Guardiola mantendrá la ecotasa a la central nuclear de Almaraz

En este punto, hay que recordar que el Ejecutivo de Pedro Sánchez lleva meses manifestando públicamente que la rebaja impositiva es una línea roja que no va a rebasar, por mucho que insistan las compañías dueñas de las centrales (en el caso de Almaraz son Iberdrola en 53%, Endesa en un 36% y Naturgy un 11%), que pagan tributos locales, autonómicos y estatales. Las empresas exigen una reducción de la carga fiscal como condición para solicitar una prórroga de la actividad de los reactores más allá de las fechas fijadas en el calendario del apagón nuclear español que comenzará precisamente en Almaraz en el año 2027 y terminará en Trillo (Guadalaja) en 2035, según acordaron las empresas y el Estado hace seis años.

Ante la decisión del gobierno valenciano de retirar la ecotasa a Cofrentes -cuyo cierre está previsto para noviembre de 2030-, la Junta de Extremadura responde que está «dispuesta a bajar los impuestos en el marco de una revisión integral de todo el sistema tributario que afecta a la energía, donde se tenga en cuenta el esfuerzo que hacemos -afirma- las regiones productoras y que no se ve reflejado en el reparto de la recaudación». «Proponemos -continúa el Gobierno regional- que ese análisis se realice junto al Gobierno de España y a las empresas. Consideramos también que no puede ser que los incrementos que ha efectuado de forma unilateral el Gobierno de España lo paguen los extremeños«.

«Las empresas propietarias de la central nuclear de Almaraz -sigue la Junta- sufren una alta fiscalidad, y no es menos cierto que la misma corresponde principalmente al Gobierno de España, que ingresa el 80% de los impuestos que pagan las eléctricas. Otro dato a tener en cuenta es que el Gobierno ha aumentado la carga fiscal a las nucleares en un 70% en los últimos cinco años«. »Además -abunda-, es importante señalar que el Gobierno central ha subido la denominada 'Tasa Enresa' (la que cobra la empresa pública por gestionar los residuos y encargarse del futuro desmantelamiento de la planta) un 30% de forma unilateral. Cabe recordar que las empresas han recurrido ese incremento de este tributo, y si se ampliara la vida útil de las centrales, esas tasas deberían descender (al retrasarse el desmantelamiento)«.

«La presidenta María Guardiola -recuerda la Junta- ya expresó en su momento que el Gobierno de la Junta estaría dispuesto a estudiar una rebaja de dicha fiscalidad, con el objetivo de facilitar la viabilidad y continuidad de la nuclear, pero en los términos que hemos señalado anteriormente». «En resumen -concluye-, hay una evidente desproporción entre la fiscalidad autonómica y la nacional en materia energética. Se ha evidenciado con hechos que Extremadura no ha elevado su ecotasa ni ha tenido interés en dificultar la viabilidad a la central de Almaraz; en cambio el Gobierno ha demostrado su voluntad política de asfixiar fiscalmente a la producción eléctrica de origen nuclear«.

El Ejecutivo extremeño entiende además que no es comparable lo que supone Cofrentes para la Comunidad Valenciana con el impacto de Almaraz para las cuentas extremeñas. Mientras que la planta situada en el Campo Arañuelo aporta a las arcas regionales 82,4 millones al año (el presupuesto autonómico es de 8.127 millones), Cofrentes le paga 14 millones al año al gobierno de Mazón, cuyo presupuesto supera los 32.000 millones.

Por su parte, Vox ha presentado este martes en la Asamblea de Extremadura una propuesta de impulso en la que exige la eliminación total de la ecotasa que deben pagar las empresas propietarias de la central nuclear de Almaraz. La citada formación ya había solicitado fechas atrás que se rebajara al 50%.

«Hoy doblamos nuestra apuesta por Almaraz», ha asegurado el portavoz de Vox, Óscar Fernández Calle, quien ha justificado la iniciativa para «garantizar la soberanía energética y el mantenimiento de miles de empleos en Extremadura».

Fernández Calle ha subrayado que ha sido su partido el que ha promovido en la Comunidad Valenciana la eliminación del mismo impuesto en relación a la central de Cofrentes, medida que ese caso sí ha sido apoyada por el PP y el ejecutivo de Mazón.