El SES carece de seguro para pagar las indemnizaciones a pacientes por errores médicos

Es la última indemnización que se ha conocido a la que tendrá que hacer frente el SES con recursos propios, tal como lleva haciendo desde 2017, cuando venció el contrato con Mapfre, la aseguradora que entonces tenía el servicio de salud extremeño.

Desde que en 2002 Extremadura asumiera las competencias sanitarias, el SES ha contado con aseguradora. Primero fue la empresa Zurich y después Mapfre, con la que suscribió en 2013 el último contrato. A su término, el 30 de agosto de 2017, el SES volvió a sacar a licitación pública su seguro de responsabilidad civil y patrimonial por 8 millones de euros, la misma cuantía del que vencía, para hacer frente al pago de las reclamaciones ante posibles errores sanitarios. Esto es, para pagar las indemnizaciones por esos errores porque así lo determine un juez o bien porque administración y paciente alcanzan un acuerdo amistoso, que es lo que sucedía hasta entonces en la mayoría de las ocasiones.

Hasta entonces también, la aseguradora hacía frente a más del 80% de las cuantías reclamadas, puesto que las que no tenían cobertura con el seguro eran aquellas en las que la cantidad a pagar en concepto de indemnización era inferior a los 3.000 euros. Casos de gastos menores como pérdidas de gafas o audífonos, por ejemplo.

Sin embargo, esa primera licitación y las siguientes que se sucedieron quedaron desiertas. Tras vencer el contrato con Mapfre, el SES no logró que otra aseguradora lo asumiera. Y la situación sigue hoy sin variar.

La judicialización de la medicina y la imposición de indemnizaciones millonarias en algunos casos está detrás del rechazo de las aseguradoras a asumir a los servicios de salud. El caso de Extremadura no es una excepción en el conjunto del país.

Son dos los seguros con los que hasta entonces contaba el SES, ambos con la misma empresa. Por un lado, el seguro de responsabilidad civil y, por otro, el patrimonial. El primero es para proteger a los sanitarios en procedimientos penales, en los que las cuantías económicas son menores. El segundo, en aquellos contenciosos-administrativos que no conllevan penas de prisión pero sí, en algunos casos, altas indemnizaciones.

Para no quedarse sin ninguno de los dos seguros, la Consejería de Sanidad optó entonces por sacar a concurso las pólizas por separado, para evitar que una única compañía tuviera que asumir las dos como venía ocurriendo hasta el momento.

El objetivo era reducir las cuantías y así facilitar la adjudicación de los seguros. Por un lado sacó el de responsabilidad civil y por otro el de responsabilidad patrimonial. Fue en 2018 y logró adjudicar el primero, pero no el segundo.

El Consejo de Gobierno de Extremadura, de hecho, acaba de autorizar a la Consejería de Salud la contratación de una póliza que dé cobertura a la responsabilidad civil sanitaria directa del personal asegurado y subsidiaria del SES, dirimida en procedimientos penales, con un presupuesto de licitación de 800.000 euros.

Se trata de la misma cuantía por la que se viene licitando y adjudicando desde 2018 y que hay que renovar ante el vencimiento, el próximo mes de mayo, del contrato en vigor.

«El seguro es una técnica a la que recurre la Administración para proteger mejor sus intereses financieros ante el riesgo de que en un momento concreto tenga que pagar una indemnización inusualmente alta», recuerda el Gobierno autonómico en el anuncio público que ha realizado de la nueva licitación.

Pero la realidad es que esa cobertura sigue sin tenerse en la región en el caso de la responsabilidad patrimonial. Es el motivo por el que desde 2017, es el SES el que está asumiendo con recursos propios el pago de las indemnizaciones que se fijan para pacientes bien por acuerdos amistosos o por imposición de los jueces.

«En ausencia de contrato de seguro, de existir reclamación por la que el SES deviene obligado al pago de indemnización patrimonial sin existencia de cobertura de seguro, el organismo público se verá obligado a satisfacer la obligación de pago con recursos propios, para lo cual figura dotación presupuestaria disponible», anunció la Consejería de Sanidad entonces.

Para ello ha venido reservando en sus presupuestos una partida de siete millones de euros, la cuantía aproximada con la que ha tratado de adjudicar sin éxito el seguro de responsabilidad patrimonial, que mantienen igualmente los actuales responsables de la Consejería de Salud.

Pero no es lo que quieren los colegios de médicos de la región. Tanto el responsable del cacereño, Carlos Arjona, como el del pacense, Pedro Hidalgo, han reclamado en sendas reuniones a la consejera Sara García Espada que trate de corregir «la situación anómala» que se viene produciendo desde hace ya seis años en Extremadura.

«El SES tiene que asegurar a sus trabajadores como marca la ley y contar con una aseguradora que haga frente a las posibles indemnizaciones, que no haya que abonarlas con dinero público como está ocurriendo en la actualidad», señala Pedro Hidalgo. «Por eso hemos instado a la consejera de Salud a que analice la situación y la valore para que contemos con un seguro de responsabilidad patrimonial».

«Es preciso que se estudie qué se hace en otras comunidades autónomas y que se vean los precios que tienen las pólizas de seguro para resolver la situación en la que estamos», añade Carlos Arjona. Para los responsables de los colegios de médicos el problema está en el precio de licitación. «Las indemnizaciones que fijan los jueces son altas y a las compañías les tienen que resultar rentables los seguros».