprobación del decreto-ley. De hecho, en el pleno de mañana Vox preguntará a la presidenta de la Junta por la hoja de ruta del Gobierno regional en caso de que se convalide la norma, un escenario que actualmente sólo está en manos de Vox. Pero Fernández añadió que todavía no se puede hablar de negociación. Por ese motivo, afirmó que el voto de su grupo aún no está decidido, aunque están dispuestos a hablar con el Gobierno extremeño con el objetivo de «llegar a un acuerdo».

En cualquier caso, insistió en que la postura de su grupo aún no está cerrada. «Lo que pretende el PP es una imposición más que una negociación, y por ahí no vamos a pasar», expuso. Como muestra, recordó lo que ocurrió en noviembre con el anterior decreto-ley de medidas fiscales, que fue rechazado con los votos en contra de Vox.

Lo que podrían parecer unas declaraciones conciliadoras recibieron una tibia respuesta del PP. El portavoz popular, José Ángel Sánchez Juliá, señaló sobre lo dicho por Vox que «conversaciones informales hay por los pasillos constantemente».

Para Sánchez Juliá, el decreto-ley de medidas tributarias recoge rebajas «de justicia» para Extremadura. En caso de que sean rechazadas, los grupos de la oposición deberán explicar por qué impiden reducir el impuesto de transmisiones patrimoniales para los jóvenes o las deducciones fiscales para enfermos de ELA, entre otras muchas cuestiones.

Para el portavoz popular, «el diálogo tiene que venir una vez convalidado el decreto-ley», cuando se pueda convertir en proyecto de ley y pasar a la fase de enmiendas. Como ha indicado el Gobierno regional, siguiendo el Reglamento de la Asamblea, el texto original no puede ser modificado. Aunque también es cierto que el Ejecutivo extremeño no quiso consensuar su contenido antes de aprobarlo.

Para la portavoz del Grupo Socialista, Piedad Álvarez, las declaraciones de Vox evidencian «una negociación oculta» con el Gobierno regional del PP, lo que a su juicio explica el rechazo a las alegaciones presentadas por los socialistas, que han planteado medidas como la bonificación de los comedores escolares y la reforma del IRPF.

«Tienen pactado el voto favorable de la extrema derecha a ese decreto-ley insuficiente», que contará con el voto en contra del PSOE, que estima que los populares han vuelto a elegir a Vox como socio prioritario para lo que queda de legislatura.

También votará en contra Unidas por Extremadura, que considera que las medidas para facilitar el acceso a la vivienda no darán resultado y que critica que convivan con rebajas a casinos y deducciones para enfermos de ELA. Esto deja en manos deVox el futuro del decreto-ley.

La portavoz del grupo, Irene de Miguel (quien compareció en rueda de prensa antes que Vox), afirmó que «no sabemos si el PP tiene ninguna intención de aprobar el decreto-ley». En su opinión, en caso de que sea rechazado «alguien tiene que dimitir».