Presos y trabajadores denuncian la deficiente atención sanitaria en las cárceles extremeñas

La falta de médicos que afecta al conjunto de la región tiene una consecuencia directa en las prisiones extremeñas, cuya sanidad no depende del SES sino del Gobierno porque estas competencias no han sido transferidas.

«Pero si faltan médicos de manera general, el déficit es mayor en las cárceles, porque los sueldos también son más bajos y es muy complicado cubrir las plazas», expone Alonso Torres.

La situación ha empeorado en los últimos cinco años porque las jubilaciones que se han venido produciendo no se han cubierto. Según los datos de CSIF, en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la cárcel de Cáceres aparecen ocho plazas de médico y otras tantas de enfermero.

«En la actualidad no hay ningún médico de plantilla, el servicio se cubre con dos contratados externos que uno trabaja unas horas por las mañanas y otro, otras por las tardes de lunes a viernes», concreta Pedro Domínguez, trabajador de la prisión y delegado sindical. «Durante las noches y los fines de semana solo hay urgencias, de tal modo que si ocurre algo pues se contacta por teléfono y se deriva al 112», añade. «La situación se está salvando porque los enfermeros que tenemos están asumiendo funciones que no son suyas y así vamos tirando; en caso contrario, la cárcel no podría funcionar».

En Badajoz no están cubiertas ni las seis plazas de médicos ni las ocho de enfermeros que figuran en la RPT. «Ahora mismo tenemos dos médicos, que no dan abasto y que no pueden cubrir las mañanas, tardes y noches de lunes a domingo», explica Carlos Galindo, trabajador de la prisión pacense y delegado sindical también. En el caso de esta cárcel, tampoco están cubiertas las ocho plazas de Enfermería: «Solo hay tres en estos momentos».

Las cifras que aporta el Ministerio del Interior son distintas. El número de reclusos en las dos cárceles extremeñas ronda los 400. En el caso de Cáceres, Instituciones Penitenciarias apunta que, además de los dos médicos contratados, hay cinco enfermeros, tres auxiliares, un farmacéutico y teleconsulta con un psiquiatra una vez al mes.

En cuanto a la prisión de Badajoz, hay cuatro médicos, cinco enfermeros, un auxiliar y un farmacéutico. «Además, esta cárcel cuenta con guardias de apoyo telemático, de tal manera que si el médico no está presente, el centro tiene a su disposición otro médico al que consultar», indican desde Interior.

Instituciones Penitenciarias reconoce las carencias en cuanto a personal en la atención sanitaria en las cárceles extremeñas, «no somos un ente aislado, sino una institución permeable en la que se reflejan los problemas que hay en la sociedad», pero destaca también que no es un asunto exclusivo de la región ni de la sanidad penitenciaria y que, en cualquier caso, «llevamos a cabo todas las medidas que están en nuestras manos para paliar esta situación compleja».

En este marco, resalta que desde 2018 hasta la actualidad se han ofertado 420 plazas de médicos para las prisiones del conjunto del país y 298 plazas de Enfermería. «Pero no está en nuestras manos conseguir que se cubran», añaden.

La realidad es que las plantillas sanitarias no están cubiertas y que ello repercute en el día a día en prisión. «Mi cliente lleva meses esperando que le vea un médico en la cárcel, porque de poco sirve apuntarse a la lista si el facultativo que va unas horas no puede atender las peticiones que hay», explica el abogado de un preso de Badajoz. «Mi defendido quiere denunciar esta situación, como otros muchos reclusos más, porque no tienen garantizada la atención sanitaria, porque están abandonados».

«La atención sanitaria es muy deficitaria. No solo es ya que los internos están evidentemente peor atendidos, porque un médico y en unas horas no puede ver a todos los que lo necesitan, sino que también esta carencia repercute en los trabajadores». Pedro Domínguez aclara que «la vida en prisión es muy diferente a la de la calle. Los más de 400 internos de Cáceres no son pacientes al uso, estamos hablando de una población con múltiples y variadas patologías que requieren por eso una atención sanitaria casi constante».

Por eso carecer de esa atención «es igualmente perjudicial para el día a día en la cárcel y para quienes trabajamos en ella», coincide Carlos Galindo. «Nos encontramos un día sí y otro también con situaciones complicadas porque no hay un médico en prisión».

Ambos funcionarios de vigilancia explican que cuando un preso se pone violento, cuando agrade a otro recluso o a un trabajador, algo más frecuente si no tienen la medicación ajustada, no pueden aplicar el régimen preventivo ni sancionador. «Para imponer aislamiento a un preso es obligatorio que antes le vea el médico; si no hay uno en la cárcel, no podemos aplicarlo». Esta complicada situación que se da en las cárceles extremeñas y que no va a menos porque el déficit de médicos persiste, ha empeorado en la prisión pacense.

«Las obras de reforma en marcha han supuesto el cierre de algunos módulos, pero siguen llegando internos, lo que conlleva hacinamiento en los que están habilitados y, con ello, más tensiones y enfrentamientos entre los reclusos. Y ante esto, sin un médico en la cárcel, estamos atados de pies y manos».

La atención sanitaria en las cárceles no depende del SES sino de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior. Este organismo asegura que en el país sigue sin cumplirse de manera mayoritaria la Ley 16/2003 que establece que la sanidad penitenciaria debe ser asumida por las comunidades autónomas. «El Gobierno está trabajando desde 2018 para que así sea, pero hasta la fecha, además de Cataluña y País Vasco, solo Navarra ha asumido estas competencias, lo hizo en 2022», detalla. «Desde entonces ninguna otra ha aceptado la sanidad penitenciaria y se están manteniendo reuniones con todas para solventar esta situación y conseguir que se cumpla la ley».