La Junta reclama 264 millones al Gobierno por las liquidaciones del sistema de financiación

La consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta, Elena Manzano, ha anunciado en la presentación del proyecto de Presupuestos extremeños para 2026 que se ha presentado una nueva reclamación al Gobierno por la liquidación de 2023. En caso de que no reciba una respuesta positiva, acudirá a los tribunales, como ya ha hecho con los datos de 2021 y 2022.

El sistema de financiación autonómica consiste en aportar a las comunidades autónomas unas cantidades en función de una previsión de ingresos por figuras como el IVA y el IRPF. Cuando se conoce la recaudación real, dos años después, hay que hacer un ajuste que puede llevar a las regiones a recibir más fondos o a tener que devolver dinero.

En el caso de Extremadura, el Gobierno regional ya estimó insuficientes las liquidaciones de 2021 y 2022, que se practicaron en 2023 y 2024. Su reclamación está pendiente de resolución en la Audiencia Nacional. Ahora se suma la liquidación de 2023, que se ha ingresado este año. La Junta considera que le corresponden más de lo que ya entregado el Gobierno central y reclama 149 millones de euros. La petición se trasladó este miércoles.

Elena Manzano ha explicado que estas cantidades obedecen a la caída de ingresos por el IVA y el impuesto a la electricidad, que se rebajaron para hacer frente a la subida de precios pero sin establecer compensaciones a las comunidades autónomas. Sin embargo, la consejera de Hacienda ha criticado que el Gobierno central no sufrió esa bajada gracias a la creación de nuevos impuestos, como el que grava a las energéticas por sus beneficios. Por ese motivo, le acusa de ser desleal.

En el caso de la liquidación de 2023, la Junta estima que el impacto de la rebaja de tipos en el IVA y el impuesto de electricidad en esa anualidad supone para la región una merma de ingresos de unos 43 millones de euros para cada figura. Pero los fondos que completan el sistema de financiación se nutren de la recaudación tributaria. De ese modo, a esos 86 millones se suman más de 62 millones, lo que hace un total de 148,8 millones.

Además de estas cantidades, la Junta también reclama 1 millón de euros por el pago de intereses que ha debido asumir por el retraso en la actualización de las entregas a cuenta de este año.