El registro de objetores al aborto incluirá a los médicos de la privada en Extremadura

En concreto, recogerá a los ginecólogos, anestesistas, médicos de Familia, enfermeros de Obstetricia y matronas que trabajen tanto en la sanidad pública como en la privada y que no quieran participar en las interrupciones de los embarazos. El objetivo es disponer de un registro al que tengan acceso las direcciones sanitarias implicadas en estos procesos para poder organizar los departamentos, «realizar una adecuada gestión de la prestación del servicio» dice el decreto, de tal modo que se garantice el derecho al aborto de las mujeres. «El derecho a la objeción de conciencia no puede menoscabar el derecho humano a la vida, a la salud y a la libertad de las mujeres que decidan interrumpir su embarazo».

Las mujeres podrán hacerlo dentro de las primeras 14 semanas de gestación y tendrán que comunicar su decisión en su centro de salud o en el hospital para ser derivadas al centro de planificación familiar, al enfermero especialista en Ginecología o a la matrona. En caso de que la interrupción se deba a cuestiones médicas, «la mujer tiene que manifestarlo en el ámbito sanitario especializado en el que haya sido diagnosticada», aclara el decreto que ultima la Consejería de Salud para que entre en vigor el registro de médicos objetores al aborto en Extremadura.

Falta su publicación en el DOE, aún no hay fecha para ello, después de que el SES decidiera el pasado marzo la apertura de un nuevo período de audiencia e información pública para incluir en el decreto ya realizado «los datos mínimos requeridos para la creación del registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia, aprobados en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el pasado 13 de diciembre».

Los sanitarios implicados en los abortos deberán presentar una declaración de objeción y especificar a qué supuestos de la ley de interrupción del embarazo objetan en concreto. «Esta declaración desplegará sus efectos a las 72 horas de haberse presentado», aclara el SES. Pero la misma podrá ser revocada por el profesional en cualquier momento.

El registro no tendrá carácter público, se someterá al «principio de estricta confidencialidad» y al mismo solo podrán acceder, además de los profesionales que lo conformen, las direcciones sanitarias de las que dependa garantizar la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo tanto en la sanidad pública como en la privada.

Hasta la fecha las extremeñas siguen sin poder abortar en los hospitales públicos de la región, a pesar de que las diferentes normas que se han venido publicando incluyen la interrupción del embarazo en la relación de prestaciones que deben garantizarse, ni tampoco está en vigor el registro obligatorio que debe tener el SES en cumplimiento de la llamada reforma de la Ley de aborto, que entró en vigor el 2 de marzo de 2023.

Una obligación para garantizar un servicio, el de la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública, que las normas anteriores han venido recogido, también las leyes autonómicas.

Un año después de ser aprobada la ley de 2023, la Asamblea respaldó una propuesta del PSOE para instar a la Junta a crear ese registro. La iniciativa contó con el visto bueno del PP y de Unidas por Extremadura. Vox fue el único grupo que la rechazó.

Dos meses más tarde la Consejería de Salud inició la elaboración del decreto por el que se creará el registro y se regulará la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo, pero dos años después de que entrara en vigor la ley que así lo establece y exige, Extremadura sigue sin contar con el registro de profesionales sanitarios objetores al aborto ni tiene fecha para ello.

Aunque el pasado verano Salud sometió a información pública el decreto ya elaborado, lo ha tenido que modificar y volver a sacar a exposición tras los cambios introducidos para su creación por el Ministerio de Sanidad. Ahora, tras una segunda exposición, se espera que el decreto se publique en el DOE y que la región cuente con el registro.

No obstante, las extremeñas tienen garantizado su derecho al aborto. Aunque no es en el SES, son derivadas en su mayoría a una clínica privada de Badajoz. Lo hacen una media de mil mujeres al año que hasta la fecha continúan sin poder acudir a los hospitales públicos de la región para ejercer su derecho.