La reforma de la Lotus abre la puerta a la gestión privada en la tramitación de licencias

La modificación propuesta, que forma parte de una disposición añadida durante la tramitación de la Ley de cohesión e igualdad territorial, regula las denominadas entidades de certificación urbanística. Con ello Extremadura se sumará a otras comunidades autónomas que permiten estos servicios de carácter privado, como Madrid y Andalucía.

Según el texto en tramitación, las entidades de certificación urbanística son empresas que deberán tener la habilitación correspondiente concedida por la Entidad Nacional de Acreditación. Para poder ejercer en la región deberán contar con la autorización expresa de la Junta de Extremadura, que creará un registro específico. Deberán disponer de los medios para desempeñar su labor técnica y un seguro de responsabilidad civil de al menos 1 millón de euros.

Los ayuntamientos de la comunidad podrán ejercer a través de estas entidades las funciones de intervención o control en el procedimiento de tramitación de licencias, declaraciones responsables y comunicaciones previas urbanísticas, a instancia del ciudadano; así como la verificación e inspección de actos de uso del suelo o subsuelo y edificación, a instancia de la administración local. En ningún caso tendrán carácter de autoridad, ni su actuación podrá impedir la función propia de los servicios técnicos municipales.

En su actuación, podrán emitir actas, certificados e informes que serán asumidos por el ayuntamiento e incorporados al expediente administrativo, sin perjuicio de oposición motivada.

El certificado de conformidad favorable será suficiente para la concesión de la licencia. En casos de no conformidad, será preciso la ratificación o rectificación por parte de los servicios técnicos municipales.

La propuesta de modificación de la ley conocida como Lotus aún se encuentra en una fase inicial, por lo que no se descartan más añadidos por parte de la Consejería de Infraestructuras. En cualquier caso, el texto final que se incluya en la propuesta de ley de cohesión territorial deberá pasar por la Asamblea de Extremadura.