El juez aprecia organización criminal y otros ocho delitos en el grupo antidroga de Mérida

En un auto del pasado miércoles el titular del Juzgado de primera instancia e instrucción número 3 de Mérida acuerda continuar con las diligencias previas por los trámites de procedimiento abreviado para apreciar si constituyen delito los hechos imputados a un total de quince personas, entre los que se encuentran los cinco agentes del grupo. Con ello da por cerrada la investigación y da paso a la formulación de acusaciones o a la petición de archivo, aunque también se pueden solicitar nuevas pruebas.

Asimismo, este auto decreta el sobreseimiento provisional de las actuaciones respecto a otros diez procesados, muchos de ellos agentes o expolicías.

El juez también pide continuar con las diligencias para depurar la responsabilidad civil que pudiera corresponder a la mujer de uno de los agentes imputados por los ingresos extra que recibió el matrimonio en los años en que tuvieron lugar los hechos. En la misma línea, abre la puerta a pedir la responsabilidad civil subsidiaria del Estado por tratarse de presuntos delitos cometidos por agentes de la autoridad.

Esta investigación se puso en marcha en abril de 2021 como consecuencia de un oficio de Asuntos Internos de la Policía Nacional, que solicitó autorización judicial para la intervención telefónica, la colocación de una cámara de videovigilancia y dispositivos de audio en el despacho del Grupo de Estupefacientes de la Comisaría de Mérida, así como la instalación de un software de registro remoto en un teléfono.

En el atestado inicial se dio cuenta de que la unidad de Asuntos Internos tenía conocimiento de posibles conductas ilícitas de dos funcionarios de la comisaría emeritense por su vinculación con personas relacionadas con el mundo del narcotráfico. Los agentes de Mérida dieron de alta a estos individuos en las bases de datos de inteligencia policial, se cree que para saber si eran objeto de investigaciones por otros grupos policiales, «garantizando así cierto grado de protección a cambio de información útil y de participación en actividades delictivas con finalidad lucrativa, de la que se beneficiarían los integrantes del grupo», añade el auto.

A estas informaciones previas se sumó una comunicación de un juzgado de Torrevieja que investigaba hechos atribuidos a una organización criminal asentada en la zona y que alertó sobre el alto grado de confianza de este grupo con un policía de Mérida, considerado el principal implicado en la trama. Esto incrementó los indicios sobre la filtración de información relevante para favorecer y participar en las actividades delictivas, en lo que tomaría parte este agente «con la aquiescencia e imprescindible colaboración de su jefe de grupo», un inspector al que también se otorga un alto grado de responsabilidad. La investigación posterior permitió involucrar a otros compañeros del grupo. Las detenciones tuvieron lugar en septiembre de 2021.

El auto concluye que las pruebas practicadas ponen de manifiesto que el Grupo de Estupefacientes de Mérida contaba con una serie de informantes que daban información esencial para proceder a la detención de personas vinculadas con el tráfico de drogas. Pero a cambio permitían que el traficante protegido realizara su actividad delictiva. Este grado de colaboración dio lugar a otro tipo de cooperación «en la que el propio grupo participaba de la actividad delictiva, en concreto del cultivo de plantaciones de marihuana».

Para el juez, el grupo actuaba «como una organización criminal en la que todos los integrantes participaban de manera concertada y coordinada, repartiéndose las tareas o funciones». Estos hechos se imputan a cinco agentes y abarcan delitos de organización criminal, contra la salud pública, omisión del deber de perseguir delitos, falsedad documental, revelación de información, malversación, conspiración y proposición al tráfico de drogas, contra el patrimonio y torturas.

El auto recoge los hechos concretos que se imputan a los distintos implicados. Los primeros se remontan a enero de 2017, cuando un confidente informó al Grupo de Estupefacientes de que iba a llevar a cabo una venta de hachís para que los agentes pudiera incautar la mercancía. A cambio, no fue detenido y además se pudo quedar con el dinero. Los agentes redactaron el atestado como si se hubiese tratado de una operación casual para no descubrir a su fuente y beneficiarle. A finales de 2020 se produjo una operación similar con este mismo confidente. Como en el caso anterior, el auto señala que se falseó el atestado para protegerle. También se investigó una venta de cocaína en 2021 que se llevó a cabo de forma parecida.

Junto a esto, el auto judicial recoge que el Grupo de Estupefacientes permitía a otros implicados cultivar plantaciones de marihuana e incluso les proporcionaba productos de registros practicados por los agentes. La participación en las ganancias está constatada por las conversaciones intervenidas.

El juez considera especialmente relevante que en mayo de 2021 se produjo un incendio en una vivienda que se utilizaba para este delito. Las conversaciones entre los integrantes del grupo evidencian que todos conocían estas prácticas y buscaron la manera de minimizar las pérdidas y la intervención policial, «incluso hablan de consignar menor cantidad de plantas incautadas y de dejarle los útiles necesarios para continuar con el cultivo y de poner a otra persona como responsable de la plantación».

Asimismo, recoge que los agentes se quedaban con dinero y efectos intervenidos en operaciones y registros, en algún caso para pagar a confidentes, pero también para su uso personal, como sucedió con un aparato de aire acondicionado. Igualmente, señala que informaban sobre investigaciones en marcha o facilitaban datos de terceros, que se realizó alguna actuación sin autorización judicial y que se empleó violencia con algunos detenidos.

En cuanto a los investigados que no son policías, se les imputan delitos contra la salud pública, conspiración para cometer un delito contra la salud pública, aprovechamiento de información privilegiada obtenida de un funcionario y receptación.