Quién puede ser miembro de un jurado popular y cómo se elige

Pero no todos los ciudadanos pueden formar parte de un jurado popular. La ley que regula este procedimiento establece que se requiere ser español mayor de edad, estar en pleno ejercicio de los derechos políticos, saber leer y escribir y residir en la provincia donde se cometió el delito a juzgar. Además, no se puede tener ninguna incapacidad física, psíquica o sensorial que impida el desempeño de la función de jurado.

Tampoco todos los que cumplan estos requisitos pueden formar parte de un tribunal del jurado. Quedan excluidos los que ya hayan realizado esta labor en los últimos cuatro años anteriores, los mayores de 65 años y aquellos que sufran graves trastornos familiares. También quienes tengan un parentesco (hasta el cuarto grado de consanguinidad) con algunas de las partes involucradas en el proceso judicial, incluidos testigos y peritos; los que hayan sido condenados por delitos dolosos y no hayan obtenido la rehabilitación, y los letrados en activo al servicio de los tribunales, los profesores universitarios de Derecho y los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en activo.

En definitiva, la ley establece los criterios para evitar que personas con un interés particular o aquellos con responsabilidades laborales o profesionales puedan comprometer su imparcialidad, y con el mismo fin recoge cómo debe elegirse a los miembros de los jurados.

La elección se realiza mediante un sorteo que se lleva a cabo cada dos años. La delegación provincial del censo electoral elabora una lista de posibles candidatos a jurado, teniendo cuenta los condicionantes y requisitos, y a partir de esta lista se realiza el sorteo para seleccionar a los miembros que participarán en un juicio concreto.

El sorteo se lleva a cabo en la última quincena de septiembre de los años pares y el listado conformado está en vigor para los juicios de dos años. Los elegidos pueden presentar reclamaciones o alegaciones al respecto y, en función de las mismas, se fija la lista definitiva, integrada por un millar de ciudadanos en cada provincia extremeña.

Cuando llega el momento del juicio concreto, se realiza un nuevo sorteo para elegir a los nueve jurados titulares y a los dos suplentes que juzgarán la causa de turno entre los que conforman la lista. Todos ellos serán citados con 30 días de antelación al juicio y se les proporcionará un formulario para verificar que no existen causas de incapacidad o incompatibilidad. Podrán ser además interrogados por los abogados de las partes, que podrán igualmente solicitar la recusación de alguno de los miembros del jurado.

El magistrado-presidente de la Audiencia Provincial que dirija el juicio decidirá sobre las recusaciones presentadas por las defensas de las partes y, una vez queden definitivamente seleccionados los once miembros, se forma el tribunal del jurado.

En Extremadura, los miembros del jurado, además de alojamiento y manutención, reciben una retribución diaria de 67 euros por día de juicio y si utilizan vehículo propio, se les abona 0,19 euros por kilómetro. Suelen ser alojados en un hotel durante el juicio y la deliberación si esta dura más de un día. Son custodiados mientras tanto por la policía y se les incomunica para evitar influencias externas durante el proceso. También se paga a quienes son llamados para el juicio aunque sean rechazados. En este caso, los no seleccionados reciben una retribución única de 33,50 euros.

Los juicios suelen durar entre día y medio y dos días de media, durante este tiempo es cuando los once miembros del jurado popular están incomunicados y habitualmente a última hora del segundo día comunican su veredicto.